La fiscal que se empeña en conceder la amnistía a Carles Puigdemont, en la misma que ha salido en defensa del fiscal general de Pedro Sánchez, Álvaro García Ortiz, imputado. Se trata de María Ángeles Sánchez Conde, la que subrayó que la acusación contra el separatista sobre enriquecimiento carece de fundamento.
Sánchez Conde es la número dos de García Ortiz, imputado por presunto delito de revelación de secretos. Un dato que permite entender mejor el porqué de su empeño en colaborar con los socios de Sánchez. Ángeles Sánchez Conde, ha querido defender a García Ortiz de manera desesperada.
La fiscal defensora de Puigdemont ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1982. Ese mismo año, la mujer obtuvo su primer destino en Cádiz. Dos años después, en 1984, se trasladó a la capital catalana.
Sánchez Conde es la número dos de García Ortiz, imputado por presunto delito de revelación de secretos
Después de estar en la ciudad condal, la número dos del Fiscal General fue nombrada Fiscal en León en 1991. Años antes, en 1988, fue nombrada Fiscal en Bilbao y en 1990, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En 1997, fue designada Fiscal ante el Tribunal Constitucional, y en 2006, ocupó el cargo de Teniente Fiscal de la misma Fiscalía. En 2009, ascendió a Fiscal de Sala y fue nombrada Fiscal Jefe de dicha Fiscalía.
En marzo de 2021, asumió el cargo de Fiscal de Sala adscrita a la Sala de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Un año después, en 2022, Sánchez Conde terminó tomando posesión como Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.
En defensa de un prófugo de la Justicia
El Ministerio Público argumenta que, al no existir un beneficio patrimonial directo para los procesados, no procede mantener la acusación por malversación. Además, la Abogacía del Estado y los abogados defensores de los separatistas se han alineado con esta interpretación, solicitando también que se les conceda la amnistía.
"Nadie ha afirmado que los actos estuvieran dirigidos a obtener un beneficio patrimonial"
Durante la sesión, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, subrayó que la acusación de enriquecimiento carece de fundamento, ya que:
Nadie ha afirmado que los actos estuvieran dirigidos a obtener un beneficio patrimonial.
Asimismo, rebatió uno de los principales argumentos para mantener la acusación de malversación: el uso de fondos europeos. Según la fiscal, "no se han empleado recursos de la Unión Europea ni se ha producido merma alguna en el presupuesto comunitario". En este sentido, destacó que los fondos utilizados pertenecían exclusivamente a la Generalitat, lo que, a su juicio, justifica la aplicación de la amnistía.
La resolución final del Tribunal Supremo sobre esta cuestión será clave en el proceso de revisión de la situación legal de Puigdemont y sus exconsejeros. Mientras tanto, la decisión de la Fiscalía refuerza la postura del Gobierno de Pedro Sánchez en su estrategia de reconciliación con el independentismo catalán.
