Desde la amnistía hasta el control de la inmigración, las cesiones han sido constantes, pero hay una que los independentistas desean con especial interés
Pedro Sánchez sigue cediendo ante el separatismo para garantizar su permanencia en el poder. Cada concesión a Junts supone un paso más en su hoja de ruta.
Desde la amnistía hasta el control de la inmigración, las cesiones han sido constantes. Pero hay una que los independentistas desean con especial interés.
El mayor objetivo del independentismo es el control de la Justicia en Cataluña. Puigdemont y los suyos buscan una separación total del sistema español.
Junts presiona para convertir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un Supremo catalán. Con jueces afines al separatismo y sin control del CGPJ.
Esta estructura garantizaría la impunidad de sus dirigentes y reforzaría el proyecto independentista. La política sustituiría al criterio judicial.
No es la primera vez que intentan imponer su propio poder judicial. En 2017, el Parlament aprobó una ley para establecer una Justicia a su medida.
Aquel intento fue declarado inconstitucional. Pero ahora, con Sánchez necesitando su apoyo, ven la oportunidad perfecta para recuperar la idea.
En 2006 ya intentaron algo similar con el Estatut. Buscaban un Consejo de Justicia independiente del CGPJ, pero el Tribunal Constitucional lo anuló.
Ahora la situación es distinta. Sánchez está dispuesto a todo para mantener el respaldo de Junts, y la justicia propia podría ser su próximo gran regalo.
El segundo gran objetivo de los independentistas es el referéndum pactado. Junts y ERC discrepan en la forma, pero coinciden en la meta final.
ERC propone un referéndum basado en la Ley de Claridad de Canadá, con reglas pactadas en el Congreso y una consulta con condiciones predefinidas.
Sin embargo, Junts prefiere el camino directo: un referéndum de autodeterminación amparado en el artículo 92 de la Constitución española.
Esto obligaría al Gobierno de España a proponerlo y al Rey a convocarlo, dándole así una legitimidad que nunca tuvo el referéndum ilegal de 2017.
Mientras los independentistas presionan para avanzar en su agenda, el PSOE sigue cediendo. La Ley de Amnistía fue solo el primer paso de muchos.
Aprobada en junio de 2024, la amnistía beneficia a 350 separatistas procesados por el procés y a 73 policías por su actuación el 1 de octubre.
El Gobierno justifica la amnistía como una forma de "normalizar" la política catalana, pero en la práctica es una cesión clave para mantener el poder.
La independencia judicial en España está en riesgo. Asociaciones de jueces y fiscales han denunciado que las cesiones de Sánchez amenazan el sistema.
El CGPJ también ha criticado el pacto con Junts, alertando sobre el peligro que supone politizar aún más la justicia en beneficio del separatismo.
La oposición, liderada por el PP y Vox, ha calificado estos acuerdos como un chantaje político que pone en peligro la unidad de España.
Mientras tanto, Sánchez sigue sin desmentir que su próximo paso sea aceptar una justicia propia para Cataluña o un referéndum bajo su mandato.
Si finalmente cede en este punto, Puigdemont y Junts habrán logrado lo que no pudieron en 2017: avanzar hacia la independencia con apoyo estatal.
El precio de gobernar con los independentistas sigue subiendo. Sánchez parece dispuesto a pagarlo sin importar las consecuencias para España.
El gran interrogante es hasta dónde llegará con sus concesiones. ¿Aceptará una Justicia catalana y un referéndum pactado para seguir en el poder?
