La Fiscalía ha solicitado este lunes al Tribunal Supremo que se aplique la amnistía al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Esto, al considerar que no hubo enriquecimiento personal ni se emplearon fondos europeos en los hechos que se le imputan. Esta postura, en contraposición con la del juez Pablo Llarena, se expuso en una vista pública para revisar los recursos presentados por Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.
El Ministerio Público argumenta que, al no existir un beneficio patrimonial directo para los procesados, no procede mantener la acusación por malversación. Además, la Abogacía del Estado y los abogados defensores de los separatistas se han alineado con esta interpretación, solicitando también que se les conceda la amnistía.








