La Fiscalía ha solicitado este lunes al Tribunal Supremo que se aplique la amnistía al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Esto, al considerar que no hubo enriquecimiento personal ni se emplearon fondos europeos en los hechos que se le imputan. Esta postura, en contraposición con la del juez Pablo Llarena, se expuso en una vista pública para revisar los recursos presentados por Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.
El Ministerio Público argumenta que, al no existir un beneficio patrimonial directo para los procesados, no procede mantener la acusación por malversación. Además, la Abogacía del Estado y los abogados defensores de los separatistas se han alineado con esta interpretación, solicitando también que se les conceda la amnistía.
Puigdemont pone contra las cuerdas a Sánchez
Durante la sesión, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, subrayó que la acusación de enriquecimiento carece de fundamento, ya que:
Nadie ha afirmado que los actos estuvieran dirigidos a obtener un beneficio patrimonial.
Asimismo, rebatió uno de los principales argumentos para mantener la acusación de malversación: el uso de fondos europeos. Según la fiscal, "no se han empleado recursos de la Unión Europea ni se ha producido merma alguna en el presupuesto comunitario". En este sentido, destacó que los fondos utilizados pertenecían exclusivamente a la Generalitat, lo que, a su juicio, justifica la aplicación de la amnistía.
La resolución final del Tribunal Supremo sobre esta cuestión será clave en el proceso de revisión de la situación legal de Puigdemont y sus exconsejeros. Mientras tanto, la decisión de la Fiscalía refuerza la postura del Gobierno de Pedro Sánchez en su estrategia de reconciliación con el independentismo catalán.
