La Comisión Especial de Investigación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha señalado la existencia de posibles irregularidades. Esto, en relación con pagos municipales realizados, presuntamente, a empresas vinculadas a familiares directos de dos concejalas del anterior mandato.
Según el informe aprobado por la comisión, el Ayuntamiento habría abonado entre 2019 y 2023 diversas facturas a mercantiles supuestamente relacionadas con familiares de las edilas, sin que, presuntamente, conste abstención en determinados órganos colegiados.
En el caso de Blanca Ibarra Morueco, la comisión indica que se habrían tramitado once facturas por un importe total de 5.204,21 euros a una empresa cuya administradora sería su madre, extremo reconocido públicamente por la propia edil en declaraciones anteriores.
Respecto a María Patricia Sánchez González, el informe recoge que se habrían adjudicado contratos menores por un importe global de 33.480,38 euros a una empresa vinculada presuntamente a su cónyuge, participando la concejala en algunas sesiones en las que se aprobaron pagos.
