España ha destinado durante años importantes recursos económicos a programas de cooperación internacional en Senegal, uno de los países prioritarios de su política de ayuda al desarrollo. Sin embargo, el contexto político y social del país africano vuelve a situar estas ayudas bajo debate después de que su legislación contemple penas de prisión que pueden alcanzar hasta una década para las relaciones homosexuales.
Un ejemplo de esa cooperación económica se remonta a 2018, cuando la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) anunció que la Cooperación Española contribuiría con 128 millones de euros al plan de desarrollo de Senegal. El objetivo era apoyar la financiación de la segunda fase del denominado Plan Senegal Emergente, una estrategia impulsada por el Gobierno senegalés para impulsar el crecimiento económico y mejorar infraestructuras, servicios públicos y gobernanza.
Senegal, país prioritario para la cooperación española
La aportación económica formaba parte del IV Plan Director de la cooperación internacional española, en el que Senegal figuraba como país prioritario de asociación, especialmente en programas de desarrollo institucional, gobernabilidad y lucha contra la pobreza.
La participación española en este programa se abordó en un encuentro internacional celebrado en París, donde diferentes donantes analizaron la financiación del plan de desarrollo senegalés. En ese contexto, la cooperación española se comprometió a aportar fondos para apoyar el crecimiento económico y social del país.
Durante años, España ha considerado Senegal un socio estratégico en África occidental, tanto en materia de desarrollo como en cuestiones migratorias y de cooperación regional.
Legislación contra la homosexualidad
El debate sobre estas ayudas se produce en un momento en el que la legislación senegalesa continúa criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo. El Código Penal del país mantiene la persecución de la homosexualidad y contempla penas de prisión que pueden llegar hasta los diez años en determinados supuestos, según diversas interpretaciones jurídicas y propuestas de endurecimiento legislativo debatidas en el país.
