Finalmente, no hubo acoso en el chalet de medio de millón de euros del ex vicepresidente
Pablo Iglesias e Irene Montero han recibido un nuevo varapalo de la justicia. La Fiscalía ha desestimado recientemente el relato de Pablo Iglesias e Irene Montero sobre el supuesto acoso. El mismo que afirmaron haber sufrido en su residencia de medio millón de euros de Galapagar.
Una causa que llevaron a los tribunales.
El Ministerio Público ha cambiado completamente su postura respecto a la que mantenía hace unos meses, cuando solicitó varios años de prisión para el acusado.
El ex vicepresidente del Gobierno y la ex ministra de Igualdad denunciaron a Miguel Frontera. Uno de los participantes en las manifestaciones cerca de su domicilio.
La juez de primera instancia lo absolvió tras el juicio. Iglesias y Montero, disconformes, apelaron la decisión ante la Audiencia Provincial.
Sin embargo, el gran varapalo se lo ha dado el Ministerio Público tras impugnar este recurso. Además, tal y como ha confirmado OKDIARIO, solicita que se confirme la sentencia que declara inocente a Frontera.
Con esta publicación del citado medio, se confirma que ni la Fiscalía 'compra' el relato de ambos.
Pablo Iglesias e Irene Montero han estado luchando en los tribunales durante años para que las personas que se reunían alrededor de su casa en La Navata (Galapagar) sean sancionadas. Aunque en estas concentraciones también había grupos que apoyaban a la pareja, los fundadores de Podemos.
Sin embargo, decidieron denunciar a uno de los manifestantes críticos por presuntos delitos de acoso, descubrimiento de secretos y continuas injurias graves.
El 1 de julio de este mismo año, la juez fue clara, y dictó una sentencia. En ella afirmaba que no había pruebas de acoso. Aseguró que no tuvo “intención de vigilarlos, de buscar su cercanía física o de establecer contacto con los residentes”.
Tampoco lo condenó por los supuestos insultos que Pablo Iglesias e Irene Montero alegaron, ya que habían prescrito.
Tal y como señala OKDIARIO, el fiscal ha respondido detalladamente a cada una de las alegaciones presentadas por la defensa de Iglesias y Montero. La primera queja de los fundadores de Podemos es que se ha aplicado incorrectamente el delito de acoso.
Según el fiscal, la prueba presentada en la vista oral se basó principalmente en la declaración del acusado, quien respondió únicamente a su abogado. Y en el visionado parcial de las imágenes, ya que algunas de las solicitadas por la acusación particular no pudieron ser vistas debido a que fueron borradas accidentalmente.
El fiscal argumenta que las concentraciones cerca del domicilio no tenían como objetivo vigilar a los recurrentes. Ya que esto era imposible debido a la vigilancia constante de 24 horas y al perímetro de seguridad que se fue ampliando.
Además, no se demostró que las concentraciones tuvieran la intención de contactar con ellos o acercarse físicamente, dado el perímetro de seguridad y las declaraciones de los testigos. La verdadera intención del acusado y de las personas que se congregaban era expresar su descontento y crítica hacia la gestión política durante la pandemia.
