La justicia protege a la jueza de la dana: archivan la querella que intentaba contaminar la instrucción con grabaciones
porEDATV
politica
El tribunal rechaza por falta de pruebas la acusación contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra y califica de "desorbitada" la petición de nulidad de toda la instrucción
La jueza de la dana sigue en pie. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha archivado la querella interpuesta contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa por la catástrofe del 29 de octubre de 2024 desde el juzgado número 3 de Catarroja. La Sala de lo Civil y Penal ha inadmitido a trámite la acusación al no encontrar base suficiente para sostener ninguno de los delitos alegados.
La querella, presentada por un abogado personado en la causa junto a cuatro familiares de víctimas de la tragedia, apuntaba a una supuesta injerencia del marido de la magistrada en la instrucción. El cónyuge es también juez titular en València, y los querellantes aportaron dos grabaciones de audio publicadas por un medio digital en las que, según ellos, se evidenciaba su participación en el interrogatorio previo y en el ofrecimiento de acciones a perjudicados.
El tribunal no lo ve así. Y sus argumentos merecen ser leídos con atención, porque plantean más preguntas de las que responden. Los magistrados califican las grabaciones de "cuestionables" y señalan que "todo parece indicar" que fueron obtenidas de forma clandestina, al margen de cualquier cauce formal. Es decir: las pruebas que pretendían tumbar la instrucción nacen, según el propio tribunal, de una actuación irregular. Aun así, la Sala no entra a depurar esa posible ilegalidad. Se limita a señalarla y a concluir que, incluso aceptando la hipótesis del querellante, la actuación del marido sería una mera irregularidad procesal de valor relativo.
Aquí es donde la resolución genera dudas legítimas. Si las grabaciones son potencialmente clandestinas, ¿quién las obtuvo? ¿Con qué fin? ¿Quién las filtró a ese medio digital en plena fase de instrucción? El tribunal archiva la querella, pero no investiga el origen de esas grabaciones ni la cadena de custodia que las llevó hasta la prensa. En un caso de esta magnitud, con 222 muertos y una instrucción que apunta a responsables políticos de primer nivel, esa omisión no es menor.
La petición de nulidad radical de toda la instrucción, que los querellantes exigían como consecuencia de la supuesta contaminación, es calificada por el TSJCV de "desorbitada" y "contradictoria" con el propio papel de acusación particular que ejercen esas partes. En otras palabras: los mismos que dicen buscar justicia para las víctimas pedían anular todo lo investigado hasta ahora. Difícil de sostener.
Los magistrados descartan indicios de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento ni omisión del deber de perseguir delitos. La instrucción de Catarroja queda intacta. La jueza Ruiz Tobarra, a quien el propio TSJCV elogió días atrás por su laboriosidad, puede seguir trabajando.
Pero la pregunta que nadie en el Gobierno se molesta en responder sigue en el aire: ¿quién está interesado en desacreditar a la magistrada que investiga la mayor catástrofe natural de la historia reciente de España? ¿Quién filtra grabaciones cuestionables a los medios en mitad de una instrucción judicial? Mientras el Ejecutivo guarda silencio, las víctimas siguen esperando respuestas. Y la jueza, afortunadamente, sigue trabajando.
