
El dineral que destinó el Gobierno para la edición de más de 50.000 libros para promover el islam en colegios
El origen de la iniciativa se remonta al 2 de marzo de 2009
Pedro Sánchez ha vuelto a dar de qué hablar. El Gobierno destinó aproximadamente 233.000 euros de fondos públicos a la creación, edición e impresión de 55.000 ejemplares de la colección educativa Descubrir el islam, dirigida a estudiantes de Educación Primaria.
El origen de la iniciativa se remonta al 2 de marzo de 2009. Fue ahí cuando la Fundación Pluralismo y Convivencia firmó un acuerdo con la editorial Ediciones Akal. La fundación fue creada en 2005 durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y vinculada al Ministerio de la Presidencia.
La organización asumió todo el coste del proyecto, que alcanzó los 232.588 euros y se financió hasta 2012. Entre sus objetivos, según The Objective, se encontraba fomentar el reconocimiento y la integración de la diversidad religiosa.
El programa incluyó la impresión de 55.000 ejemplares, asignados por curso. 5.000 para primer grado de Primaria y 10.000 para cada uno de los cursos de segundo a sexto. La editorial se encargó de la distribución de los libros, por lo que la fundación no posee información sobre qué centros educativos los recibieron ni el destino final de los volúmenes.

Así lo confirma The Objective. Se trata de una información que sale en un momento en el que las informaciones de Sánchez con los musulmanes están en boca de todos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un decreto que obliga a los centros escolares sostenidos con fondos públicos a ofrecer menús adaptados a prescripciones religiosas, entre ellas el halal. La medida se enmarca en la regulación estatal de comedores colectivos y afecta directamente a la organización interna de los colegios. No es una recomendación, sino una obligación normativa.
El texto establece que los servicios de comedor deberán garantizar alternativas alimentarias por motivos religiosos sin coste adicional para las familias solicitantes. Eso implica modificar contratos de catering, protocolos de elaboración y sistemas de certificación alimentaria. La adaptación no es simbólica, sino operativa.
El Ejecutivo justifica la decisión en el respeto a la diversidad y en la necesidad de garantizar igualdad de trato. Sin embargo, la escuela pública se rige por el principio de neutralidad confesional del Estado recogido en el artículo 16 de la Constitución. Obligar a introducir criterios religiosos específicos en servicios comunes plantea un conflicto jurídico evidente.
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