El vínculo empresarial del entorno de Miriam González abre interrogantes sobre cómo se financia el nuevo partido que para muchos, divide aún más el voto
La irrupción de Miriam González Durántez en la carrera electoral abre un nuevo frente de interés que va más allá de su discurso político: las relaciones empresariales de su entorno y el origen de los recursos económicos con los que pretende financiar su campaña.
La abogada ha presentado Democracia 21, una formación que concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre por Madrid y Barcelona. Su candidatura llega con el objetivo declarado de romper la división entre los dos grandes bloques políticos, sin embargo, hay quienes creen que es una nueva forma de dividir aún más.
Financiación del Grupo:
Generalitat de Cataluña
2.256.612,32 €
Subvención declarada en 2023
Fondos Next Generation
3.282.924,80 €
Subvención declarada en 2023
Total:
5.539.537,12 €
Acreditado documentalmente.
Sin embargo, una de las cuestiones que merece ser aclarada afecta a la presunta vinculación de una persona de su máxima confianza con Grupo SALAS, compañía del sector inmobiliario con una importante actividad en Cataluña.
Mano derecha de Miriam Gónzalez, Democracia 21
La empresa asegura contar con más de 4.700 viviendas en desarrollo y se presenta como uno de los principales operadores privados de vivienda asequible en España.
A esta Fundació SALAS se destinaron 3,28 millones de euros de Next Generation que sí están documentados. Se enmarcan en el mecanismo europeo de recuperación que España ejecuta mediante su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con participación de las comunidades autónomas.
Es decir, desde el Gobierno de Pedro Sánchez.
Además, en febrero de 2025, Fundació SALAS informó de una visita de representantes de los fondos Next Generation a una promoción de 152 viviendas que Grupo SALAS, a través de Camesa, desarrollaba en Velilla de San Antonio, Madrid. La visita acredita la vinculación del proyecto con el programa, pero no establece por sí sola una cuantía de financiación recibida.
Manuel Rodríguez, director General de Democracia 21
Las ayudas públicas y la financiación electoral
El foco se sitúa ahora en determinar si existen ayudas de la Generalitat presidida por Salvador Illa concedidas a sociedades del grupo y cuál es exactamente la relación accionarial del colaborador de González con esas empresas.
Por el momento, no ha podido verificarse documentalmente la identidad de ese supuesto socio, las subvenciones concretas ni una posible conexión económica con Democracia 21.
La propia González explicó anteriormente que su proyecto político se financiaría mediante donaciones y aportaciones ciudadanas, dentro de los límites establecidos por la legislación.
La cifra de seis millones de euros atribuida al coste de la campaña tampoco ha podido confirmarse con documentación pública.
La cuestión relevante es, por tanto, la trazabilidad del dinero: quién financia la candidatura, qué relación mantienen sus aportantes con empresas beneficiarias de fondos públicos y qué mecanismos de transparencia aplica la nueva formación.
La existencia de vínculos empresariales o la recepción de ayudas públicas no acredita por sí sola ninguna irregularidad. Pero la proximidad de las elecciones convierte la identificación de los financiadores en una cuestión de interés público.
