Fiscalía ve indicios de delito en la promoción interna que llevó a Rodríguez Jurado a la categoría A1
La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado en el juzgado al subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, al considerar que cometió un fraude en una promoción interna en un ayuntamiento con la que logró ascender a A1, el nivel más alto de la escala de la Administración. Esa categoría le permitió ser nombrado número dos de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
De C1 a A1 en Canet d’en Berenguer
Según los indicios que maneja Anticorrupción, los hechos presuntamente delictivos ocurrieron en el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer. Allí Jurado consiguió una plaza de Técnico de Administración General de la máxima categoría (A1) desde su puesto inicial (C1). El concurso se convocó apenas unos días después de que lograra su licenciatura en Derecho, requisito imprescindible para llegar al escalafón más alto. Llegó a subdelegado en enero de 2024.
Antifraude ya había analizado el ascenso
Antifraude ya estudió este ascenso. Sus investigadores concluyeron que saltarse el paso intermedio, el A2, invalida todo el proceso al ser nulo de pleno derecho, según ha dictaminado el Tribunal Supremo en diferentes sentencias. La agencia paralizó su investigación a la espera de la decisión de la Fiscalía.
El PSPV, entre el dossier y su propio caso
La denuncia llega en un periodo de máxima tensión en Les Corts, donde el PSPV insiste en colocar la corrupción en el día a día del debate público. Los socialistas han aprovechado la difusión de un dossier con sospechas de irregularidades del president, Juanfran Pérez Llorca. Su síndic, José Muñoz, alertó de que contenía “cosas terribles”. Sin embargo, el PSPV no lo ha llevado a la Fiscalía. Desde el partido aseguran que los abogados siguen recopilando documentación.
No es el primer caso
Un nuevo nombre se suma a casos anteriores. José María Ángel, el excomisionado de la dana, según la información logró escalar en la Diputación de Valencia gracias a un título falso, un fraude que se descubrió casi 40 años después. Ángel atribuyó el asunto a una “mano negra”, aunque nunca rectificó las informaciones que recogían esa formación en su currículum. Otro subdelegado de la órbita socialista, Rafa Rubio, fue absuelto en el caso Imelsa, pero en el caso Azud, con la instrucción cerrada, Anticorrupción sospecha que usó el “pitufeo” para reintroducir una comisión de al menos 300.000 euros.
Por ahora se trata de una denuncia y no de una condena. La Fiscalía tiene un año para investigar, un plazo que no ha agotado, y el escrito llegó al juzgado en septiembre. En esta fase puede pedir diligencias, citar testigos e incluso a investigados.
