La investigación judicial sobre las presuntas maniobras para interferir en causas relacionadas con el entorno de Pedro Sánchez ha puesto el foco en las comunicaciones mantenidas entre la cúpula del Ministerio del Interior y los máximos responsables de la Guardia Civil.
Según publica THE OBJECTIVE, Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González telefonearon al director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, después de que se hiciera pública una dirección de correo electrónico de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.
La información ha salido a la luz a raíz de un documento remitido por el propio Llamas a la Audiencia Nacional. En él, el alto mando responde a las preguntas formuladas por el juez Santiago Pedraz sobre diferentes actuaciones internas desarrolladas en el Instituto Armado.
El episodio se remonta a las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, en un juzgado de Badajoz. Durante aquella investigación trascendieron datos personales de personas que no estaban siendo investigadas, entre ellos los de Begoña Gómez.
Durante aquella investigación trascendieron datos personales de personas que no estaban siendo investigadas
Las explicaciones de la Guardia Civil ante Pedraz
El magistrado pretende determinar las circunstancias en las que se pusieron en marcha determinadas informaciones reservadas dentro de la Guardia Civil.
En una de ellas, Llamas reconoce que recibió comunicaciones tanto de la directora general como del ministro del Interior. Según su explicación, ambos le informaron de los perjuicios ocasionados por la difusión de datos privados de terceros ajenos al procedimiento de Badajoz.
La intervención de González resulta especialmente relevante porque, de acuerdo con el escrito, fue una de las personas que impulsaron inicialmente aquella actuación.
Sin embargo, el DAO diferencia este episodio de otros tres procedimientos internos examinados por el magistrado. En estos últimos, sostiene que la directora general no intervino ni participó en las decisiones que llevaron a su apertura.
Llamas explica que aquellas actuaciones correspondían a cuestiones organizativas de la Guardia Civil y que su resolución dependía directamente de los responsables operativos del cuerpo.
Cuatro expedientes disciplinarios bajo el examen judicial
La investigación de Pedraz también se ha interesado por las medidas disciplinarias adoptadas contra determinados integrantes de la UCO.
El juez ha solicitado aclaraciones sobre cuatro expedientes para conocer si guardaban alguna relación con las investigaciones judiciales desarrolladas por esta unidad.
En su respuesta, el director adjunto operativo descarta esa vinculación directa. Según afirma, ninguno de los procedimientos disciplinarios se inició como consecuencia de actuaciones relacionadas directamente con causas judiciales.