Francisco Martín ha respondido al requerimiento del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso reclamando "respeto al derecho fundamental de reunión" de quienes permanecen acampados en Sol
El pulso por la acampada de la Puerta del Sol ya ha dejado de ser únicamente una disputa sobre la ocupación de la plaza para convertirse en un nuevo enfrentamiento institucional entre la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno.
Francisco Martín ha respondido al requerimiento del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso reclamando "respeto al derecho fundamental de reunión" de quienes permanecen acampados en Sol. La respuesta llega después de que la Comunidad diese a la Delegación un plazo máximo de 48 horas para ordenar el desalojo.
El delegado del Gobierno en Madrid responde al ultimátum de Ayuso
El Gobierno madrileño sostiene que la situación debe terminar y advierte de que, si Martín no atiende el requerimiento, acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar medidas cautelares. Además, se reserva la posibilidad de emprender otras acciones judiciales, incluidas acciones penales.
La respuesta de Martín, sin embargo, introduce un segundo frente en la disputa. El delegado no sólo reivindica el derecho de reunión, sino que aprovecha el conflicto para reclamar a Ayuso que contribuya a la convalidación de los reales decretos en materia de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y que ejerza las competencias autonómicas para abordar el problema habitacional.
La Delegación asegura, al mismo tiempo, que mantiene su compromiso con la seguridad ciudadana y con la protección de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico y Bien de Interés Cultural.
El resultado es un escenario poco habitual: mientras la Comunidad reclama a la representación del Gobierno central que actúe policialmente sobre una protesta situada frente a su propia sede, Martín responde desplazando parte del debate hacia las políticas de vivienda.
El reloj, mientras tanto, sigue corriendo. Si el requerimiento no es atendido dentro del plazo anunciado, el siguiente capítulo del conflicto podría trasladarse de la Puerta del Sol a los tribunales.
