La dejadez del Gobierno mantiene la inseguridad en nuestras fronteras
Un total de 360 nuevos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera continúan sin armas reglamentarias ni chalecos antibalas desde su incorporación efectiva.
porJuan Manuel Pulido
politica
360 agentes de Aduanas siguen sin armas ni chalecos pese a actuar contra narcos y redes criminales
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Un total de 360 nuevos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera continúan sin armas reglamentarias ni chalecos antibalas desde su incorporación efectiva.
La situación afecta a funcionarios destinados tanto a investigación como a la especialidad marítima. La responsabilidad política recae en el Ministerio que dirige María Jesús Montero.
Según ha trascendido, el problema se arrastra desde finales de noviembre. Pese a desempeñar funciones policiales, los agentes carecen de medios defensivos básicos. La carencia se produce en unidades que combaten delitos graves.
Los afectados aprobaron la oposición publicada en el Boletín Oficial del Estado el 23 de enero de 2024. Superaron el proceso selectivo en octubre de ese mismo año. Sin embargo, su nombramiento en prácticas no llegó hasta el 21 de abril de 2025.
Tras esa designación comenzaron prácticas en delegaciones de la Agencia Tributaria. Además, recibieron formación especializada en la Escuela Nacional de Policía. Completada esa fase, esperaban incorporarse con plena dotación material.
Retrasos y precariedad retributiva
De los 360 nuevos efectivos, 260 pertenecen a la rama de investigación. Los otros 100 están adscritos a la especialidad marítima. Todos poseen condición de agentes de la autoridad en funciones de Policía Fiscal y Judicial.
Sus competencias incluyen la lucha contra el contrabando y el narcotráfico. También intervienen en investigaciones por blanqueo de capitales, fraude fiscal y crimen organizado. Se trata de ámbitos de alto riesgo operativo.
Tras concluir la formación, permanecieron alrededor de dos meses sin ser nombrados funcionarios de carrera. Durante ese periodo percibieron únicamente el salario base. La cuantía rondaba los 770 euros mensuales.
Esa situación generó dificultades económicas, especialmente entre quienes fueron destinados fuera de su comunidad autónoma.
Algunos tuvieron que afrontar alquileres y gastos de desplazamiento con ingresos limitados. El malestar comenzó a crecer dentro del colectivo.
Algunos tuvieron que afrontar alquileres y gastos de desplazamiento con ingresos limitados. El malestar comenzó a crecer dentro del colectivo.
En la actualidad, las nóminas netas no alcanzarían los 1.600 euros mensuales. Los agentes consideran que la cifra resulta baja en comparación con otros cuerpos policiales. Señalan diferencias de hasta 800 euros respecto a efectivos iniciales de Policía Nacional y Guardia Civil.
Falta de medios y funciones impropias
La queja principal, no obstante, se centra en la ausencia de equipamiento reglamentario. Muchos agentes siguen sin arma asignada ni chaleco antibalas. Tampoco disponen de placa profesional en algunos casos.
Desde el Departamento de Recursos Humanos se habría indicado que la entrega del material llegará. Sin embargo, no existe un calendario oficial confirmado. La incertidumbre mantiene inquietud entre los afectados.
Parte de los nuevos funcionarios estaría realizando tareas administrativas internas. Esas labores se desarrollan en dependencias de la Agencia Tributaria. Los agentes consideran que no se ajustan a su cualificación policial.
Mientras tanto, quienes participan en investigaciones sobre delincuencia organizada aseguran sentirse desprotegidos.
Afirman intervenir en actuaciones sensibles sin medios defensivos básicos. La percepción de inseguridad se ha convertido en un elemento recurrente en sus denuncias internas.
El colectivo reclama una solución inmediata. Exige la dotación urgente de armas, chalecos y acreditaciones profesionales. También solicita una revisión salarial acorde al riesgo asumido.
El Servicio de Vigilancia Aduanera desempeña un papel clave en la seguridad económica del Estado. Sus agentes colaboran habitualmente con otros cuerpos en operaciones complejas.
Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda no ha anunciado medidas concretas. Tampoco ha precisado plazos para regularizar la situación administrativa y material. La falta de respuestas alimenta la tensión dentro del servicio.
El Servicio de Vigilancia Aduanera desempeña un papel clave en la seguridad económica del Estado. Sus agentes colaboran habitualmente con otros cuerpos en operaciones complejas.
La ausencia de equipamiento reglamentario plantea interrogantes sobre las condiciones en las que desarrollan su labor.
La situación deja en evidencia un desajuste entre responsabilidades y medios disponibles. Los afectados insisten en que su reivindicación no es corporativa, sino operativa. Reclaman poder ejercer sus funciones con garantías y seguridad jurídica.
