El Tribunal Constitucional ha remitido este miércoles al Tribunal Supremo la sentencia que avala la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación vinculado al proceso independentista y obliga a revisar el criterio que hasta ahora había mantenido la Sala de lo Penal. El fallo resuelve el recurso presentado por la exconsejera Dolors Bassa y anula los autos con los que el Supremo rechazó perdonarle ese delito.
La resolución ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior a aquella negativa para que el Supremo dicte un nuevo pronunciamiento conforme al criterio fijado por el Constitucional. La decisión fue respaldada por siete magistrados frente a cinco, que formularon un voto particular discrepante.
El movimiento tiene consecuencias que van más allá del caso de Bassa. Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull fueron condenados también por malversación, mientras que Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig permanecen procesados por hechos relacionados con ese delito. La doctrina fijada ahora por el Constitucional condicionará las próximas decisiones del Supremo sobre todos ellos.
El Constitucional obliga al Supremo a revisar su rechazo a amnistiar la malversación del proceso independentista
El Constitucional corrige el criterio mantenido por el Supremo
El Supremo había considerado que determinados supuestos de malversación relacionados con el proceso independentista quedaban fuera de la amnistía al entender que existió un beneficio personal de carácter patrimonial y que podían concurrir otras excepciones previstas por la ley. El Constitucional rechaza esa interpretación en el caso de Bassa y considera vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.
La sentencia supone así una corrección directa al criterio seguido hasta ahora por la Sala Segunda. No se limita a devolver el asunto para una nueva valoración abierta, sino que exige que el nuevo pronunciamiento declare amnistiada la malversación por la que fue condenada la exconsejera catalana.
Los cinco magistrados discrepantes cuestionan precisamente el alcance de la decisión y consideran que el Constitucional invade el margen interpretativo que corresponde al Supremo. Su voto particular acompaña ya a la sentencia remitida este miércoles.
El Constitucional obliga al Supremo a revisar su rechazo a amnistiar la malversación del proceso independentista
Puigdemont queda pendiente de la aplicación definitiva de la amnistía
La resolución tiene especial trascendencia para Carles Puigdemont. El juez Pablo Llarena dejó este martes sin efecto de forma provisional las órdenes nacionales de detención contra el expresidente catalán, Toni Comín y Lluís Puig después de conocer el sentido del fallo del Constitucional. La medida no supone todavía que hayan sido formalmente amnistiados ni que se haya extinguido su responsabilidad penal.
Con la sentencia ya notificada, el Supremo deberá adoptar ahora las resoluciones correspondientes en los distintos procedimientos afectados. En el caso de Puigdemont, la doctrina establecida para Bassa allana el camino para que también pueda beneficiarse de la Ley de Amnistía, aunque la decisión formal deberá adoptarse dentro de su propia causa.
El Constitucional impone así un cambio relevante en uno de los principales puntos de fricción judicial de la Ley de Amnistía: la malversación vinculada al proceso independentista que el Supremo se había resistido hasta ahora a perdonar deberá volver a ser examinada bajo un criterio que obliga ya a amnistiarla en el caso de Dolors Bassa.
