El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a intervenir en el mercado del alquiler trasladando a las administraciones públicas el coste de determinados impagos. El nuevo decreto de vivienda establece que, cuando un inquilino vulnerable se enfrente a un desahucio por no abonar la renta, la Administración competente tendrá un máximo de dos meses para proporcionarle otra vivienda o asumir económicamente la deuda con el propietario.
La medida supone que el sector público tendrá que hacerse cargo de las rentas pendientes, las cantidades acumuladas durante el procedimiento y los costes judiciales si no logra encontrar una alternativa habitacional dentro del plazo establecido. Una vez abonado el dinero, el desahucio quedará paralizado y el contrato continuará vigente.
El mecanismo llega apenas unos días después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda impulsados por Sánchez. El Ejecutivo ha vuelto a aprobar las medidas tras la disolución de las Cortes y tendrá que buscar ahora su convalidación en la Diputación Permanente. Sánchez defendió este martes que los nuevos textos responden al problema de la vivienda después del revés parlamentario sufrido la semana pasada.
El Gobierno de Sánchez obliga a las administraciones a pagar los impagos de inquilinos vulnerables
Dinero público para mantener el contrato de alquiler
La responsabilidad de la Administración no termina si incumple el plazo de dos meses. Si llegado ese momento no ha facilitado una nueva vivienda ni ha pagado las cantidades pendientes, pasará a ocupar la posición deudora frente al propietario, evitando que el inquilino vulnerable sea expulsado del inmueble.
El contrato podrá seguir vigente hasta su finalización mientras continúe acreditada la vulnerabilidad. El Estado compensará posteriormente a las comunidades autónomas por los gastos derivados de este mecanismo, por lo que el coste terminará siendo asumido con recursos públicos.
El Gobierno presenta esta fórmula como una garantía para impedir que una familia vulnerable termine en la calle por falta de respuesta administrativa. Para los propietarios, en cambio, la nueva regulación supone que la recuperación de las cantidades adeudadas y del inmueble queda condicionada a un procedimiento en el que la Administración adquiere un papel central.
La regulación se suma a la suspensión de determinados desahucios hasta 2030 y a las compensaciones previstas para algunos propietarios cuando no puedan recuperar una vivienda ocupada por personas vulnerables sin alternativa habitacional.
El Gobierno de Sánchez obliga a las administraciones a pagar los impagos de inquilinos vulnerables
Sánchez recupera las medidas rechazadas por el Congreso
El Ejecutivo incorpora además nuevas restricciones sobre alquileres temporales, habitaciones, grandes propietarios y determinadas operaciones inmobiliarias. Los contratos temporales sin una causa suficientemente acreditada podrán transformarse en contratos de vivienda habitual, mientras que el precio agregado de las habitaciones no podrá superar la renta correspondiente al inmueble completo.
El paquete incluye igualmente incentivos y penalizaciones fiscales, restricciones hasta 2030 para determinadas adquisiciones de vivienda y recargos del IBI de hasta el 150 % en ciertos supuestos a partir de 2027.
Sánchez recupera así, pocos días después de su derrota en el Congreso, buena parte de una política de vivienda que aumenta la intervención de las administraciones en el mercado. En el caso de los desahucios, la solución elegida por el Gobierno pasa directamente por utilizar recursos públicos para cubrir el impago cuando la propia Administración no sea capaz de proporcionar otra vivienda al afectado en el plazo establecido.
