El Congreso debatirá imponer educación sexual obligatoria desde Infantil con perspectiva de género

Podemos llevará al Pleno del Congreso una proposición no de ley para implantar la educación sexual en todas las etapas del sistema educativo. La iniciativa, que figura en el borrador del orden del día, abarca desde Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional. El debate vuelve a situar en el centro la discusión sobre el papel del Estado en la formación moral de los menores.

El partido plantea que esta materia sea obligatoria y transversal, con enfoque de género, diversidad y prevención de las violencias machistas. También propone coordinar con las comunidades autónomas un plan estatal que garantice su “implantación efectiva”. Para ello, prevé la colaboración con expertas en salud sexual, pedagogía feminista y derechos LGTBIQA+.

Asimismo, el texto recoge la necesidad de ofrecer formación específica y permanente al profesorado en salud sexual y reproductiva. Se pretende que todos los centros educativos cuenten con profesionales capacitados y recursos suficientes. Sus críticos consideran que esto consolida una visión ideológica concreta dentro de las aulas.

La propuesta incluye además un llamamiento a combatir lo que denomina “negacionismo” y “discursos de odio” de quienes se oponen a esta educación sexual obligatoria. Desde otras posiciones se denuncia que se desacredite cualquier discrepancia legítima en un asunto sensible. Recuerdan que la inocencia de los niños debe preservarse y que la educación afectivo-sexual compete en primer lugar a las familias.

Finalmente, Podemos apuesta por crear mecanismos de evaluación y seguimiento para medir el grado de cumplimiento en cada territorio. El objetivo es identificar desigualdades y corregir posibles incumplimientos. Con ello, busca reforzar esta política como un derecho del alumnado y como eje estructural del sistema educativo.

Mientras el Congreso centra sus esfuerzos en este tipo de debates ideológicos, los afectados por las catástrofes del pasado año continúan denunciando retrasos y falta de ayudas efectivas. Muchas familias siguen esperando respuestas y soluciones que no terminan de llegar.

Al mismo tiempo, prioridades sanitarias como la investigación de enfermedades raras o la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) apenas ocupan espacio en la agenda política. Para numerosos sectores, esta diferencia entre las urgencias reales de miles de ciudadanos y los asuntos que monopolizan el foco parlamentario refleja un evidente problema de prioridades.

En este contexto, crece la percepción de que las necesidades más urgentes de la sociedad quedan relegadas frente a iniciativas de marcado carácter ideológico. La gestión de recursos públicos y el orden de los debates parlamentarios vuelven así al centro de la controversia política.