La cuestión adquiere una dimensión diferente cuando deja de observarse únicamente desde las grandes cifras nacionales. Tres Cantos y Madarcos ya habían planteado dudas similares
La polémica por el crecimiento del voto exterior aterriza en otro municipio madrileño. Después de Tres Cantos y Madarcos, Collado Villalba ha reclamado explicaciones por el incremento registrado en su Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), en pleno debate sobre los efectos electorales de la denominada ‘ley de nietos’.
El municipio cuenta actualmente con 1.439 electores inscritos en el CERA. Son 227 más que en 2022, lo que representa un crecimiento del 19%. La cifra equivale aproximadamente al 3% del censo electoral total de Collado Villalba. El propio PP local precisa, no obstante, que el incremento agregado no permite atribuir automáticamente todas esas nuevas altas a la Ley de Memoria Democrática, ya que pueden existir otras causas.
Otro municipio de Madrid da la voz de alarma ante el aumento de su censo por la ley de nietos
La alcaldesa, Mariola Vargas, ha reclamado al Gobierno y a los organismos competentes que aclaren los mecanismos utilizados para comprobar las inscripciones y, especialmente, la vinculación de los nuevos electores con el municipio.
La cuestión adquiere una dimensión diferente cuando deja de observarse únicamente desde las grandes cifras nacionales. Tres Cantos y Madarcos ya habían planteado dudas similares. Ahora Collado Villalba incorpora otro ayuntamiento al debate sobre un elemento determinante: qué municipio se asigna a un nuevo elector residente en el extranjero.
Precisamente, la Junta Electoral Central ya había reclamado criterios más precisos para determinar el municipio de inscripción electoral, al considerar este punto “esencial” para la correcta formación del CERA.
El asunto está además judicializado. El Tribunal Supremo acordó cautelarmente dejar en suspenso determinadas altas y efectos electorales vinculados a nacionalizaciones obtenidas mediante la llamada ‘ley de nietos’, mientras se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos. La medida afecta al censo y al ejercicio del voto en determinados supuestos, no supone la anulación de las nacionalidades concedidas ni la suspensión general de la Ley de Memoria Democrática.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha llevado sus propias alegaciones ante la JEC para exigir que la adscripción electoral se vincule a la última residencia acreditada del ascendiente.
El caso de Collado Villalba amplía así una controversia que ya no se mide únicamente en cientos de miles de electores: empieza a bajar al detalle de cada municipio.
