La empresa declaró 1.015 minutos semanales de programación en valenciano, pero Antifraude considera suficientemente acreditados únicamente 165 minutos atribuibles a SER Comunitat Valenciana
La Cadena SER, perteneciente al Grupo Prisa, se enfrenta a un nuevo problema por el uso de dinero público. La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha recomendado reclamar 243.335,93 euros, más intereses, correspondientes a subvenciones destinadas a fomentar la programación radiofónica en valenciano.
Sin embargo, el alcance de la investigación va más allá de la emisora. El organismo también cuestiona los mecanismos de control de la Administración que concedió las ayudas, al detectar deficiencias en la comprobación de las emisiones subvencionadas.
Según ha publicado Vozpópuli, la resolución número 569, vinculada al expediente 1660987C, identifica problemas en la documentación aportada por Sociedad Española de Radiodifusión para justificar las cantidades recibidas.
La SER declaró más de 16 horas semanales, pero Antifraude solo computa 165 minutos
Uno de los datos más relevantes aparece en los ejercicios 2016 y 2017.
La empresa declaró 1.015 minutos semanales de programación en valenciano, pero Antifraude considera suficientemente acreditados únicamente 165 minutos atribuibles a SER Comunitat Valenciana.
Es decir, dos horas y 45 minutos frente a las cuatro horas semanales exigidas.
La diferencia responde a que los espacios de otras emisoras del grupo no estaban suficientemente individualizados en los formularios, según la investigación.
Además, el organismo señala la ausencia de registros completos, grabaciones o certificados técnicos independientes que permitieran verificar las emisiones declaradas.
Antifraude plantea posibles responsabilidades penales
La Agencia recomienda recuperar 77.361,49 euros de 2016, 90.122,44 euros de 2017 y 75.852 euros de 2018.
El informe también contempla examinar eventuales responsabilidades administrativas, contables y penales, con referencia al artículo 308 del Código Penal.
No obstante, Antifraude no declara probado ningún delito ni atribuye responsabilidades penales individuales.
La devolución tampoco es automática: deberá tramitarse mediante un procedimiento administrativo que permita presentar alegaciones y analizar posibles prescripciones.
El caso deja una cuestión de fondo: cómo se supervisaron durante varios ejercicios las subvenciones públicas concedidas a un importante grupo de comunicación.
