El secretario general de UGT posee inmuebles en Barcelona y Asturias mientras impulsa una huelga general por la vivienda a las puertas de las elecciones del 29 de noviembre
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, convocará a los trabajadores a una huelga general por el acceso a la vivienda mientras su patrimonio inmobiliario incluye un ático dúplex en Barcelona, una casa en Asturias y cinco parcelas. Una situación que coloca las propiedades del dirigente sindical en el centro del debate sobre la crisis habitacional.
Según una investigación publicada por El Debate, Álvarez comparte con su hermana un ático dúplex de 132 metros cuadrados en el barrio barcelonés de Gracia, sin contar las terrazas. El inmueble, adquirido en 1992, cuenta con una tasación de 498.180 euros. También figura como propietario de una plaza de garaje comprada ese mismo año.
Una casa con cuadra y cinco parcelas en Asturias
El patrimonio del líder sindical se extiende hasta Belmonte de Miranda, Asturias, donde dispone de una vivienda compartida al 50 % con su hermana y cinco parcelas.
El patrimonio del líder sindical se extiende hasta Belmonte de Miranda, Asturias
La casa, adquirida en 2017, cuenta con planta baja, piso principal y una cuadra situada en la parte posterior. Las propiedades rurales suman, según la información publicada, 9.261 metros cuadrados, incluyendo terrenos de hasta 2.968 metros cuadrados. Las fincas figuran libres de cargas.
Las fechas tampoco pasan inadvertidas: el dúplex fue adquirido cuando Álvarez ya ocupaba responsabilidades en UGT, mientras que las propiedades asturianas llegaron después de su nombramiento como secretario general.
Una huelga por la vivienda a las puertas de las elecciones
La convocatoria de UGT y CCOO está prevista para el 11 de noviembre, apenas dos días antes del inicio de la campaña electoral del 29-N.
Los sindicatos reclaman salarios dignos y medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Álvarez sostiene que el encarecimiento inmobiliario está absorbiendo buena parte de los ingresos de los trabajadores.
Su patrimonio no supone por sí mismo ninguna irregularidad, pero introduce una cuestión en el debate sindical: cómo se trasladan las reivindicaciones sobre vivienda desde la dirección de organizaciones cuyos responsables cuentan con una situación patrimonial muy diferente a la de muchos trabajadores que llaman a movilizarse.
