Las asociaciones denuncian carencias de seguridad e instrucciones imprecisas, mientras ATME exige aclarar los incentivos y los gastos derivados de permisos cancelados
El despliegue militar en Ceuta ha llevado a varias asociaciones profesionales a acudir al Defensor del Pueblo para reclamar garantías que consideran insuficientemente atendidas por Defensa. A las denuncias por agresiones, falta de protección y dudas sobre cómo intervenir se añade el malestar económico: los afectados siguen reclamando respuestas sobre los incentivos del operativo y los gastos ocasionados por la suspensión de permisos.
La Asociación Profesional de Suboficiales (Asfaspro), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT) han comunicado la admisión a trámite de su reclamación conjunta, presentada el 22 de septiembre. La institución ha abierto un expediente y ha iniciado actuaciones ante la Subsecretaría de Defensa. Este paso permite examinar las denuncias, aunque todavía no supone una resolución que confirme su contenido.
Las asociaciones sitúan el problema en las condiciones de quienes patrullan las calles y la frontera tras la entrada masiva de inmigrantes. Su reproche interpela directamente al departamento de Margarita Robles: destacar el esfuerzo de las tropas no basta si los militares siguen reclamando instrucciones, protección y compensaciones por el servicio.
Los militares de Ceuta reclaman protección y compensaciones a Robles: el Defensor del Pueblo examina sus quejas
Incentivos sin concretar y pérdidas por permisos suspendidos
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) denuncia que las respuestas recibidas sobre la remuneración extraordinaria no especifican quién tendrá derecho a cobrar, qué cantidades percibirá ni cómo deberá acreditarse la participación de cada militar.
La Dirección General de Personal sí ha trasladado que existe una previsión económica y que se tendrán en cuenta los efectivos y la duración de la operación. ATME considera insuficiente esa explicación y exige reglas concretas antes del reparto.
La asociación recuerda lo sucedido durante la DANA: según sostiene, algunos militares cobraron sin intervenir directamente sobre el terreno, mientras otros que participaron sufrieron descuentos tras revisarse los abonos. Reclama evitar que la falta de criterios claros termine provocando devoluciones y nuevas reclamaciones.
También están pendientes las consecuencias económicas de cancelar permisos autorizados. El 11 de agosto, ATME pidió un procedimiento para compensar billetes, alojamientos y viajes que los militares ya habían contratado. Reconoció las necesidades del servicio, pero rechazó que las pérdidas y penalizaciones recayeran sobre sus socios.
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La reclamación económica se suma a las denuncias formuladas el 6 de agosto sobre jornadas de 14 a 16 horas, descansos de apenas dos horas y raciones insuficientes. La propia asociación reconoció posteriormente mejoras en la alimentación y agradeció la intervención de la Comandancia General de Ceuta y de la unidad de servicios de la base.
Las cifras de Robles no resuelven las demandas de las tropas
Asfaspro, AUME y UMT solicitan instrucciones precisas sobre las actuaciones permitidas y las responsabilidades que asume el personal. Además, reclaman protección individual, prevención frente a enfermedades transmisibles y medidas para impedir que la identificación de los militares facilite señalamientos contra ellos o sus familias.
Defensa ha incorporado medios como espráis de gas pimienta y ha difundido reglas de enfrentamiento. Sin embargo, las asociaciones mantienen sus exigencias sobre la suficiencia de las garantías y la cobertura de los
