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El Gobierno busca una salida ante el Constitucional tras el revés del Supremo por la 'ley de nietos'

El Gobierno busca una salida ante el Constitucional tras el revés del Supremo por la 'ley de nietos'
El Gobierno busca una salida ante el Constitucional tras el revés del Supremo por la 'ley de nietos'
por Macarena Martínez Guerrero-Laverat
13 de octubre de 2026 a las 09:45
politica

Torres aclara que el Ejecutivo no puede recurrir directamente y pide una resolución antes del 29N, mientras Sánchez acusa a PP y Vox de querer impedir el voto

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El Gobierno estudia qué margen tiene para acudir al Tribunal Constitucional después de que el Supremo haya mantenido la suspensión de determinadas inscripciones electorales vinculadas a la 'ley de nietos'. La respuesta del Ejecutivo llegó acompañada de una contradicción: mientras uno de sus miembros planteaba la posibilidad de recurrir a través de la Abogacía del Estado, Ángel Víctor Torres descartaba que el Gobierno pudiera hacerlo directamente y señalaba a los afectados como quienes pueden presentar los recursos.

La decisión se conoció durante la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real. Antes de recibirla, Pedro Sánchez había expresado su confianza en que los magistrados atendieran los argumentos gubernamentales. También había situado en unos 400.000 españoles el número de personas que, según su estimación, podrían quedarse sin votar en las elecciones del 29 de noviembre.

El presidente presentó la controversia como una cuestión de desigualdad entre ciudadanos. Sin embargo, el conflicto descrito se centra en la aplicación de los requisitos legales y en una instrucción de Justicia que amplió la presunción de exilio. El discurso del Gobierno sobre los derechos no resuelve por sí solo las objeciones judiciales a su actuación.

El Gobierno busca una salida ante el Constitucional tras el revés del Supremo por la 'ley de nietos'
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Una instrucción de Justicia, en el origen del conflicto

El Supremo mantiene suspendidas las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) afectadas por la aplicación de una instrucción del Ministerio de Justicia. Esta presumía la condición de exiliadas de las personas que abandonaron España entre 1936 y 1955, una previsión que no figuraba en la norma aprobada por el Congreso, según la información sobre la resolución.

La controversia, por tanto, no afecta indiscriminadamente a todos los españoles residentes en el extranjero ni a todos los nacionalizados mediante la 'ley de nietos'. El debate gira en torno a quienes se acogieron a esa interpretación y a la acreditación de los requisitos correspondientes.

Torres aseguró que los afectados disponen de cinco días para recurrir y reclamó que, si presentan recursos, el Constitucional resuelva antes de las elecciones. El ministro sostuvo además que algunas de esas personas habían participado en convocatorias anteriores y calificó su situación actual de "disparate contra los derechos de igualdad".

Marlaska también cuestionó la decisión con una frase dirigida a los periodistas: "El derecho al voto parece que no es tan relevante para algunos". El Ejecutivo vuelve así a responder a un revés judicial con reproches políticos, mientras intenta encontrar una vía para modificar sus efectos antes de las urnas.

El Gobierno busca una salida ante el Constitucional tras el revés del Supremo por la 'ley de nietos'
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Sánchez señala a la oposición y Feijóo reclama cumplir las reglas

Sánchez ya había elevado el tono el domingo en Ponferrada, donde pidió al Supremo que frenara lo que presentó como un intento de atropello de Feijóo y Abascal. El lunes insistió en atribuir a PP y Vox la voluntad de impedir que los ciudadanos voten.

Feijóo rechazó ese planteamiento y defendió que puedan votar los nietos de exiliados que cumplan los requisitos. Tras conocerse la decisión, celebró que el Supremo pusiera límites a la actuación gubernamental y reclamó un censo sin dudas. "Lo primero en democracia es cumplir las reglas", afirmó.

Vox e Iustitia Europa también valoraron favorablemente la resolución. El portavoz de Vox en la UE, Jorge Buxadé, aseguró que el tribunal había recogido los argumentos de su formación.

La obligación del Gobierno es explicar y defender jurídicamente sus decisiones, no sustituir esa tarea por acusaciones contra la oposición. Garantizar derechos exige también respetar los requisitos legales y las resoluciones judiciales, aunque sus efectos interfieran en el calendario electoral de Sánchez.


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