El Ayuntamiento de Alcobendas presenta junto a Albiol su ofensiva firme contra la okupación ilegal

En un acto celebrado hoy en Alcobendas, la alcaldesa Rocío García Alcántara ha presentado la nueva Oficina y el Protocolo Antiocupación junto al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. La iniciativa nace con un objetivo claro: defender la propiedad privada y acelerar la recuperación de viviendas ocupadas ilegalmente. El consistorio refuerza así su compromiso con la legalidad y el orden.

La nueva oficina funcionará como centro de asesoramiento, mediación y coordinación ante casos de allanamiento o usurpación. Ofrecerá apoyo jurídico y psicológico a los propietarios afectados. También actuará como enlace directo con las fuerzas de seguridad para agilizar cada trámite.

“El mensaje es claro para los delincuentes y okupas profesionales”, ha afirmado la alcaldesa. En Alcobendas, ha subrayado, se respeta la propiedad privada sin ambigüedades. Desde su llegada al gobierno municipal, la Policía Local actúa con firmeza y respaldo político.

Desde junio de 2023, la Policía Local ha colaborado en la liberación de 216 viviendas. Noventa se recuperaron en 2023, 83 en 2024 y 43 en 2025. Estas cifras suponen el 80% de las ocupaciones detectadas en la ciudad.

El mayor desalojo tuvo lugar en la calle Francisco Largo Caballero, donde se recuperaron 64 viviendas ocupadas durante una década. También se actuó en la calle Fuego y en la calle Pablo Picasso, afectando a inmuebles vinculados al IVIMA y SOGEPIMA. Todas las intervenciones contaron con la coordinación de Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil.

Con un presupuesto anual de 72.615 euros, la oficina estará atendida por una psicóloga y una letrada. Se ubica en la Base de la Policía Local del Distrito Centro. Trabajará junto a los 225 agentes del cuerpo municipal para anticipar y resolver casos con mayor rapidez.

El Ayuntamiento ha reforzado además las inspecciones en locales de ocio nocturno y ha cerrado establecimientos que incumplían la ley. Se ha intensificado la lucha contra grafitis y actos vandálicos, resolviendo más de 100 infracciones. El objetivo es garantizar convivencia y descanso vecinal.

En los últimos años se han invertido más de ocho millones de euros en seguridad, con 50 nuevos agentes y la modernización de los centros de comunicaciones que controlan 357 cámaras. La flota policial también ha sido renovada. Los datos de 2025 reflejan un descenso del 7,3% en estafas informáticas y una bajada general de la criminalidad.

La alcaldesa ha insistido en que la ocupación no es un debate ideológico ni consecuencia inevitable de la crisis. Es, ha dicho, el resultado de un sistema que ha permitido que ocupar salga barato o incluso gratis. No siempre habrá respuesta inmediata, pero sí acompañamiento constante hasta recuperar cada vivienda, recordando que la ocupación por necesidad económica real no alcanza el 20% de los casos.