Así demuestra su hipocresía el PSOE con su exalcaldesa de Móstoles

El PSOE de Móstoles se encuentra nuevamente envuelto en la polémica, esta vez por el caso de la exalcaldesa socialista, Noelia Posse. La dirigente está siendo investigada en un juicio por un presunto caso de corrupción, además de enfrentarse a otra acusación por fraccionamiento irregular de contratos. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el partido ha decidido no cesarla de sus cargos, permitiéndole mantener su puesto en la organización, según informa El Confidencial.

Posse, junto con otras 28 personas y siete empresas, está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles. Los cargos incluyen posibles delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y prevaricación.

La causa investiga supuestas irregularidades en la contratación de servicios para el departamento de comunicación. Allí, supuestamente los contratos menores fueron fraccionados para evitar los controles administrativos y adjudicar los contratos de forma directa.

Estas acusaciones, de ser ciertas, entrarían en conflicto directo con el Código Ético del PSOE. Establece que los cargos públicos deben dimitir tan pronto como se inicie el juicio oral en su contra.

A pesar de ello, el partido ha decidido no aplicar esta normativa. Ha generado falta de coherencia del Gobierno de Sánchez al mantener a Posse en sus funciones dentro del partido.

Pero este no es el único frente judicial que enfrenta la exalcaldesa. Posse también está siendo juzgada en el llamado caso ITV. 

Impulsado por Más Madrid Ganar Móstoles, su socio de gobierno al inicio de la legislatura pasada. La acusación sostiene que la exalcaldesa y sus concejales cometieron supuestamente prevaricación y malversación.

Esto al supuestamente condonar una deuda a la empresa ITV Móstoles SL, a la que le fue perdonado el canon anual de 133.000 euros por la explotación de una parcela pública.

En 2020, la Junta de Gobierno local aprobó una reducción del 50% en ese pago. Esto supuso una condonación de casi 2,5 millones de euros.

Esta medida fue rechazada por el secretario y el interventor del Ayuntamiento. Fueron cesados por Posse, pero luego fueron readmitidos por orden judicial, según relata el diario citado.