Aragón interpone el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

Aragón ha dicho basta. Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han presentado este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en Cataluña. Más concretamente, argumentan principalmente dos puntos. 

En primer lugar, la violación del principio de independencia y exclusividad del Poder Judicial, lo que afecta a la separación de poderes. En segundo lugar, la transgresión de los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Esto conlleva  a una situación clara. Más concretamente, supone una infracción de la obligación de los poderes públicos. Garantizar que las condiciones para que la libertad e igualdad de los ciudadanos y los grupos a los que pertenecen sean auténticas y efectivas.

El Gobierno de Aragón argumenta en su escrito que se produce una ruptura completa del Estado de Derecho. Esto se establece en el artículo 1 de la Constitución, debido a la transgresión del valor fundamental de la justicia.

También del principio de separación de poderes. Excluye al poder político del control judicial.

Según la Constitución

Según la Constitución, corresponde únicamente a jueces y tribunales decidir y ejecutar lo juzgado, de manera independiente de los poderes Legislativo y Ejecutivo, siendo el indulto individual la única excepción permitida. La Ley Orgánica recientemente aprobada vulnera este principio, ya que implica que el poder legislativo asuma funciones que corresponden al judicial. Este cambio se ha justificado bajo el pretexto de la necesidad de desjudicializar la situación.

Asimismo, el recurso del Gobierno de Aragón señala una clara violación del principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Todos ellos poseen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español. Así lo garantizan los artículos 14 y 139 de la Constitución.

Sin embargo, algunas personas se ven beneficiadas por una impunidad que no está respaldada por la Constitución. Se exime la aplicación de la legislación sancionadora, ya sea penal, administrativa o contable.

Esto para ciertos ciudadanos relacionados con motivaciones políticas en la comisión de delitos, limitando esta excepción a una zona específica del país, Cataluña. También a un periodo temporal determinado, fijado de manera arbitraria o sin una justificación clara, en contraposición con el resto de los ciudadanos españoles.

El planteamiento resulta contrario a los principios de legalidad, seguridad jurídica y prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, tal como se establece en el artículo 9.3 de la Constitución. Esto se debe a que se anulan las consecuencias jurídicas de sentencias firmes y se obstaculiza, de manera injustificada, el ejercicio de la función jurisdiccional, sin derogar la legislación punitiva aplicada. En realidad, no es el rechazo de dicha legislación lo que motiva la amnistía, sino la voluntad de favorecer a ciertas personas con el objetivo de asegurar un acuerdo de investidura.

Es importante subrayar que la ausencia de una referencia explícita a la amnistía en la Constitución genera un conflicto insalvable con el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos. Este derecho, de carácter subjetivo, se convierte en una obligación que la Carta Magna impone al legislador y a los poderes públicos. Además, requiriendo su respeto y garantía.

En base al dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, se identifican claros indicios de inconstitucionalidad en la mencionada ley de amnistía. Esto justifica la legitimidad de la Comunidad Autónoma de Aragón para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Desde un primer momento, el Gobierno de Aragón se ha mostrado totalmente en contra de esta legislación, tal y como explica Aragón hoy.