El PP de Alcalá acorrala al PSOE: acusa de entregar contratos a negocios de familiares

Una nueva acusación contra el PSOE de Alcalá de Henares pone contra las cuerdas a los socialistas. El PSOE de Javier Rodríguez Palacios, cuando gobernaba la ciudad de 2019 a 2023, adjudicó contratos menores por valor de miles de euros a empresas. Estas dirigidas por familiares de algunos de sus concejales.

Se destacan contratos a dos empresas, cuyos dueños son  familiares directos de sus concejalas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra.  Ambas siguen formando parte de la corporación municipal.

Una vez se tuvo conocimiento de estos hechos, la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento encargó la realización de dos expedientes. Estos de  información reservada en relación por la posible existencia de irregularidades cometidas. El objetivo: constatar la existencia o no de hechos que pudieran ser constitutivos de falta disciplinaria u otro tipo de responsabilidad.

Estas actuaciones tuvieron carácter previo a la incoación de un procedimiento posterior de responsabilidad. Que es lo que ahora el equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de Alcalá de Henares quiere dirimir con esta Comisión Especial de Investigación. En concreto, las responsabilidades políticas de las actuaciones llevadas a cabo en dicho periodo.

Desde el actual Ayuntamiento, han asegurado que ha quedado constatado que en mandato 2019-2023 adjudicó contratos. Bajo el gobierno socialista del entonces alcalde Javier Rodríguez Palacios se adjudicaron numerosos contratos menores a las empresas de familiares de sus concejales.

Además, estos contratos fueron aprobados en el seno de la Junta de Gobierno, donde la mayoría de las ocasiones están concejalas estaban presentes.

Desde el PP se acogen al el texto refundido de la ley de contratos del sector público en su artículo 60 apartado 1.g). Se prohíbe que personas relacionadas con cargos electos contraten con el sector público.

En concreto, se hace referencia a “cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes. Así como a parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad”.

"Es evidente que los comportamientos de estas personas que siguen siendo concejales socialistas. También exmiembros de la Junta de Gobierno caen bajo este apartado de la ley", remarcan fuente del Partido Popular de Alcalá.

El objeto de esta comisión es saber si ha existido un conflicto de intereses de estas personas.  Al formar parte del equipo de gobierno que adjudicaba contratos a sus familiares y qué incidencia han tenido en el procedimiento de licitación.

Los populares concluyen indicando:

"Queremos saber si el portavoz socialista está comprometido de manera real con investigar posibles casos de corrupción en la administración pública. O si solo en el uso partidista de todas las instituciones de Estado para crear bulos que tapen la propia corrupción de su partido. A nivel nacional y de su gestión al frente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares".