El documento también advierte de posibles consecuencias penales, al considerar que las irregularidades podrían encajar en un delito de fraude de subvenciones
La Cadena SER está en el punto de mira de la Agència Valenciana Antifrau por el cobro de más de 243.000 euros en subvenciones públicas destinadas a promover el uso del valenciano. El organismo ha detectado irregularidades en la documentación presentada por la emisora para justificar unas ayudas concedidas entre 2016 y 2018, durante la presidencia del socialista Ximo Puig en la Generalitat Valenciana.
Según ha podido saber EDATV, una resolución fechada el 2 de agosto de 2026 reclama que se inicien de forma inmediata los procedimientos para recuperar los 243.335,93 euros que recibió la Sociedad Española de Radiodifusión, empresa propietaria de la Cadena SER.
El documento también advierte de posibles consecuencias penales, al considerar que las irregularidades podrían encajar en un delito de fraude de subvenciones contemplado en el artículo 308 del Código Penal.
El organismo ha detectado irregularidades en la documentación presentada por la emisora
La SER declaró más horas de emisión en valenciano de las que pudo acreditar
Para acceder a las subvenciones, las emisoras debían demostrar que ofrecían un mínimo de cuatro horas semanales de programación en valenciano. Sin embargo, la investigación ha revelado que la SER incluyó en sus solicitudes contenidos que no estaban correctamente identificados como parte de la programación subvencionada.
La compañía llegó a comunicar cerca de 17 horas semanales de emisiones en valenciano. Buena parte de ese tiempo correspondía a dos espacios: «Los 40 en Valencià», con diez horas semanales, y «Off the Record», con otras cuatro horas y diez minutos a través de internet.
No obstante, los investigadores comprobaron que ninguno de estos programas figuraba en la parrilla presentada de SER Comunitat Valenciana. Tampoco habían sido identificados de manera independiente en la documentación de las tres convocatorias.
Sin contabilizar estos contenidos, la programación acreditada se quedaba en apenas dos horas y 45 minutos semanales, por debajo de las cuatro horas exigidas para recibir las ayudas.
Esta circunstancia resulta especialmente relevante porque el incumplimiento no se produjo en una única convocatoria, sino que, según Antifraude, se repitió durante tres años consecutivos.
Más de 243.000 euros de las arcas valencianas
Las ayudas investigadas fueron concedidas por la Generalitat Valenciana cuando Ximo Puig estaba al frente del Ejecutivo autonómico.
En 2016, la Cadena SER recibió 77.361,49 euros. Un año después, la cantidad ascendió a 90.122,44 euros, mientras que en 2018 obtuvo otros 75.852 euros.
La suma de las tres subvenciones alcanza los 243.335,93 euros cuya devolución reclama ahora Antifraude, una cifra a la que podrían incorporarse los intereses correspondientes.
La investigación, iniciada después de una denuncia anónima, también ha identificado problemas en la forma de cumplimentar las solicitudes.
Durante los dos primeros ejercicios, la empresa utilizó su propia denominación social para identificar los medios beneficiarios, sin detallar las emisoras o frecuencias correspondientes.
En 2018, la documentación tampoco diferenciaba correctamente los canales. La compañía declaró un total de 1.794 horas de programación, de las cuales 663 correspondían supuestamente a contenidos en valenciano, pero sin especificar su distribución entre las distintas emisoras.
Los responsables de SER Valencia durante las subvenciones investigadas
Las irregularidades señaladas por Antifraude abarcan los mandatos de dos directores territoriales de la Cadena SER.
Juan Carlos Herreros estuvo al frente de SER Valencia entre 2011 y 2018. Por tanto, dirigía la emisora cuando se solicitaron las ayudas correspondientes a 2016 y 2017.
En 2018 llegó Bernardo Guzmán, quien permaneció en la dirección hasta mayo de 2026, cuando fue trasladado a la Cadena SER en Murcia.
Precisamente, durante su etapa se produjo una revisión administrativa de las ayudas de 2018. Aquella comprobación, realizada en 2019 por la Dirección General de Política Lingüística, concluyó favorablemente y no advirtió las deficiencias que ahora recoge la investigación.
La resolución no determina responsabilidades penales individuales de ninguno de los dos directores.
El Tribunal de Cuentas también examinará el caso
El expediente no se limita a reclamar la devolución del dinero. Antifraude ha trasladado las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que estudie si el cobro de estas subvenciones ocasionó un perjuicio económico a los fondos públicos valencianos susceptible de generar responsabilidad contable.
Asimismo, el organismo plantea que la reiteración de los hechos durante tres ejercicios pueda ser examinada penalmente como un posible delito continuado de fraude de subvenciones.
La Dirección General de Política Lingüística dispone de un mes desde la recepción de la resolución para comunicar si acepta las recomendaciones o explicar por qué decide no aplicarlas.
Si no ofrece una respuesta satisfactoria, Antifraude contempla trasladar el asunto a las Corts Valencianes.
