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Tren de alta velocidad descarrilado y volcado sobre la vía con ventanas rotas y restos esparcidos en el suelo
POLÍTICA

Adif retiró piezas del accidente de Adamuz sin autorización judicial durante la inspección

Las piezas fueron localizadas y devueltas al escenario del siniestro para que continuaran las diligencias

El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif, retiró piezas del escenario de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Ocurrió antes de que finalizara la inspección ocular de la Guardia Civil y sin autorización judicial previa, según informa El Mundo. El siniestro, ocurrido el pasado 18 de enero, dejó 46 fallecidos y se ha convertido en el más grave desde la liberalización de la alta velocidad en España.

Hombre de mediana edad con barba y cabello oscuro, vestido con traje azul y corbata, hablando con expresión facial intensa en un entorno formal

El accidente se produjo a las 19:48 horas cuando el tren Iryo 6189, que circulaba en dirección Madrid, descarriló y sus últimos coches invadieron el gálibo de la vía contraria. En ese momento, un convoy Alvia de Renfe, que viajaba hacia Sevilla con destino final en Huelva, impactó contra el tren siniestrado. El grueso de las víctimas mortales se registró entre los pasajeros del Alvia.

Retirada de piezas durante la inspección

Esa retirada sucedió en las horas posteriores al accidente. Mientras los servicios de emergencia atendían a los heridos y se desplegaban efectivos de bomberos, sanitarios y Guardia Civil.

Fue entonces cuando se personaron en la zona técnicos de Adif, de Renfe, de Iryo y de los fabricantes de los trenes implicados. La investigación sobre el terreno avanzaba en paralelo al rescate.

Tren descarrilado en una vía ferroviaria con escombros en las vías y personal de emergencia trabajando en la zona

Todo fue en esa fase inicial de inspección ocular y recogida de muestras cuando personal de Adif retiró determinadas piezas de los trenes accidentados y las trasladó a otro emplazamiento. Al no existir autorización judicial expresa para la retirada de ese material, los investigadores requirieron explicaciones sobre su paradero. Las piezas fueron localizadas y devueltas al escenario del siniestro para que continuaran las diligencias.

Este extremo fue comunicado a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), que dirige la investigación judicial. La actuación obligó a reforzar la coordinación entre el juzgado y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo encargado de determinar las causas técnicas del accidente y emitir recomendaciones de seguridad.

Hipótesis sobre la causa del descarrilamiento

La principal hipótesis técnica apunta a la rotura del carril derecho por el que circulaba el tren de Iryo. Ese fallo habría provocado el descarrilamiento y la posterior invasión de la vía contraria. Según datos aportados por el Ministerio de Transportes, el tramo afectado unía material instalado en 2023 con otro de más de 30 años de antigüedad mediante una soldadura que había sido auscultada con ultrasonidos cuatro meses antes del accidente.

Para esclarecer qué originó la fractura del carril, la CIAF ha procedido al corte de muestras que han sido custodiadas y remitidas a un laboratorio privado tras la autorización judicial correspondiente. También se han extraído las cajas negras de los trenes implicados, aunque los investigadores consideran que el análisis metalúrgico del carril puede resultar determinante para esclarecer las causas últimas del siniestro.

Impacto en la investigación judicial

La retirada inicial de material sin autorización ha introducido un elemento de tensión en la investigación, ya que la preservación íntegra del escenario es clave en este tipo de procedimientos. Fuentes jurídicas subrayan que cualquier alteración del lugar de los hechos, aunque sea con fines técnicos, debe contar con el aval del juzgado instructor para garantizar la cadena de custodia y la validez probatoria.

El accidente de Adamuz ha abierto un debate sobre los protocolos de actuación tras grandes siniestros ferroviarios y la delimitación de competencias entre el gestor de infraestructuras, las operadoras y la autoridad judicial. Mientras avanzan los análisis periciales, las familias de las víctimas reclaman transparencia y responsabilidades en un caso que ha conmocionado al país.

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