Ábalos denuncia a la UCO en la Fiscalía por haber sido investigado en la trama Koldo
Alega que la Guardia Civil le investigó sin autorización del Congreso
José Luis Ábalos ha convocado esta mañana una rueda de prensa tras conocerse un día antes la petición del suplicatorio en el Congreso.
Ábalos ha asegurado que ha acudido a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia. Algo que él mismo ha considerado un escándalo.
Tal y como él mismo ha contado, Ábalos denuncia lo que a su juicio es una investigación "ilegal" por parte de la UCO. Todo por una correspondencia interceptada por la Guardia Civil.
Es decir, todo porque abrieron un sobre dirigido a su nombre que le fue intervenido a Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo.
Según su denuncia, se trata de hechos delictivos de "suma gravedad" porque vulneran su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
Ábalos ha negado cualquier tipo de contacto con el Gobierno ni con el PSOE para llegar a algún acuerdo.
¿Por qué pide el Supremo al Congreso el suplicatorio para Ábalos y qué supone?
El juez encargado del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido solicitar al Congreso de los Diputados el suplicatorio.
Algo necesario para suspender la inmunidad parlamentaria de José Luis Ábalos. Lo ha hecho porque considera que existen "suficientes indicios" para investigar su posible implicación en hasta cuatro delitos.
Los delitos en cuestión son: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
El juez concluye que ha llegado el momento de recabar la autorización del Congreso, conforme a lo establecido por la Constitución. Todo para poder continuar con el procedimiento judicial.
Esta solicitud se formalizará mediante una exposición razonada que será remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo. Será este quien deberá decidir el siguiente paso a seguir.
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, Puente explica que ha tomado esta decisión después de interrogar a Ábalos. A su ex asesor ministerial, Koldo García, y al supuesto intermediario de la trama, el empresario Víctor de Aldama.
También se ha basado en la documentación proporcionada por los implicados. De la misma manera, en los resultados de las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios realizados por la Audiencia Nacional.
El juez considera que existen "elementos bastantes". A su juicio, considera que Ábalos, "prevaliéndose de su condición de ministro", "y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí".
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