Las diligencias abiertas sobre las adjudicaciones concedidas al empresario Juan Carlos Barrabés cuentan desde ahora con nueva documentación aportada por una trabajadora de Red.es, quien acudió a la Policía para poner en conocimiento de los investigadores una serie de actuaciones que, según sostiene en su denuncia recogida por El Mundo, afectaron a uno de los expedientes que actualmente examinan la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Europea.
Según El Mundo, la empleada afirma haber entregado a los agentes archivos contables, facturas, correos electrónicos y capturas de pantalla que, a su juicio, permitirían reconstruir los cambios realizados sobre el expediente y conocer cómo se desarrolló ese proceso. Entre el material facilitado figuran documentos correspondientes a los ejercicios de 2022 y 2023, así como facturación vinculada a la unión temporal de empresas formada por Innova Next, perteneciente al Grupo Barrabés, y KPMG, adjudicataria de un contrato público en 2021.
Entre el material facilitado figuran documentos correspondientes a los ejercicios de 2022 y 2023
Siempre según la denuncia, la trabajadora recibió instrucciones para modificar la información contable asociada a ese expediente. Posteriormente, asegura que también se le pidió eliminar cualquier rastro documental relacionado con esas actuaciones, incluido un correo electrónico que ella misma había enviado para comunicar que iba a realizar los cambios solicitados.
La denunciante identifica como responsable de esas instrucciones al subdirector adjunto de Administración y Finanzas de Red.es, Guillermo Tapia Poza. Según su relato, las indicaciones no se limitaron a mensajes escritos, sino que también se produjeron mediante videollamadas durante las cuales tuvo que compartir la pantalla de su ordenador mientras borraba los correos electrónicos vinculados al expediente.
La empleada sostiene que ejecutó esas órdenes por tratarse de instrucciones de un superior jerárquico. No obstante, explica que posteriormente decidió recuperar parte de la información eliminada, realizar copias de determinados documentos y acudir a la Policía al considerar que los hechos podían revestir relevancia. La denuncia fue presentada el pasado 16 de julio, fecha en la que entregó a los investigadores toda la documentación que había conservado.
