Los yunteros, el Frente Popular y la gran mentira de la izquierda sobre el campo español

A finales de marzo de 1936, España ya caminaba hacia el abismo. El Frente Popular apenas llevaba unas semanas en el poder y, lejos de traer orden, justicia o una verdadera reforma social, lo que trajo fue desgobierno, sectarismo y una peligrosa mezcla de demagogia, cobardía e irresponsabilidad. En vez de resolver el problema de la tierra con leyes serias, con seguridad jurídica y con una reforma agraria eficaz, dejó que el campo se convirtiera en un polvorín. Y en ese clima de descomposición, en Extremadura y muy especialmente en la provincia de Badajoz, miles de yunteros y campesinos participaron en ocupaciones masivas de fincas en torno al 25 de marzo de 1936, en una movilización que los estudios sitúan como una de las mayores de la etapa republicana. La historiografía especializada coincide en que el fenómeno fue especialmente intenso en Extremadura y que desbordó, por la vía de los hechos, la propia legalidad agraria republicana.

Aquello retrata como pocas cosas la naturaleza de la izquierda española: promete justicia, pero administra caos; proclama reformas, pero alimenta el desorden; dice defender al humilde, pero lo utiliza como ariete político; se llena la boca con los jornaleros, con los campesinos y con los pobres del campo, pero cuando llega al poder no resuelve nada y termina abandonándolos a la propaganda o a la revuelta. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 1936. La reforma agraria, presentada como una de las grandes banderas de la Segunda República, llevaba años prometiéndose y años fracasando. La Ley de Reforma Agraria de 1932 nació con grandes ambiciones, pero su aplicación fue lenta, torpe e insuficiente; incluso estudios recientes subrayan que, entre 1931 y julio de 1936, el problema agrario apenas quedó alterado en sus términos de fondo.

Conviene decirlo claro: el campo español tenía problemas reales. Había desigualdad, había latifundios, había miseria en amplias zonas rurales, había paro estacional y había una estructura agraria que exigía reformas profundas. Eso es verdad. Pero una cosa es reconocer la existencia de un problema y otra muy distinta justificar el asalto al derecho, la ocupación de propiedades y la sustitución del Estado por la turba, por la presión sindical o por el hecho consumado. El drama del Frente Popular fue ese: incapaz de gobernar con eficacia, terminó permitiendo que la calle, el sindicato y la agitación sustituyeran a la ley. Y cuando el poder tolera eso, deja de ser poder para convertirse en cómplice.

Los datos son reveladores. La movilización campesina de la primavera de 1936 alcanzó una intensidad extraordinaria. Un estudio reciente sobre la reforma agraria en España y Portugal recoge que, entre marzo y julio de 1936, se asentaron en España 114.343 campesinos sobre 573.190 hectáreas, de los cuales 83.767 trabajadores y 297.165 hectáreas correspondían a Extremadura. Ese mismo trabajo señala que, aun cuando el 11 de junio de 1936 se reimplantó la Ley de Bases de 1932, las ocupaciones de hecho ya la habían superado “con creces”. Es decir, la realidad iba por delante de la ley, porque el Gobierno no gobernaba, simplemente corría detrás de los acontecimientos.

Y ahí está la clave moral y política de aquel episodio. La izquierda se ha presentado siempre como la gran defensora del campesino, del jornalero y del pequeño agricultor. Pero cuando tuvo la responsabilidad histórica de reformar el campo español, fracasó. Fracasó porque quiso convertir una cuestión nacional, económica y social de enorme complejidad en una bandera ideológica. Fracasó porque confundió justicia con revancha. Fracasó porque alentó expectativas imposibles de satisfacer. Y fracasó porque, al final, no construyó una reforma agraria seria, sino un clima revolucionario que contribuyó decisivamente a la quiebra del orden público y de la convivencia nacional.

La situación de los yunteros extremeños era especialmente delicada. El propio término designa al campesino que disponía de una yunta para labrar, pero carecía de tierra propia suficiente. Era un sector social muy importante en Extremadura, atrapado entre la necesidad de trabajar y la ausencia de una solución estable. La izquierda explotó ese malestar con una retórica incendiaria, pero no fue capaz de darle una salida ordenada, duradera y eficaz. Y así, en vez de una política agraria seria, lo que hubo fue una combinación de propaganda, ocupaciones y una pasividad gubernamental que en la práctica bendecía el atropello.

No deja de ser significativo que incluso trabajos académicos alejados del tono político reconozcan el carácter insuficiente de la acción republicana sobre el campo. La propia investigación histórica habla de una “nueva ocasión perdida” para la transformación del campo extremeño y subraya que las actuaciones fueron insuficientes para resolver globalmente el problema de los campesinos sin tierra, de los yunteros y de los pequeños propietarios. Esa es la verdad histórica que desmonta el mito: ni la República resolvió el campo, ni el Frente Popular lo salvó, ni la izquierda supo articular una solución real. Lo que hizo fue agravar la tensión social y entregar la cuestión agraria a la confrontación política.

Y, sin embargo, casi un siglo después, la misma izquierda sigue vendiéndose como la salvadora del campo. Esa es la gran impostura. La izquierda de 1936 agitó a los yunteros porque no sabía gobernar; la izquierda del siglo XXI arruina al agricultor y al ganadero porque tampoco sabe gobernar, aunque ahora lo haga con corbata verde, informes de Bruselas y discursos impostados sobre sostenibilidad. Antes prometían la tierra; hoy imponen normativas, trabas, costes, burocracia, demonización del ganado, criminalización del regadío y una visión del mundo rural como si fuera una reliquia incómoda que hay que reconvertir, tutelar o simplemente reducir.

El alma de una nación está en su campo. Está en sus agricultores, en sus ganaderos, en sus pueblos, en sus tradiciones productivas, en su soberanía alimentaria, en su capacidad para vivir de la tierra sin que venga un burócrata a explicarle al hombre del campo cómo debe sembrar, qué debe producir o cuántas vacas puede tener. El campo no es un decorado para campañas institucionales ni una postal para urbanitas culpables. El campo es una forma de vida, una continuidad histórica, una estructura económica esencial y una garantía de independencia nacional.

Por eso resulta tan obsceno el contraste histórico. En 1936, la izquierda decía hablar en nombre del jornalero, pero fue incapaz de darle seguridad, propiedad, estabilidad y futuro. En 2026, la izquierda dice hablar en nombre del planeta, pero castiga al agricultor, asfixia al ganadero y somete al mundo rural a una ingeniería política y burocrática que lo empuja a la desaparición.

Cambian los lemas, pero no el resultado: ayer desorden e impotencia; hoy ruina planificada y desprecio ideológico.

Aquellos que hace décadas agitaban la ocupación de fincas hoy aplauden estrategias que vacían el campo europeo mientras se abren las puertas a importaciones producidas en países con menores exigencias, menores controles y menores costes. El resultado es perverso: se sacrifica al productor nacional en nombre de una moral de laboratorio, mientras se favorece una competencia desleal que hunde al campo español. No se protege la tierra; se abandona al que la trabaja. No se defiende al agricultor; se le convierte en culpable. No se cuida la soberanía alimentaria; se la entrega a intereses ajenos.

Y ésta es, en el fondo, la permanente contradicción de la izquierda. Se presenta como defensora del débil, pero siempre termina dañando al débil real. Habla del obrero y destruye la industria. Habla del acceso a la vivienda y encarece la vivienda. Habla de la igualdad y multiplica los privilegios de partido. Habla del campesino y remata el campo. Ese es su patrón histórico: una retórica sentimental cubierta de propaganda, seguida de una gestión desastrosa cubierta de excusas.

En marzo de 1936, el Frente Popular demostró que no tenía ni proyecto agrario serio ni voluntad real de imponer el orden. Lo que hubo en Extremadura fue la prueba palpable de que el poder había decidido mirar hacia otro lado mientras se imponía la política del hecho consumado. El Gobierno no arregló el problema; dejó que el problema estallara. Y cuando un gobierno permite que se vulneren los principios básicos de la convivencia porque le conviene electoral o ideológicamente, deja de ser árbitro para convertirse en parte del conflicto.

Conviene recordarlo hoy, cuando tantos intentan idealizar aquella etapa o revestirla de romanticismo social. No hubo una gran reforma agraria modélica. Hubo promesas incumplidas, improvisación, tensión social y utilización partidista del sufrimiento campesino. Y eso, lejos de pacificar España, ayudó a incendiarla aún más. La izquierda no fue la solución del problema agrario: fue una parte esencial del fracaso.

Y casi noventa años después, el balance moral sigue siendo demoledor. La izquierda española no ha aprendido nada. Sigue mirando al campo con prejuicio, como si el agricultor y el ganadero fueran sospechosos por definición. Sigue despreciando la propiedad cuando no está en manos amigas. Sigue subordinando la realidad productiva a sus dogmas ideológicos. Y sigue utilizando las dificultades de la gente honrada para construir relatos épicos que luego abandona en la cuneta.

Por eso el campo español no necesita más salvadores de pancarta ni más revolucionarios de despacho. Necesita respeto, seguridad, agua, rentabilidad, relevo generacional, energía asequible, menos burocracia y una política nacional que entienda que sin campo no hay nación. Porque cuando muere el campo, no muere sólo un sector económico: muere una forma de entender España.

Lo que ocurrió con los yunteros extremeños en marzo de 1936 no fue el triunfo de la justicia social. Fue, sobre todo, el retrato de un poder incapaz, de una izquierda irresponsable y de una reforma agraria que nunca llegó como debía llegar: con ley, con orden, con eficacia y con sentido nacional. Y esa misma izquierda, la de ayer y la de hoy, continúa viviendo de la mentira. Ayer prometía tierras; hoy promete sostenibilidad. Ayer dejó que ocuparan fincas. Hoy deja que se hunda el campo. Ayer jugó con la necesidad del campesino. Hoy juega con la ruina del agricultor.

Y siempre, absolutamente siempre, el resultado es el mismo: España pierde.