Si alguien está intentando alterar las reglas del juego institucional es el poder político que pretende convertir al Tribunal Constitucional en una instancia de revisión de aquellas sentencias que no le gustan.
Y en esa operación, a mi juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista tienen una responsabilidad política que no puede seguir ocultándose.
UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE PRETENDE ENMENDAR LA PLANA AL SUPREMO
Conviene recordar algo que algunos parecen haber olvidado deliberadamente: el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
Así lo establece nuestra Constitución.
El Tribunal Constitucional, por su parte, no forma parte del Poder Judicial. Es un órgano constitucional independiente, encargado de interpretar la Constitución y garantizar su supremacía.
Dos instituciones diferentes, con funciones distintas y competencias delimitadas.
Al menos, así debería funcionar.
El problema comienza cuando el Tribunal Constitucional deja de comportarse como garante de los derechos constitucionales y empieza a actuar, como una especie de tribunal de apelación política encargado de corregir aquellas resoluciones del Supremo que resultan incómodas para determinados intereses.
Y esto es extraordinariamente grave.
Porque una cosa es que el Constitucional pueda intervenir cuando se vulneran derechos fundamentales, como expresamente permite nuestro ordenamiento jurídico, y otra muy distinta es que esa competencia termine convirtiéndose en un instrumento para reexaminar el fondo de las decisiones judiciales.
El Tribunal Constitucional no está para convertirse en el tribunal de los recursos políticos de quienes pierden ante el Supremo.
No está para proporcionar una segunda oportunidad a quienes no han conseguido imponer sus tesis jurídicas ante los tribunales ordinarios.
Y mucho menos debería estar para convertirse en el último refugio de los intereses de un Gobierno.
Las discrepancias entre ambas instituciones, especialmente a propósito de determinadas resoluciones relacionadas con los ERE de Andalucía y la ley de amnistía, han puesto de manifiesto un conflicto institucional de extraordinaria importancia.
Cuando desde el Tribunal Supremo se advierte del riesgo de que el Constitucional termine alterando su función y convirtiéndose en un órgano revisor de sentencias, no estamos ante una discusión menor entre juristas.
Estamos ante una cuestión que afecta directamente a la separación de poderes.
EL SUPREMO HA DICHO BASTA: LA REBELIÓN JURÍDICA CONTRA LA INJERENCIA
Lo ocurrido el pasado 20 de octubre de 2026 constituye uno de los episodios más graves y reveladores de esta deriva institucional.
El Tribunal Supremo se vio obligado a aplicar la amnistía a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, después de que el Tribunal Constitucional corrigiera su interpretación sobre la aplicación de la ley al delito de malversación.
Pero lo verdaderamente extraordinario no fue solamente la decisión.
Fue la respuesta del propio Tribunal Supremo.
Los magistrados, con Manuel Marchena como ponente, acataron la resolución del Constitucional, como jurídicamente estaban obligados a hacer, pero denunciaron con una contundencia poco habitual lo que consideraban una invasión de sus competencias.
Y lo hicieron utilizando expresiones que deberían provocar una profunda reflexión en cualquier español.
El Supremo reprochó al Constitucional su «innecesaria grandilocuencia» y denunció que determinados argumentos de su sentencia constituían un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
Pero fue todavía más lejos.
El Tribunal Supremo advirtió de que la transformación del Constitucional en una última instancia revisora de la interpretación de las leyes estaba desdibujando el diseño institucional establecido por los constituyentes de 1978.
Esto no lo dice un tertuliano.
No lo dice un dirigente de Vox.
No lo dice un periodista crítico con Pedro Sánchez.
Lo dicen magistrados del Tribunal Supremo en una resolución judicial.
Y, además, recuerdan que su interpretación jurídica no era una extravagancia aislada, sino que había sido compartida por otros magistrados, incluidos cinco integrantes del propio Tribunal Constitucional que discreparon de la mayoría.
Es decir, el Constitucional no solamente ha corregido al Supremo, sino que lo ha hecho en medio de una controversia jurídica de enorme profundidad, presentando como contraria a derechos fundamentales una interpretación defendida por numerosos magistrados.
¿Y pretenden que los españoles contemplemos semejante espectáculo con absoluta normalidad?
¿Pretenden que aceptemos que el Tribunal Constitucional pueda ensanchar indefinidamente sus competencias mientras el Supremo se limita a contemplar cómo se desdibuja su función?
Lo ocurrido es de una gravedad extraordinaria.
Porque cuando los propios magistrados del Supremo advierten de una mutación del papel del Constitucional, el problema deja de ser una simple discrepancia jurídica.
Se convierte en una cuestión de arquitectura institucional.
Y aquí es donde debemos preguntarnos quién se beneficia políticamente de esta situación.
Porque resulta verdaderamente llamativo que algunas de las decisiones más controvertidas del Constitucional terminen coincidiendo con los intereses de quienes sostienen parlamentariamente al Gobierno de Pedro Sánchez.
No afirmo que esa coincidencia demuestre por sí sola una actuación ilegal.
Pero sí sostengo que constituye un motivo más que suficiente para exigir transparencia, independencia y una profunda revisión del funcionamiento de la institución.
CONDE-PUMPIDO Y LA POLITIZACIÓN DEL CONSTITUCIONAL
La llegada de Cándido Conde-Pumpido a la presidencia del Tribunal Constitucional representa, un antes y un después en el deterioro de la imagen de independencia de esta institución.
No porque antes el Constitucional hubiera sido un ejemplo perfecto de neutralidad.
Ni muchísimo menos.
La historia de nuestro Tribunal Constitucional está salpicada de controversias, decisiones discutibles y enfrentamientos políticos.
Pero lo que estamos contemplando durante la presidencia de Conde-Pumpido supera, a mi juicio, los límites de lo razonablemente tolerable.
Resulta imposible ignorar su trayectoria como fiscal general del Estado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Tampoco puede ignorarse que su presidencia se desarrolla en un contexto de profunda confrontación entre el Gobierno y determinados órganos judiciales.
Por supuesto, haber desempeñado responsabilidades públicas no incapacita jurídicamente a nadie para ejercer como magistrado constitucional.
Pero una democracia no solamente necesita instituciones independientes.
Necesita que los ciudadanos puedan confiar razonablemente en esa independencia.
Y esa confianza se resquebraja cuando las grandes decisiones constitucionales parecen reproducir, una y otra vez, las mismas divisiones políticas que encontramos en el Congreso de los Diputados.
Resulta verdaderamente lamentable que, antes de conocerse una sentencia, los españoles podamos encontrar análisis que anticipan el resultado atendiendo a la supuesta orientación progresista o conservadora de los magistrados.
¿Es esto normal?
¿Debemos resignarnos a que las resoluciones del máximo intérprete de nuestra Constitución se analicen como si fueran votaciones parlamentarias?
¿Acaso los derechos fundamentales tienen ideología?
¿Existe una Constitución progresista y otra conservadora?
No debería.
Existe una Constitución española, unas leyes y una obligación de interpretarlas con independencia.
Sin embargo, hemos llegado a una situación en la que parece más importante conocer quién nombró a cada magistrado que estudiar los argumentos jurídicos que deberían fundamentar sus decisiones.
Y eso, sencillamente, es intolerable.
DE RUMASA A LOS ERE: UNA VIEJA ENFERMEDAD AGRAVADA
La politización del Tribunal Constitucional no nació ayer.
Los españoles que tenemos cierta edad recordamos perfectamente la controversia provocada por la expropiación de Rumasa durante el primer Gobierno de Felipe González.
Aquella decisión, adoptada en 1983, terminó convirtiéndose en uno de los grandes episodios de enfrentamiento político y jurídico de nuestra democracia.
La constitucionalidad del decreto ley de expropiación fue avalada por el Tribunal Constitucional mediante una votación que terminó resolviéndose gracias al voto de calidad de su presidente, Manuel García-Pelayo.
Aquello ya puso de manifiesto hasta qué punto determinadas decisiones constitucionales podían quedar condicionadas por mayorías extremadamente ajustadas.
Y también evidenció la necesidad de proteger al tribunal de cualquier sospecha de dependencia política.
Han pasado más de cuarenta años.
Y, lejos de haber corregido aquellos defectos, tengo la impresión de que hemos profundizado en ellos.
Lo sucedido con las sentencias relacionadas con el caso de los ERE de Andalucía constituye uno de los ejemplos más preocupantes.
El Tribunal Constitucional estimó recursos de amparo que afectaban a condenas dictadas por el Tribunal Supremo, al apreciar vulneraciones de derechos fundamentales.
El Constitucional defendió que actuaba dentro de sus competencias.
Pero desde el Supremo surgieron objeciones de enorme calado sobre el alcance de esa intervención y sobre la posibilidad de que el órgano constitucional estuviera sustituyendo valoraciones propias de la jurisdicción ordinaria.
Y aquí está la cuestión fundamental.
No se trata de negar que el Constitucional pueda corregir vulneraciones de derechos fundamentales.
Se trata de preguntarnos si, bajo esa cobertura, puede terminar convirtiéndose en una instancia que reinterprete los hechos, las responsabilidades penales y los criterios jurídicos establecidos por el Tribunal Supremo.
Porque, si ese límite desaparece, el equilibrio institucional queda seriamente comprometido.
Y cuando las resoluciones afectan a asuntos de enorme trascendencia política, como los ERE o la amnistía, la exigencia de independencia debería ser todavía mayor.
No menor.
LA AMNISTÍA Y LA CONSTITUCIÓN A LA CARTA
La ley de amnistía constituye otro episodio fundamental para comprender el deterioro de la confianza institucional.
Una ley nacida de una negociación política destinada a conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para la investidura de Pedro Sánchez.
Una ley que el propio Partido Socialista había rechazado anteriormente y que terminó defendiendo cuando resultó imprescindible para conservar el poder.
No hace falta compartir mi opinión sobre la amnistía para reconocer esa contradicción política.
Lo verdaderamente preocupante es que una cuestión constitucional de semejante trascendencia haya terminado envuelta en una confrontación institucional donde cada resolución judicial se interpreta como una victoria o una derrota del Gobierno.
El Constitucional tiene competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes.
Nadie debería discutirlo.
Pero tampoco debería exigirse a los ciudadanos que renunciemos a cuestionar críticamente sus argumentos, especialmente cuando afectan a principios esenciales como la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica o la separación de poderes.
Porque la Constitución no puede convertirse en un traje que se ensancha o se estrecha dependiendo de las necesidades parlamentarias de quien gobierna.
La Constitución está para limitar al poder, no para adaptarse permanentemente a sus conveniencias.
Y ese es, precisamente, el peligro que observo en la actual deriva institucional.
EL GOLPE JUDICIAL QUE DENUNCIAN QUIENES QUIEREN CONTROLAR LA JUSTICIA
Hay algo especialmente irritante en todo este asunto.
Cada vez que un juez investiga un caso de corrupción que afecta al entorno del poder, determinados dirigentes políticos y sus portavoces mediáticos reaccionan denunciando supuestas persecuciones judiciales.
Si una resolución les perjudica, hablan de jueces politizados.
Si una investigación alcanza a personas próximas al Gobierno, denuncian conspiraciones.
Si el Tribunal Supremo dicta una sentencia contraria a sus intereses, cuestionan su interpretación.
Pero cuando el Tribunal Constitucional adopta decisiones que coinciden con sus posiciones políticas, entonces nos hablan solemnemente del respeto a las instituciones.
¡Qué extraordinaria casualidad!
La independencia judicial parece convertirse en una virtud o en un defecto dependiendo de quién gane el pleito.
Y esto no es una cuestión menor.
Porque una democracia no puede funcionar si el Gobierno considera legítimos a los jueces únicamente cuando le dan la razón.
Tampoco puede funcionar si los ciudadanos terminan creyendo que las sentencias dependen más de la afinidad ideológica de los magistrados que de los hechos probados y del derecho aplicable.
Esa desconfianza constituye uno de los mayores peligros para cualquier Estado democrático.
Y tengo la convicción de que la responsabilidad política de quienes alimentan semejante enfrentamiento será juzgada severamente por la historia.
¿REFORMAR EL CONSTITUCIONAL O SUPRIMIRLO?
Ha llegado el momento de plantear un debate que durante demasiado tiempo hemos evitado.
¿Necesita España un Tribunal Constitucional configurado como el actual?
Mi respuesta es que no.
Al menos, no con este sistema de designación y no con una dinámica institucional que permite que sus integrantes sean clasificados públicamente por bloques ideológicos.
Tenemos que atrevernos a discutir una reforma profunda.
Una reforma que establezca procedimientos de selección mucho más exigentes, garantías adicionales de independencia y límites claros que impidan convertir el recurso de amparo en una apelación encubierta contra las decisiones del Tribunal Supremo.
Una reforma que permita recuperar la confianza de los ciudadanos.
Y, si eso no fuera posible, considero legítimo abrir un debate constitucional sobre la propia existencia de este órgano y sobre la posibilidad de atribuir sus funciones a una estructura jurisdiccional diferente, dotada de garantías suficientes.
Naturalmente, semejante modificación exigiría reformar nuestra Constitución.
No se trata de suprimir por capricho una institución incómoda.
Se trata de preguntarnos si su configuración actual está cumpliendo adecuadamente la función para la que fue creada.
Porque las instituciones no existen para garantizar cargos, despachos, tratamientos protocolarios ni privilegios.
Existen para servir a España y a los españoles.
Y cuando una institución pierde la confianza de una parte importante de la sociedad, lo responsable no es blindarla frente a cualquier crítica.
Lo responsable es examinar sus defectos y corregirlos.
LA JUSTICIA NO PUEDE TENER CARNÉ DE PARTIDO
Yo no quiero un Tribunal Constitucional de derechas.
Tampoco quiero un Tribunal Constitucional de izquierdas.
Quiero un tribunal cuyos magistrados sean reconocidos por su competencia, independencia y rigor jurídico.
Un tribunal donde resulte irrelevante conocer quién propuso a cada uno de sus integrantes.
Donde las sentencias no puedan anticiparse mediante cálculos de bloques políticos.
Donde ningún Gobierno pueda albergar la expectativa de encontrar una mayoría favorable a sus intereses.
Y donde el Tribunal Supremo no tenga motivos para considerar que otro órgano está invadiendo sus competencias jurisdiccionales.
No pido nada extraordinario.
Pido algo tan elemental como que la justicia sea justicia.
Que los jueces juzguen.
Que los políticos gobiernen dentro de los límites constitucionales.
Y que ninguna institución termine convertida en una prolongación de las mayorías parlamentarias.
Porque el verdadero peligro para nuestra democracia no reside en que los jueces puedan investigar al poder.
Precisamente para eso existe una justicia independiente.
El verdadero peligro aparece cuando el poder político pretende controlar, desacreditar o neutralizar a quienes tienen la obligación de someterlo a la ley.
Y ese es, a mi juicio, el camino que España no puede permitirse recorrer.
ESPAÑA NO NECESITA JUECES OBEDIENTES, NECESITA JUECES INDEPENDIENTES
Lo que está ocurriendo debería preocuparnos a todos, independientemente de nuestras preferencias políticas.
Porque hoy puede ser un Gobierno socialista el beneficiado por determinadas decisiones.
Pero mañana podría ser un Gobierno de cualquier otro signo.
Y entonces quienes hoy justifican la politización de las instituciones podrían convertirse en sus principales víctimas.
Por eso resulta tan importante defender las reglas cuando no nos favorecen.
Por eso es imprescindible respetar las competencias de cada institución.
Y por eso debemos rechazar cualquier intento de convertir la justicia constitucional en un instrumento de oportunidad política.
España ha conocido demasiados episodios históricos en los que el poder pretendió colocarse por encima de la ley.
Demasiadas veces hemos pagado las consecuencias de confundir la voluntad del gobernante con la voluntad de la nación.
No deberíamos repetir semejante error.
La presidencia de Cándido Conde-Pumpido quedará asociada a una de las etapas de mayor controversia institucional del Tribunal Constitucional.
Y Pedro Sánchez tendrá que responder políticamente por el clima de confrontación con el Poder Judicial que ha caracterizado su etapa de Gobierno.
Porque los gobiernos pasan.
Los presidentes pasan.
Las mayorías parlamentarias cambian.
Pero el daño causado a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones puede tardar generaciones en repararse.
No hay golpe más peligroso contra la independencia judicial que el intento de someter la interpretación de la ley a las necesidades del poder político.
Y no hay mayor hipocresía que denunciar un supuesto golpe de Estado judicial mientras se trabaja políticamente para que las instituciones dejen de actuar como contrapesos del Gobierno.
España necesita una justicia independiente.
No una justicia complaciente.
Necesita magistrados libres.
No magistrados etiquetados.
Necesita instituciones respetadas.
No instituciones utilizadas.
Y, sobre todo, necesita recuperar un principio que jamás debimos permitir que se debilitara:
En una democracia digna de ese nombre, ningún Gobierno puede estar por encima de la ley. Ni siquiera cuando cuenta con una mayoría favorable en el Tribunal Constitucional.
Porque cuando la justicia comienza a confundirse con la política, la democracia empieza a dejar de ser una garantía para convertirse en una simple apariencia.
Y España merece mucho más que una democracia de apariencias.
