Nuestro sistema se sustenta y legitima en ciertos principios, entre los que destaca la división de poderes. No solo porque este principio limite el poder que, mediante el contrato social, cedemos a lo público como titulares de la soberanía popular, sino también porque cada uno de esos poderes controla y acota a los demás.
En España, como en muchos otros sistemas democráticos, los tres poderes del Estado están, desgraciadamente, estrechamente conectados. El resultado electoral puede conducir a la ingobernabilidad o, por el contrario, a la concentración de poder a través de una mayoría parlamentaria. La difuminación de los límites y la fusión de funciones son evidentes en las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo, y algo más sutiles e indirectas en las que afectan al judicial.
El llamado cuarto poder puede ser el niño díscolo, pero solo hasta cierto punto. La política de subvenciones, las concesiones y la legislación —por ejemplo, la relacionada con las licencias y las señales de emisión— pueden condicionar su independencia. Recordemos la «guerra digital» durante el Gobierno de Aznar: el poder político impulsó plataformas afines para limitar la expansión del altavoz del adversario.
Y no hablamos únicamente de eso, sino también de las campañas orquestadas contra periodistas hostiles o molestos, o de su expulsión de las salas de prensa de la sede de la soberanía popular, con el beneplácito de parte del propio gremio. Algunos se convierten así en tontos útiles: han renunciado a combatir al «agitador» mediante la investigación, los argumentos y las prácticas alternativas, ignorando que un día ellos mismos podrían ser los «agitadores» cuando una pregunta «inadecuada» incomode a un poderoso.
En este contexto, cuando la colonización de las instituciones por parte del Gobierno resulta transparente y desvergonzada —«¿de quién depende la Fiscalía?»—, cuando parece que ya no hay límites para el poder ejecutivo y se orillan los cauces parlamentarios para aprobar por vías alternativas medidas rechazadas por la Cámara, resulta perfectamente lógico que se construya y cale hondo el relato del miedo a la derecha.
Si todo le ha sido permitido a este Gobierno de izquierdas, si este Ejecutivo ha demostrado que puede cometer todo tipo de atropellos contra la Constitución y el sistema democrático, si se producen decisiones que después son revocadas por órganos sin competencia jurisdiccional que actúan como órganos superiores y se aprueban amnistías que, por arte de birlibirloque, pasan a considerarse legítimas y conformes a Derecho, además de tantos otros ejemplos, es comprensible que se extienda una determinada percepción del poder ejecutivo.
Así, nadie parece preocuparse por si aquello de lo que se acusa a la derecha —acabar con los derechos LGTBI, expulsar a todos los inmigrantes o desproteger a la mujer, entre otras cosas— cabe realmente dentro de los límites del sistema constitucional. El Gobierno de Sánchez parece demostrar, a ojos de una parte de la ciudadanía, que, tanto si algo es jurídicamente posible como si no lo es, puede terminar llevándose a cabo y huelga decir que nadie se planteará si es legítimo.
No entro aquí a valorar si lo que se atribuye a Vox es cierto o no, sino a señalar que se ha arraigado, a partir de la experiencia política reciente, la percepción de que todo aquello que un Gobierno pretenda llevar a cabo puede hacerse porque el poder es ilimitado. No existe, en el imaginario colectivo de una parte de la ciudadanía, la confianza en un sistema capaz de frenar las decisiones de un gobernante, por alejadas y contrarias que puedan ser a los principios democráticos y fundamentales recogidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Si los ciudadanos dejan de confiar en que las instituciones puedan limitar al gobernante, también pueden dejar de creer que las reglas constitucionales vayan a protegerlos frente a un Gobierno que consideran indeseable. La desconfianza en los mecanismos de control de nuestro sistema es profunda, y la campaña de la izquierda se apoya, en parte, en su propia experiencia de gobierno: TODO ES POSIBLE también para un supuesto nuevo gobierno por tanto: no cabe un voto de castigo por mucho que os haya decepcionado porque nos jugamos mucho.
La realidad es que este es el mejor momento para el cambio y, al mismo tiempo, el menos malo para la izquierda. Con gran parte de las instituciones particularmente el constitucionalbajo la influencia del PSOE, los contrapesos deberían estar asegurados al menos por un tiempo. La izquierda social, asqueada de sus propios gobernantes, puede estar tranquila y concederse una legislatura para rearmarse, regenerarse y quitarse de encima, de una vez por todas, a su mayor lastre electoral: una dirección política que ha obtenido resultados electorales muy malos, pese a haber conseguido gobernar. Este podría ser el mejor momento, quizá el único, para que la división de poderes opere eficazmente.
Por mucho que lo repitan como un mantra, y aunque el sistema necesite regenerarse y corregir más de una disfunción, los gobernantes terminan pagando por sus actuaciones cuando son delictivas. La justicia es lenta y la división de poderes está desdibujada, pero algo queda, y siempre tenemos el castigo soberano de las urnas. Apelo a que este mecanismo funcione y a que los españoles recuperemos nuestra autonomía y libertad sepamos actuar con contundencia contra quienes nos han ninguneado, pretendiendo erigirse en portavoces de una mayoría que nunca les ha sido otorgada.
