El 20 de octubre de 2011 tres encapuchados aparecieron ante una cámara para anunciar lo que ETA denominó el «cese definitivo de su actividad armada».
Recuerdo perfectamente aquellos días.
20 de octubre: ETA dejó de matar, nosotros empezamos a olvidar
La opinión de Javier García Isac
Y quince años después sigo negándome a utilizar una expresión que se convirtió casi inmediatamente en consigna oficial: «el pueblo español derrotó a ETA».
Respeto a quien lo considere así.
Yo no.
Porque una organización terrorista que durante décadas asesinó, secuestró, extorsionó y obligó a miles de españoles a vivir bajo escolta dejó finalmente de matar, pero su historia no terminó con una imagen inequívoca de derrota, entrega y arrepentimiento.
Aquel comunicado ni siquiera anunció su disolución.
No entregó las armas.
No pidió perdón a las víctimas.
ETA hablaba de «conflicto», de «confrontación armada» y reclamaba diálogo a los gobiernos de España y Francia. Las propias asociaciones de víctimas recibieron entonces el anuncio con enormes reservas precisamente por esas ausencias.
La disolución formal llegaría años después, en mayo de 2018. Incluso entonces ETA siguió intentando envolver su historia en el lenguaje político de quien pretende presentar décadas de terrorismo como parte de una supuesta confrontación entre dos bandos.
Por eso este 20 de octubre no quiero celebrar a ETA.
Ni siquiera quiero hablar demasiado de ETA.
Quiero hablar de sus víctimas.
Porque ellas son las que corren el riesgo de perder por segunda vez.
La primera vez perdieron la vida, un padre, una madre, un marido, una esposa, un hijo, un hermano, una pierna, una libertad o una parte de su existencia.
La segunda derrota sería nuestra indiferencia.
Y tengo la desagradable sensación de que llevamos demasiado tiempo caminando hacia ella.
Durante décadas España vivió con el terrorismo instalado en su vida cotidiana.
Había mañanas en las que encendíamos la radio y antes de conocer el nombre de la víctima ya sabíamos que ETA había vuelto a matar.
Un coche bomba.
Un tiro en la nuca.
Una bomba lapa.
Un cuartel de la Guardia Civil.
Un concejal.
Un policía.
Un militar.
Un juez.
Un empresario.
Un periodista.
Y detrás de cada titular había una familia destrozada.
Nos acostumbramos incluso a una de las expresiones más terribles que puede aceptar una sociedad: vivir con escolta.
Hubo españoles que durante años miraban debajo del coche antes de arrancarlo.
Que cambiaban diariamente sus recorridos.
Que no podían sentarse tranquilamente junto a una ventana.
Que tenían que explicar a sus hijos por qué aquel señor que caminaba detrás de ellos llevaba una pistola.
Todo por pensar de una determinada manera.
Todo por ser guardia civil.
Policía.
Militar.
Juez.
Político.
Empresario.
Periodista.
O sencillamente por encontrarse donde una banda de asesinos había decidido colocar una bomba.
Aquello ocurrió en España.
No hace noventa años.
No lo conocemos por fotografías en blanco y negro.
Muchos lo vivimos.
Muchos lo contamos.
Muchos recordamos perfectamente los nombres.
Miguel Ángel Blanco.
Gregorio Ordóñez.
Fernando Buesa.
Carrero Blanco
Francisco Tomás y Valiente.
Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García Ortiz.
Manuel Indiano.
José Luis López de Lacalle.
Ricardo Sainz de Ynestrillas.
Juan Atares.
Y tantos otros.
También los niños.
Porque ETA asesinó niños.
Y eso debería bastar para que jamás hubiera una sola equidistancia.
La organización terrorista asesinó a centenares de personas durante más de medio siglo. En 2011, cuando anunció que dejaba de matar, RTVE contabilizaba 829 víctimas mortales y recordaba que la mayoría pertenecían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También había cometido decenas de secuestros.
Pero los números tienen un peligro.
Nos acostumbramos a ellos.
Ochocientos veintinueve.
Lo pronunciamos y seguimos leyendo.
Detrás de cada número había una persona.
Una mesa que quedó con una silla vacía.
Un niño esperando a un padre que no regresaría.
Una mujer que recibió una llamada.
Una madre que tuvo que reconocer un cadáver.
Una familia cuya vida quedó dividida para siempre entre el antes y el después.
Ésa es la memoria que me preocupa.
Porque quince años después parece que comienza a molestarnos.
Escucho demasiadas veces una frase aparentemente sensata:
«ETA ya no existe. Hay que mirar al futuro».
Naturalmente que debemos mirar al futuro.
Pero nadie construye un futuro decente sobre la amnesia.
Y mucho menos cuando quienes nos piden olvidar unos asesinatos cometidos hace apenas unas décadas son, demasiadas veces, los mismos sectores políticos, culturales o mediáticos que consideran imprescindible recordar permanentemente acontecimientos ocurridos hace ochenta o noventa años, siempre y cuando les convenga para su relato político.
Ahí aparece una contradicción difícil de explicar.
Para unas víctimas nunca prescribe la memoria.
Para otras parece que quince años son suficientes.
Para hablar de 1936 debemos recordar.
Para hablar de ETA debemos pasar página.
Para unos muertos hay leyes, homenajes, documentales, películas, series, exposiciones y discursos institucionales.
Para otros empieza a instalarse discretamente la recomendación de no remover el pasado.
No.
O la memoria sirve para todos o deja de ser memoria y se convierte en instrumento político.
Yo no quiero olvidar a las víctimas de la Guerra Civil.
Ni a las de la represión.
Ni a las de ninguna violencia política.
Pero precisamente por eso tampoco acepto que se nos pida olvidar a las víctimas de ETA.
Y existe además una circunstancia particularmente dolorosa.
Los herederos políticos de la izquierda abertzale tienen hoy una presencia institucional completamente normalizada.
Participan en parlamentos.
Negocian.
Votan.
Condicionan mayorías.
Todo ello dentro de la legalidad democrática actual, y ése es un hecho que debe reconocerse con precisión.
Pero precisamente por eso resulta todavía más importante que la integración institucional del presente no obligue a reescribir el pasado.
Una cosa es aceptar las reglas democráticas.
Otra muy diferente exigirnos amnesia.
No hubo dos violencias equivalentes.
No existió una guerra entre ETA y España.
No hubo dos ejércitos enfrentados.
Hubo una organización terrorista que decidió que podía matar a quien consideraba enemigo de su proyecto político.
Y hubo víctimas.
Eso es lo esencial.
Por eso me preocupa especialmente el lenguaje.
Las palabras nunca son inocentes.
Se habla de «conflicto».
De «las partes».
De «proceso de paz».
De «presos políticos».
De «contexto».
Y poco a poco el terrorista corre el riesgo de transformarse en combatiente y la víctima en una desafortunada consecuencia de una guerra imaginaria.
No.
ETA no fue una catástrofe natural.
No fue una tormenta.
No fue un terremoto.
ETA estaba formada por personas que tomaron decisiones.
Alguien eligió un objetivo.
Alguien siguió a la víctima.
Alguien fabricó la bomba.
Alguien apretó el gatillo.
Alguien avisó después de dónde podía estar el cadáver de un secuestrado.
Y alrededor de ellos existió también un entorno que durante demasiado tiempo justificó, comprendió, señaló o miró hacia otro lado.
Recordarlo no significa querer venganza.
Significa querer verdad.
El propio Alfredo Pérez Rubalcaba dijo aquel 20 de octubre de 2011 algo que merece ser rescatado hoy. Señaló que las víctimas debían permanecer como depositarias de la memoria y garantes de que nadie pudiera reescribir la historia. Claro que eran palabras muy bonitas y acertadas, pero pronunciadas por un sujeto que se vio involucrado en el chivatazo del Bar Faisán.
Quince años después deberíamos preguntarnos si estamos cumpliendo aquella promesa.
Creo qué no.
Porque el tiempo tiene una extraordinaria capacidad para suavizarlo todo.
Primero desaparece el miedo.
Después desaparecen los escoltas.
Después dejamos de recordar los aniversarios.
Después olvidamos algunos nombres.
Después comenzamos a hablar de «aquellos años».
Y finalmente llega una generación que no vivió nada de aquello y a la que alguien tendrá que contarle qué ocurrió.
Ahí se decidirá todo.
Si les explicamos que existió una organización terrorista que asesinó durante décadas para imponer un proyecto político, conservaremos la memoria.
Si les contamos que hubo un «conflicto» en el que todos cometieron excesos, habremos empezado a falsificarla.
Por eso el 20 de octubre no debería ser el día de ETA.
Debería ser el día de quienes ya no pueden hablar.
De Miguel Ángel Blanco.
De los guardias civiles asesinados.
De los policías.
De los militares.
De los jueces.
De los concejales.
De los empresarios.
De los periodistas.
De los hombres, mujeres y niños que no pudieron conocer el comunicado de 2011 porque alguien había decidido previamente que no tenían derecho a llegar vivos hasta aquella fecha.
No me interesa demasiado saber qué pensaban los tres encapuchados que aparecieron delante de aquella cámara.
Me interesa recordar a quienes no pudieron verla.
No quiero celebrar que unos asesinos decidieran dejar de asesinar.
Quiero homenajear a quienes jamás debieron ser asesinados.
Y tampoco quiero aceptar esa extraña moral contemporánea según la cual recordar determinados acontecimientos de hace noventa años constituye un deber democrático mientras recordar los crímenes de ETA parece una obsesión incómoda con el pasado.
No hay futuro sin memoria.
Pero tampoco existe memoria si seleccionamos a los muertos según la utilidad política que tengan en cada momento.
Quince años después de aquel comunicado, ésta debería ser nuestra obligación:
recordar.
Recordar sin odio.
Pero recordar sin complejos.
Sin equidistancias.
Sin eufemismos.
Sin permitir que una organización terrorista termine convertida con el paso de las generaciones en uno de los actores de un supuesto conflicto político.
Las víctimas no necesitan nuestra venganza.
Necesitan nuestra memoria y nuestra justicia. Hoy no tienen ni una cosa ni la otra,
Pero mientras quede un español dispuesto a pronunciar sus nombres, a contar lo que ocurrió y a explicar a sus hijos quién mató y quién murió, ETA no habrá conseguido una última victoria que sería infinitamente más silenciosa que todas las anteriores:
que España termine olvidando a quienes asesinó.