La opinión de Javier García Isac
Hay imágenes que deberían avergonzarnos como sociedad. Policías heridos, encapuchados lanzando objetos, enfrentamientos en las calles y ciudadanos que necesitan protección policial para asistir a un acto político. Eso es lo que hemos contemplado en La Coruña y, en un clima de creciente tensión, en Avilés, coincidiendo con las visitas de Santiago Abascal.
Y todo ello a poco más de un mes de unas elecciones generales.
No estamos hablando de una discrepancia ideológica. Tampoco de una protesta pacífica contra las propuestas de Vox, algo que pudiera ser perfectamente legítimo. Estamos hablando de episodios de violencia que merecen una condena inequívoca y de una sucesión de movilizaciones que plantea preguntas muy serias sobre el clima político que estamos construyendo alentado por este gobierno y sus socios de legislatura.
En La Coruña, los enfrentamientos dejaron doce policías lesionados, dos detenidos y numerosos manifestantes heridos. Por la noche se reprodujeron los incidentes, con encapuchados arrojando piedras, botellas y otros objetos contra los agentes.
Esos son los hechos que conocemos. Pero hay una cuestión política de fondo que no podemos ignorar: ¿por qué determinados actos de Vox terminan convertidos en escenarios de confrontación callejera?
Santiago Abascal ha denunciado públicamente que existe una estrategia organizada contra su partido y ha responsabilizado políticamente al Gobierno. Lo hizo, además, durante su entrevista con Íker Jiménez en Horizonte, después de lo ocurrido en Galicia y Asturias.
Se trata de una acusación gravísima que merece ser investigada. La sombra del gobierno es alargada.
Porque si algo debería unirnos es la defensa del derecho de cualquier formación legal a celebrar sus actos sin intimidaciones.
EL ANTIFASCISMO NO ES UNA LICENCIA PARA AGREDIR
Resulta particularmente preocupante que algunos de quienes participan en estas movilizaciones se presenten como defensores de la democracia mientras determinados grupos violentos actúan bajo las mismas consignas.
Conviene distinguir entre quienes protestan pacíficamente y quienes cometen actos violentos. Pero también conviene decir algo elemental: llamarse antifascista no concede ningún derecho especial a quebrantar la ley. En este momento, ser antifascistas te convierte en delincuente.
Y aquí surge una contradicción que merece una reflexión.
Quienes aseguran combatir el autoritarismo deberían ser los primeros en defender la libertad de expresión de aquellos cuyas ideas rechazan. Pero lo cierto es que nunca ha sido así en la izquierda. El relato es defender una democracia en la que solo creen si los resultados les son favorables.
Porque la libertad no consiste en permitir hablar únicamente a quienes piensan como nosotros.
La libertad se demuestra cuando garantizamos que pueda hablar quien sostiene ideas que nos disgustan profundamente, pero esto no va de eso, esto va de otra cosa. Esto es una lucha entre los que odian la nación y aquellos dispuestos a evitar que desaparezca.
¿QUIÉN RESPONDE POR LA SEGURIDAD?
Hay responsabilidades que no pueden diluirse entre comunicados oficiales y acusaciones partidistas.
El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y de sus representantes territoriales, tiene la obligación de garantizar el orden público y proteger los derechos fundamentales.
En La Coruña se había comunicado previamente la celebración de una concentración contraria al acto de Vox. La Delegación del Gobierno asegura que los dispositivos fueron establecidos siguiendo criterios técnicos y operativos.
Sin embargo, los sindicatos policiales SUP y Jupol han criticado la planificación de la seguridad, y Jupol ha llegado a pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.
Por tanto, no estamos únicamente ante una discrepancia entre partidos. Existen cuestionamientos expresados por representantes de los propios agentes.
La pregunta resulta inevitable: ¿se evaluaron correctamente los riesgos? ¿Se dispuso de suficientes efectivos? ¿Se adoptaron las medidas necesarias para evitar que manifestaciones de signo contrario desembocasen en enfrentamientos?
Y, sobre todo, ¿qué se va a hacer para impedir que estos episodios vuelvan a repetirse?
Los policías no pueden convertirse en los paganos de una confrontación política cada vez más agresiva. Los delegados de Gobierno, como sucede también en Madrid, son los ejecutores de los deseos del gobierno. Algún día tendrán que pagar por desproteger a los ciudadanos.
EL MIEDO COMO INSTRUMENTO POLÍTICO
Hay algo especialmente inquietante en el debate público español: la facilidad con la que se sustituye la discusión sobre la gestión por advertencias apocalípticas sobre lo que ocurriría si gobernasen otros.
En lugar de discutir serenamente sobre vivienda, pensiones, inmigración, impuestos o seguridad, demasiadas intervenciones políticas terminan reducidas a una misma idea: impedir que llegue el adversario.
Se habla del fascismo, del retroceso de derechos y de amenazas a la democracia. Pero la utilización indiscriminada de esas expresiones termina vaciándolas de significado.
Y puede tener una consecuencia todavía peor: convencer a los más radicalizados de que enfrentarse físicamente a un adversario constituye una forma legítima de resistencia.
Ahí reside uno de los mayores peligros de la polarización a las que nos está conduciendo el gobierno.
Porque cuando se presenta a millones de ciudadanos como una amenaza por sus preferencias políticas, el siguiente paso puede ser considerar que sus derechos merecen menos protección.
Y eso sería incompatible con cualquier democracia digna de ese nombre.
DE LA PUERTA DEL SOL A LAS CALLES DE GALICIA Y ASTURIAS
Las movilizaciones de las últimas semanas, las protestas en la Puerta del Sol y los incidentes registrados alrededor de los actos de Vox forman parte de un mismo contexto de creciente confrontación política.
¿Existe una coordinación entre todos estos acontecimientos? Parece evidente que así es.
En Horizonte, Santiago Abascal ha sostenido que se pretende asociar permanentemente a Vox con imágenes de violencia y ha acusado al Gobierno de permitir ese clima.
Su denuncia merece una respuesta basada en hechos: investigar las agresiones, identificar a sus responsables y comprobar si existieron fallos de prevención o conexiones organizativas entre los grupos violentos.
No basta con convertirlo todo en una disputa de relatos.
Si existe organización para cometer delitos, debe investigarse. Y si hubo errores en la planificación de la seguridad, deben asumirse las responsabilidades correspondientes.
EL ESPEJO DE FRANCIA E ITALIA
Europa ha conocido en los últimos años episodios preocupantes de violencia callejera y radicalización política.
Francia e Italia ofrecen ejemplos de cómo determinadas protestas pueden derivar en disturbios, ataques a edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
España debería aprender de esas experiencias.
Una democracia no puede resignarse a que cada acto político se convierta en una prueba de resistencia física ni a que la presencia de encapuchados forme parte del paisaje electoral.
Mucho menos podemos aceptar que las fuerzas de seguridad terminen atrapadas entre grupos enfrentados mientras los responsables políticos se limitan a utilizar las imágenes para reforzar sus respectivos discursos.
La historia de España contiene suficientes advertencias sobre las consecuencias de la deshumanización del adversario.
No necesitamos repetir sus errores.
¿QUÉ OCURRIRÁ DESPUÉS DEL 29 DE NOVIEMBRE?
Esta es, a mi juicio, la pregunta verdaderamente importante.
¿Qué sucederá si las próximas elecciones producen un cambio de mayoría parlamentaria?
¿Serán capaces todas las fuerzas políticas de aceptar el resultado y ejercer la oposición dentro de las reglas democráticas?
¿O asistiremos a una etapa de movilizaciones permanentes en la que determinados grupos pretendan cuestionar en la calle lo decidido por los ciudadanos en las urnas?
Nadie puede anticipar con certeza lo que ocurrirá. Yo me lo imagino.
Pero precisamente por eso es necesario establecer desde ahora un principio irrenunciable: La legitimidad de un Gobierno no depende de que sus adversarios compartan su programa, sino de que haya sido constituido conforme a las reglas constitucionales.
La oposición tiene derecho a manifestarse, a criticar, a convocar huelgas y a movilizar a sus simpatizantes.
Lo que nadie tiene derecho a hacer es recurrir a la violencia para impedir que otros ejerzan sus libertades.
Ni antes de las elecciones ni después.
LA DEMOCRACIA NO PUEDE TENER DUEÑOS
Hay quienes parecen olvidar que el poder político es temporal.
Los gobiernos pasan. Los partidos ganan y pierden. Las mayorías cambian.
Pero lo que debe permanecer inmutable es España.
Que está por encima de cualquier partido político.
Pertenecen a todos los españoles.
Por eso me preocupa profundamente lo sucedido en La Coruña y Avilés. Por eso considero imprescindible que se esclarezcan todas las responsabilidades. Y por eso rechazo que los enfrentamientos callejeros terminen convirtiéndose en una herramienta habitual de nuestra política en manos de la izquierda. Se les debe parar antes de que sea demasiado tarde.
No se trata de defender un partido concreto.
Se trata de defender una regla elemental de convivencia: nadie puede decidir mediante la intimidación qué ideas merecen ser escuchadas.
Y quien crea que una causa política le autoriza a agredir a otro ciudadano debería recordar que quien sale a por lana, puede salir trasquilado.
España no necesita nuevas trincheras.
Necesita que sus ciudadanos puedan discrepar sin miedo.
Que sus policías puedan trabajar sin convertirse en objetivos de la violencia.
Que sus partidos puedan celebrar actos públicos sin amenazas.
Y que quienes gobiernan, hoy o mañana, entiendan que su primera obligación es proteger los derechos de todos, incluidos los de quienes desean desalojarlos democráticamente del poder.
Porque las elecciones se ganan con votos y las ideas se defienden con argumentos.
