Una ceremonia que pagamos entre todos, pero que solo disfrutan ellos. Un aquelarre ideológico disfrazado de cultura, donde el talento importa menos que el carné político y donde el aplauso más cerrado no es para la mejor interpretación, sino para la consigna mejor pronunciada.
Los Goya, organizados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, se han convertido en algo muy distinto a lo que deberían ser. No celebran el cine: celebran la militancia. No premian la excelencia: premian la obediencia ideológica. Y lo hacen, además, con nuestro dinero.
Porque conviene recordarlo: buena parte de ese cine que se reivindica como “valiente” o “comprometido” no se sostiene por la taquilla, sino por la subvención. Películas que apenas interesan al público, que pasan sin pena ni gloria por las salas, pero que luego son encumbradas en galas donde el mensaje político tiene más peso que el guion.
El cine como herramienta de propaganda
El problema no es que un actor o un director tenga ideas políticas. Eso es legítimo. El problema es que el sector cultural se ha convertido en un brazo más de la izquierda orgánica. Lo que antaño eran actores, hoy muchos parecen militantes con micrófono.
Ya no se habla de historias universales, de conflictos humanos, de belleza estética. Se habla de “fascismo”, de “ultraderecha”, de “retrocesos democráticos”. El enemigo siempre está en el mismo sitio. El discurso es intercambiable. El guion, también.
Y mientras tanto, el ciudadano medio —ese que paga su entrada, sus impuestos, su IVA cultural— no se siente representado. Porque sabe que si piensa diferente, no solo no será premiado: será señalado.
El cine debería sostenerse en la taquilla. Si una película conecta con el público, que triunfe. Si no conecta, que asuma el riesgo empresarial como cualquier otro sector. Pero no. Aquí el riesgo lo asume el contribuyente.
Sindicatos, ONG y el ecosistema subvencionado
No hablamos solo del cine. El modelo es extensible a múltiples “chiringuitos” que orbitan alrededor del poder.
Ahí están los llamados sindicatos de clase —como Unión General de Trabajadores o Comisiones Obreras— que hace décadas dejaron de vivir de las cuotas de sus afiliados para depender en gran medida de subvenciones públicas, liberados sindicales y estructuras financiadas por el Estado. Sindicatos estatales, más que sindicatos obreros.
Ahí están también ciertas ONG cuya credibilidad ha quedado en entredicho, convertidas en intermediarias profesionales de subvenciones, ayudas y proyectos que rara vez se evalúan con el rigor que se le exige a un autónomo o a una pequeña empresa.
Y, por supuesto, las televisiones públicas. La RTVE y muchas autonómicas funcionan como aparatos de propaganda donde el pluralismo es cada vez más escaso. Muchos ciudadanos no las ven. Pero las pagan. Como pagan películas que no quieren ver. Como pagan campañas institucionales con un marcado sesgo ideológico.
