Son asuntos demasiado importantes para reducirlos a consignas electorales. Y, sin embargo, el debate político corre el riesgo de convertirlos precisamente en eso: dos instrumentos sucesivos de una campaña construida alrededor del miedo.
El adelanto electoral al 29 de noviembre abrió una discusión en la que la vivienda adquirió un protagonismo extraordinario. Resultaba inevitable preguntar al Partido Socialista por los resultados de sus políticas después de ocho años de responsabilidades de gobierno. No bastaba con denunciar la especulación, señalar a los propietarios o responsabilizar a las administraciones autonómicas. Había que explicar qué medidas habían funcionado, cuáles habían fracasado y por qué tantos españoles seguían sin poder acceder a una vivienda.
Porque gobernar no consiste únicamente en identificar problemas. Consiste, sobre todo, en responder por las soluciones prometidas.
Y ahí aparece una contradicción política especialmente incómoda: quienes presentan la vivienda como una emergencia nacional deben aceptar también el examen de su propia gestión.
La vivienda: del discurso social al examen patrimonial
La controversia sobre el patrimonio inmobiliario atribuido al entorno familiar de Montse Mínguez introduce otro elemento en este debate. Las informaciones sobre propiedades vinculadas a su pareja, y las referencias a posibles intereses empresariales familiares en Panamá, requieren documentación, precisión y una distinción clara entre los bienes propios y los de terceros.
No sería legítimo convertir una sospecha en una condena, ni atribuir automáticamente a una dirigente política el patrimonio de sus familiares. Tampoco hay nada reprochable, por sí mismo, en poseer inmuebles adquiridos legalmente.
Pero sí existe una pregunta de evidente interés público: ¿hay coherencia entre el discurso que un partido dirige a los propietarios y las circunstancias patrimoniales de quienes participan en la elaboración y defensa de ese discurso?
Esa pregunta merece transparencia, no descalificaciones. Y, sobre todo, merece una respuesta que no consista en cambiar de asunto. Montse Minguez dimitió después de saltar el escándalo y el presidente se apenó pues no esperaba esa dimisión. No sé puede ser más cínico y más hipócrita.
Porque una cosa es defender políticas que faciliten el acceso a la vivienda y otra muy distinta es presentar la propiedad privada como origen de todos los males mientras se evita explicar por qué las medidas adoptadas durante años no han dado los resultados esperados.
La política de vivienda exige construir más, examinar las consecuencias de la regulación, ofrecer seguridad jurídica, estudiar el impacto de la fiscalidad y evaluar con rigor las intervenciones públicas. No se resuelve mediante una sucesión de enemigos convenientemente seleccionados.
Y tampoco mediante un relato que convierte cualquier crítica a la gestión gubernamental en una agresión contra los derechos sociales.
Las pensiones: el miedo como argumento electoral
Ahora el debate se desplaza hacia las pensiones. Y aquí entramos en un terreno particularmente delicado.
Se plantea que una eventual llegada del Partido Popular y Vox al Gobierno podría poner en peligro el sistema público, favorecer su privatización o comprometer las prestaciones futuras.
Son afirmaciones de enorme trascendencia que deben contrastarse con propuestas concretas, compromisos presupuestarios y antecedentes legislativos. No basta con repetir que las pensiones están amenazadas. Hay que explicar quién propone exactamente qué medidas, cómo se financiarían y qué consecuencias tendrían.
Conviene recordar que el sistema español de pensiones es público y de reparto, que sus prestaciones están reguladas por ley y que cualquier modificación relevante exige decisiones políticas y normativas. Ningún partido puede hacer desaparecer automáticamente las pensiones por el simple hecho de llegar al Gobierno.
Pero tampoco es serio afirmar que su sostenibilidad está garantizada para siempre sin examinar las cuentas.
El envejecimiento de la población, la relación entre cotizantes y pensionistas, la productividad, los salarios, las transferencias del Estado y la evolución del gasto son cuestiones reales. Requieren explicaciones comprensibles y acuerdos duraderos, no mensajes alarmistas.
Además, cuando se habla de la llamada caja de las pensiones conviene distinguir entre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el conjunto de recursos que financian las prestaciones. El descenso histórico de aquel fondo, sus posteriores aportaciones y las decisiones adoptadas por distintos gobiernos forman parte de un balance que debe examinarse con cifras y fechas.
Los pensionistas tienen derecho a conocer ese balance completo.
Y tienen derecho, especialmente, a no ser tratados como personas incapaces de comprenderlo.
Cuando la campaña cambia de argumento
Los acontecimientos de estos días permiten observar un cambio de énfasis en la comunicación socialista.
La controversia inmobiliaria terminó provocando la dimisión de Montse Mínguez como portavoz del PSOE y su retirada de la candidatura electoral. Ella ha defendido la legalidad de las actividades empresariales de su pareja y el partido ha respaldado públicamente su actuación.
Al mismo tiempo, Pedro Sánchez ha situado la defensa de las pensiones y de los servicios públicos en el centro de sus intervenciones. De forma reiterada, acusa al PP y a Vox de plantear recortes y retrocesos sociales.
¿Existe una relación directa entre ambos acontecimientos? No puede afirmarse sin pruebas sobre la estrategia interna del partido. Pero la coincidencia temporal es políticamente significativa y merece ser analizada.
Yo no tengo dudas de que el PSOE, después del fiasco del asunto de Montse Minguez, ya no le interesa hablar de vivienda, ahora toca meter miedo a los pensionistas.
Precisamente por eso, el debate no debería reducirse a una elección entre el miedo y la tranquilidad absoluta.
Quienes proponen reformas deben explicar sus efectos sobre las prestaciones presentes y futuras. Quienes defienden la continuidad del sistema deben demostrar cómo garantizarán su financiación.
Y quienes han gobernado durante los últimos ocho años deben responder también por el estado en que dejan las cuentas públicas.
Los pensionistas no son figurantes de una campaña
Hay algo profundamente injusto en utilizar la incertidumbre económica de los mayores como un recurso de comunicación política.
Hablamos de generaciones que han trabajado, criado familias, pagado impuestos y sostenido buena parte de la prosperidad española. Muchos pensionistas ayudan hoy a sus hijos y nietos precisamente porque estos no consiguen independizarse o porque sus salarios no les permiten afrontar el coste de la vida.
La vivienda y las pensiones, por tanto, no son problemas separados. Forman parte de una misma realidad económica y social.
Un abuelo que ayuda a pagar el alquiler de su nieto comprende perfectamente esa relación. No necesita que nadie le presente una amenaza electoral para interesarse por el futuro de su pensión.
Necesita información fiable.
Y necesita que los responsables políticos recuerden que una pensión no es un regalo del gobernante de turno, ni una concesión personal de Pedro Sánchez, ni un favor que deba agradecerse en las urnas.
Es una prestación reconocida dentro de un sistema construido durante décadas, sostenido por cotizaciones, impuestos y decisiones colectivas.
Su defensa exige responsabilidad, no apropiación partidista.
Del relato a la rendición de cuentas
La gran cuestión de esta campaña no debería ser qué partido consigue imponer el asunto del día, sino qué respuestas ofrecen todos ellos a los problemas reales.
La polémica sobre Montse Mínguez plantea preguntas sobre transparencia, coherencia y posibles conflictos de intereses. La crisis de la vivienda obliga a examinar los resultados de ocho años de políticas públicas. El debate sobre las pensiones exige hablar de sostenibilidad financiera y de protección social.
Ninguno de esos asuntos desaparece porque otro ocupe los titulares.
Y ahí reside el principal peligro de una campaña dominada por el relato: que la sucesión de mensajes termine sustituyendo al examen de los hechos.
La ciudadanía merece saber por qué no se han cumplido determinadas promesas de vivienda, qué consecuencias han tenido las reformas aprobadas, cuánto costará sostener el sistema de pensiones y qué propone cada partido para afrontar los próximos veinte años.
No son preguntas cómodas. Pero son las preguntas que una democracia adulta debe formular.
Porque los problemas no cambian de naturaleza cuando cambia el argumentario de una campaña.
Las viviendas que faltaban ayer siguen faltando hoy. Los jóvenes que no podían emanciparse continúan enfrentándose a las mismas dificultades. Y los pensionistas que esperan seguridad para su futuro necesitan algo más sólido que las consignas de un mitin.
España no necesita una campaña en la que se pase del miedo a perder la vivienda al miedo a perder la pensión. Necesita una campaña en la que quienes aspiran a gobernar expliquen cómo piensan garantizar ambas cosas.
Y, sobre todo, en la que quienes ya han gobernado respondan por lo que han hecho.
Porque una cosa es cambiar el relato y otra muy distinta cambiar la realidad.
Y la realidad, por mucho que se intente desplazar de los titulares, siempre termina reclamando sus cuentas.
