La opinión de Javier García Isac
Después de tantas explicaciones, de tanta arrogancia, de tantas comparecencias y de tantos intentos de justificar lo injustificable, Óscar Puente ha terminado dimitiendo. El mismo ministro que esta mañana descartaba abandonar el Gobierno ha anunciado esta noche su marcha. Y lo hace después de dos tragedias ferroviarias, Adamuz y Urda, que han dejado 115 fallecidos.
La pregunta es inevitable: ¿qué ha cambiado en apenas unas horas?
¿Han aparecido nuevas pruebas? ¿Se han conocido circunstancias desconocidas? ¿Ha descubierto de repente el ministro que la responsabilidad política existe? ¿O ha terminado imponiéndose la realidad de una crisis que amenazaba con devorar la campaña electoral del Partido Socialista?
Porque la dimisión es un hecho. Las razones últimas que la han precipitado todavía merecen explicaciones.
Lo que sí sabemos es que durante toda la jornada Óscar Puente defendió su continuidad, rechazó las peticiones de dimisión de sus adversarios y aseguró contar con el respaldo de Pedro Sánchez.
Y unas horas después se marcha.
¡Qué extraordinaria velocidad adquiere la responsabilidad política cuando se aproxima una cita con las urnas!
El calvario de Óscar Puente y el dolor de las víctimas
Lo más difícil de aceptar de toda esta crisis ha sido escuchar al ministro hablar de su propio calvario.
¿Su calvario?
Calvario es el de los familiares que han tenido que identificar a sus seres queridos. Calvario es el de los padres que han enterrado a sus hijos. Calvario es el de quienes han visto cómo un viaje cotidiano terminaba convertido en una tragedia.
En Adamuz murieron 46 personas. En Urda, otras 69. Ciento quince vidas truncadas en dos accidentes ferroviarios ocurridos durante el mandato del mismo ministro.
No significa que Óscar Puente sea personalmente culpable de esas muertes. Las responsabilidades técnicas y, en su caso, penales deberán establecerlas las investigaciones correspondientes.
Pero existe una responsabilidad política que no puede confundirse con la culpabilidad penal.
Y esa responsabilidad no desaparece porque el ministro sea capaz de hablar durante horas, recitar informes técnicos o enfrentarse verbalmente a la oposición.
Si su rueda de prensa hubiera durado diez minutos más, habría terminado dando la impresión de que los responsables del accidente eran los viajeros por haberse atrevido a subir al tren.
Es una ironía, evidentemente. Pero resume el efecto de unas explicaciones que, en lugar de transmitir humildad ante el sufrimiento, parecían dirigidas a demostrar que el ministro había hecho todo correctamente.
Un ministro de Transportes no está para explicarnos con brillantez por qué se producen los accidentes. Está para dirigir un departamento capaz de prevenirlos en la medida de lo posible.
De Adamuz a Urda: dos tragedias que exigen respuestas
El accidente de Adamuz ya había provocado una enorme conmoción. La tragedia de Urda ha vuelto a situar bajo escrutinio la seguridad de nuestro sistema ferroviario.
Dos accidentes mortales en menos de un año. Dos investigaciones de enorme trascendencia. Dos golpes devastadores a la confianza de los ciudadanos.
Y un Ministerio que ahora anuncia modificaciones de protocolos, nuevas verificaciones y medidas adicionales de seguridad.
Bienvenidas sean. Pero surge una pregunta elemental: ¿por qué no se habían implantado antes?
No se trata de afirmar, sin pruebas, que una determinada medida habría evitado cualquiera de los dos accidentes. Se trata de exigir que se examine exhaustivamente si los riesgos eran conocidos, si los controles eran suficientes y si las decisiones de inversión y mantenimiento respondían a las necesidades reales de la red.
No podemos acostumbrarnos a que después de cada tragedia aparezcan planes extraordinarios, protocolos revisados y promesas de que todo funcionará mejor.
Los ciudadanos pagan impuestos precisamente para que los servicios públicos se gestionen con previsión y rigor.
Y tienen derecho a exigir que se investigue hasta el último euro destinado a mantenimiento, modernización y seguridad ferroviaria.
Sánchez: de respaldar al ministro a quedarse sin ministro
Pero el verdadero problema político no termina con la salida de Óscar Puente.
Pedro Sánchez lo nombró. Pedro Sánchez lo mantuvo. Pedro Sánchez respaldó su continuidad cuando las peticiones de dimisión se multiplicaban.
Y ahora Pedro Sánchez tendrá que explicar qué ha sucedido para que el ministro que hace unas horas se consideraba respaldado haya terminado abandonando el Gobierno.
No está acreditado que Sánchez le haya obligado a dimitir por razones electorales. Pero resulta difícil ignorar el contexto.
Estamos a menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La tragedia de Urda ha alterado profundamente la precampaña. El Gobierno se enfrenta a preguntas que ninguna estrategia de comunicación puede hacer desaparecer.
Y Puente, que hasta esta mañana rechazaba dimitir, se marcha también de la candidatura socialista por Valladolid.
La sospecha política es evidente: ¿se ha impuesto la responsabilidad institucional o la necesidad de retirar de la campaña un problema cada vez más difícil de defender?
Sánchez debe responder a esa pregunta.
Porque no basta con aceptar la dimisión de un ministro y pretender que todo queda resuelto.
La dirección política de un Gobierno es una responsabilidad colectiva, encabezada por su presidente.
Y si la gestión ferroviaria necesita cambios profundos, las explicaciones no pueden agotarse en la figura de quien abandona el Ministerio.
Los que ayer le aplaudían y hoy descubren la responsabilidad política
También merece un capítulo aparte la actitud de algunos representantes parlamentarios.
Gabriel Rufián ha reconocido cualidades políticas a Puente y ha valorado que compareciera para dar explicaciones.
Pero comparecer no es sinónimo de asumir responsabilidades.
No se trata de premiar la capacidad de un ministro para responder preguntas. Se trata de examinar la gestión de su departamento y exigir decisiones proporcionadas a la gravedad de lo sucedido.
Y después tenemos a Sumar, ahora presentado electoralmente bajo la denominación de Frente Amplio.
Sus dirigentes han reclamado la salida de Puente. Están en su derecho.
Pero sería conveniente que recordaran que han formado parte del Gobierno de coalición y que su espacio político ya participaba en el Ejecutivo durante la etapa de José Luis Ábalos.
No pueden comportarse como si hubieran observado desde una tribuna, completamente ajenos, la política de transportes de los últimos años.
La exigencia de responsabilidades debe ser coherente, incluso cuando afecta a los socios de Gobierno.
Y tampoco conviene olvidar que Ábalos, otro ministro socialista de Transportes, terminó condenado por corrupción.
Son cuestiones judicialmente diferentes, desde luego. Pero la sucesión de crisis obliga a examinar con especial atención la gestión política y administrativa de un departamento esencial para España.
La dimisión no puede ser el punto final
Óscar Puente se marcha. Pero los problemas de seguridad ferroviaria no desaparecen con su dimisión.
Siguen pendientes las investigaciones de Adamuz y Urda. Siguen pendientes las explicaciones sobre los fallos detectados. Siguen pendientes las evaluaciones de mantenimiento y las medidas necesarias para recuperar la confianza de los viajeros.
Y, sobre todo, siguen las víctimas.
Las familias no necesitan que los partidos conviertan las tragedias en un intercambio interminable de reproches históricos.
Necesitan conocer la verdad.
Necesitan que se depuren las responsabilidades que correspondan.
Y necesitan garantías de que el sistema ferroviario español contará con todos los controles necesarios para reducir al máximo el riesgo de nuevas catástrofes.
La dimisión del ministro es una decisión política importante, pero no sustituye ninguna de esas obligaciones.
Tampoco puede servir para cerrar en falso el debate sobre la responsabilidad de Pedro Sánchez.
Porque un Gobierno no queda automáticamente exonerado de su gestión cuando uno de sus ministros abandona el cargo.
Esta mañana Óscar Puente defendía que no tenía motivos para dimitir. Esta noche ya no es ministro.
Entre una declaración y otra han transcurrido apenas unas horas.
Entre Adamuz y Urda han quedado 115vvidas perdidas.
Y entre la defensa del ministro y su salida queda una contradicción política que el Gobierno todavía debe explicar.
Pedro Sánchez podrá nombrar a otro titular de Transportes. Podrá reorganizar su gabinete y presentar nuevos planes. Lo que no puede hacer es pedir a los españoles que confundan un relevo ministerial con el esclarecimiento de dos tragedias.
Óscar Puente se va. Las víctimas no volverán. Y las responsabilidades pendientes siguen ahí.
La dimisión no debe ser el final de las explicaciones.
Debe ser el principio de todas las que todavía faltan.
