El 2 de abril de 1982 no fue un día cualquiera en la historia de Hispanoamérica. Aquel día, la junta militar argentina ordenó el desembarco en las Islas Malvinas, dando inicio a una guerra de 74 días que terminaría el 14 de junio con la rendición argentina. Murieron 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Fue, a la vez, una operación nacida en el seno de una junta militar acosada por su propia crisis interna y un episodio que reabrió, con toda su crudeza, una cuestión de soberanía que Argentina no había inventado en 1982, sino que venía reclamando desde el siglo XIX.
Conviene decirlo todo. La junta no fue ejemplar. El régimen que encabezaban Galtieri y los suyos estaba desgastado, había reprimido a terrorista y montoneros que habían intentando provocar una guerra Civil, y venía de afrontar protestas crecientes en las calles argentinas pocos días antes de la operación. Presentar Malvinas como una empresa pura, sin sombras, sería falsear la historia. Pero también sería falsearla reducirlo todo a una simple maniobra de distracción. El reclamo argentino sobre las islas era anterior a la junta, ha seguido existiendo después de la dictadura y forma parte de una reivindicación nacional sostenida por el Estado argentino durante generaciones. Incluso hoy la propia enseñanza oficial argentina lo presenta como una causa histórica de soberanía, mientras que la documentación de la ONU refleja que se trataba de una disputa internacional abierta, no de una invención coyuntural de 1982.
Por eso, cuarenta y tantos años después, lo justo es separar tres planos. El primero, la responsabilidad de la junta por conducir a su nación a una guerra para la que no estaba preparada. El segundo, el derecho de Argentina a sostener su reivindicación de soberanía. Y el tercero, quizá el más importante moralmente, el deber de honrar a aquellos soldados, marinos y aviadores que combatieron y murieron creyendo que defendían a su patria, y en verdad, así era. La derrota militar aceleró el final de la Junta militar, sí, pero eso no borra el sacrificio de quienes fueron enviados al frente ni el abandono que muchos de ellos sintieron después durante años. La propia Casa Rosada ha reconocido tanto los 649 caídos como el maltrato y la falta de contención sufridos por numerosos veteranos en las décadas posteriores.
A mí me sigue avergonzando, además, la posición española de entonces. El Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo quiso moverse en la ambigüedad: condenó el uso de la fuerza, pero no quiso romper del todo con la sensibilidad española hacia la causa argentina. En la práctica, España se abstuvo en la Resolución 502 del Consejo de Seguridad, que exigía la retirada inmediata de las fuerzas argentinas, y el propio Calvo-Sotelo llegó a describir Malvinas y Gibraltar como asuntos “distintos y distantes”. Más tarde, ya en junio, en plena recta final de la guerra y con España recién incorporada formalmente a la OTAN, el mismo Calvo-Sotelo subrayó que España era “el único país de la Alianza que apoya a Argentina”. Aquello resumía perfectamente la contradicción española: apoyo retórico, cautela diplomática y ninguna voluntad real de convertir esa crisis en una afirmación firme de soberanía frente al Reino Unido.
Y esa tibieza dolía más por una razón histórica de fondo. Argentina había ayudado a España en los años duros del aislamiento de posguerra con créditos y suministros de trigo, maíz, carne y otros productos esenciales. El Banco de España recuerda la importancia de la línea de crédito abierta en 1946, y la historiografía económica coincide en que esos acuerdos con Argentina fueron decisivos para aliviar la asfixia material de aquellos años. España debía recordar mejor quién estuvo ahí cuando tantos otros nos cerraban la puerta.
Malvinas también fue una ocasión perdida para España en otro sentido. No porque hubiera que lanzarse a una aventura militar paralela, sino porque aquel episodio demostraba que las cuestiones de soberanía no se resuelven escondiéndolas debajo de la alfombra diplomática. Mientras Argentina, con todas sus limitaciones y sus errores, planteaba de forma dramática la cuestión colonial en el Atlántico Sur, España seguía administrando Gibraltar con resignación, como si la permanencia británica en el Peñón fuera una excentricidad histórica sin consecuencias. El Gobierno prefirió mirar a Bruselas y a la OTAN antes que convertir aquel momento en una presión política seria sobre Londres. Fue la lógica de una Transición acomplejada, más preocupada por agradar fuera que por afirmar una voz propia. La prensa española de la época dejó constancia de esa comparación permanente entre Malvinas y Gibraltar y del intento oficial de separarlas a toda costa.
Sin embargo, los pueblos suelen ver con más claridad que sus gobiernos. En la Argentina de 1982 hubo una movilización popular enorme en torno a Malvinas, aunque esa emoción nacional fuera instrumentalizada por la junta militar. Y en España también hubo simpatía hacia la causa argentina, protestas de apoyo y sectores de la sociedad que identificaban en Malvinas algo más profundo que un simple episodio bélico: la resistencia frente a un viejo colonialismo británico que también conocíamos bien por Gibraltar. La hemeroteca recoge manifestaciones en Madrid en apoyo a la argentinidad de las islas y a la devolución del Peñón.
Por eso, al recordar el 2 de abril de 1982, no me interesa blanquear a la junta militar argentina. Seguramente, en muchos aspectos, no lo merece. Pero tampoco aceptar el relato cómodo según el cual todo aquello fue apenas una maniobra de unos generales desesperados. Fue eso, en parte; pero fue también un acto de afirmación nacional sobre una causa que para millones de argentinos era y sigue siendo legítima. Y, sobre todo, fue una página de coraje de muchos soldados que combatieron muy por encima de sus dirigentes, con un valor que ni la derrota puede borrar ni la propaganda británica puede ridiculizar.
A los veteranos de Malvinas se les debe memoria, gratitud y respeto. A los caídos, honor. Y a España le convendría revisar su propia conducta en aquella hora. Porque una nación que olvida a quien la ayudó en sus peores años, y que encima mira hacia otro lado cuando ese pueblo hermano reclama lo que considera suyo, no demuestra prudencia: demuestra pequeñez. En 1982, mientras unos morían en el Atlántico Sur y otros soñaban con recuperar soberanía, Madrid eligió la calculadora diplomática. Y a veces las naciones no se juzgan solo por las guerras que libran, sino por las causas justas que deciden no acompañar.
