Nos la han vendido como una norma de justicia histórica, como un acto de reparación hacia los descendientes de españoles que abandonaron nuestro país
Hay leyes que nacen para reparar injusticias reales. Y hay otras que nacen con un único objetivo político: alterar el futuro de una nación. La llamada Ley de Nietos, consecuencia directa de la llamada Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, pertenece a esta segunda categoría.
Nos la han vendido como una norma de justicia histórica, como un acto de reparación hacia los descendientes de españoles que abandonaron nuestro país. Pero basta rascar un poco para descubrir que detrás del discurso sentimental se esconde una operación política de enorme calado.
No estamos hablando únicamente de conceder la nacionalidad española a quienes puedan acreditar un vínculo familiar con España. Estamos hablando de incorporar de golpe a cientos de miles, e incluso millones, de nuevos electores que, en su inmensa mayoría, no viven en España, no pagan impuestos en España, no utilizan nuestros servicios públicos, no sufren nuestras leyes en su vida cotidiana y, en muchos casos, ni siquiera tienen intención de residir algún día en nuestro país.
Y, sin embargo, podrán decidir quién gobierna España.
Ése es el auténtico escándalo.
Porque una democracia sólo puede sostenerse sobre un principio elemental: que quienes soportan las consecuencias de las decisiones políticas sean quienes las adopten mediante el voto.
No parece razonable que una persona que jamás ha vivido en España, que desconoce nuestra realidad diaria y que no sufrirá las consecuencias de una subida de impuestos, de una reforma laboral, de una política educativa o de una ley sanitaria pueda determinar quién será el presidente del Gobierno de los españoles.
Las decisiones que afectan a los españoles deben corresponder, fundamentalmente, a quienes viven en España y construyen España cada día.
No se trata de negar el cariño o el vínculo sentimental que muchos descendientes de españoles puedan sentir hacia la tierra de sus abuelos. Ese vínculo merece respeto. Lo que resulta discutible es convertir ese vínculo sentimental en un instrumento político.
Porque el problema no es la nacionalidad.
El problema es el voto.
Y conviene hacerse una pregunta incómoda.
¿Por qué tanta prisa por ampliar el cuerpo electoral precisamente ahora?
¿Por qué esta obsesión por incorporar cientos de miles de nuevos votantes?
La respuesta parece bastante evidente.
La izquierda lleva años perdiendo el respaldo de amplios sectores de la sociedad española. Cada elección demuestra un desgaste creciente. Frente a esa realidad, en lugar de rectificar sus políticas, parece optar por modificar el cuerpo electoral.
Por un lado, impulsando regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales que, con el tiempo, podrán acceder a distintos derechos políticos.
Por otro, acelerando la concesión de nacionalidades mediante esta Ley de Nietos.
No hablamos de hechos aislados.
Hablamos de una estrategia política que muchos ciudadanos perciben como un intento de alterar el equilibrio demográfico y electoral del país.
Una democracia sana convence a los ciudadanos.
No fabrica nuevos censos.
Porque el voto nunca debería convertirse en un instrumento de ingeniería política.
La soberanía nacional pertenece al pueblo español.
Y el pueblo español no puede transformarse artificialmente cada vez que un Gobierno teme perder las elecciones.
La nacionalidad española ha sido siempre algo profundamente valioso.
No era un simple documento administrativo.
Era la pertenencia a una historia, a una cultura, a una comunidad política construida durante siglos.
Convertirla en una herramienta de cálculo electoral supone degradar su significado.
Además, esta ley genera una enorme paradoja.
Mientras millones de españoles encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda, mientras nuestros jóvenes retrasan su emancipación, mientras la sanidad soporta listas de espera interminables, mientras las pensiones generan incertidumbre y mientras el mercado laboral continúa ofreciendo enormes dificultades, el Gobierno dedica ingentes recursos administrativos a conceder nacionalidades a personas que ni siquiera tienen previsto establecer su residencia en España.
La prioridad del Ejecutivo parece no ser resolver los problemas de quienes viven aquí, sino ampliar el número de quienes podrán votar desde miles de kilómetros de distancia.
No deja de resultar sorprendente.
La izquierda lleva décadas insistiendo en que quien reside en un territorio debe decidir sobre él.
Sin embargo, ahora defiende exactamente lo contrario.
Resulta que una persona nacida y residente permanentemente en otro continente podrá influir decisivamente en quién gobierna España, aunque jamás haya contribuido al sostenimiento de nuestros servicios públicos ni padezca las consecuencias de las decisiones políticas que ayude a elegir.
La contradicción es evidente.
España necesita políticas que fortalezcan su soberanía.
Necesita recuperar el control sobre sus fronteras.
Necesita apoyar la natalidad de los españoles.
Necesita facilitar el regreso de quienes tuvieron que marcharse por falta de oportunidades.
Necesita reforzar el vínculo entre ciudadanía, responsabilidad y participación política.
No necesita convertir el censo electoral en un laboratorio ideológico.
Porque cuando un Gobierno intenta modificar quién vota en lugar de convencer a quienes ya votan, deja de confiar en la democracia y empieza a confiar únicamente en la aritmética.
Y esa es una frontera muy peligrosa.
La soberanía nacional no consiste únicamente en controlar las fronteras o defender la integridad territorial.
También consiste en preservar quién decide el destino político de la nación.
Si el futuro de España acaba dependiendo de personas que jamás han vivido aquí, mientras millones de españoles sienten que cada vez cuentan menos, estaremos asistiendo a una profunda desnaturalización de nuestra democracia.
La Ley de Nietos no es sólo una cuestión administrativa.
Es una cuestión de soberanía.
Y la soberanía, cuando se entrega por cálculos partidistas, siempre termina pagándola la nación.
