Hay noticias que provocan indignación y otras que deberían provocar una profunda preocupación democrática. Que un Ministerio del Interior elabore un dosier en el que aparecen periodistas y tertulianos clasificados según su orientación ideológica pertenece, a mi juicio, a la segunda categoría.
El Ministerio de las listas negras: señor Marlaska, ¿para qué querían fichados a los periodistas?
La opinión de Javier García Isac
Porque el problema no es solamente quién aparece. Ni siquiera es decisivo que haya periodistas de derechas, de izquierdas, críticos con el Gobierno o próximos a posiciones progresistas. Eso casi resulta secundario.
El verdadero escándalo es que la lista exista.
El Ministerio del Interior ha reconocido la existencia del documento. Fue elaborado por su Oficina de Comunicación en febrero de 2024 y contiene fichas, fotografías y valoraciones sobre periodistas y comunicadores, incluyendo referencias a su adscripción política. Según las informaciones publicadas, el dosier alcanza las 54 páginas y recoge a 281 profesionales.
Interior dice que era un documento «informativo», «consultivo» y de «carácter interno». Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que no existía ninguna «finalidad espuria» y que servía simplemente para conocer qué se decía sobre la actividad del Ministerio.
Pues estupendo.
Precisamente por eso las explicaciones no pueden terminar ahí.
Señor Marlaska: ¿para qué querían la lista?
Cuando el Estado empieza a clasificar a quienes opinan
No estamos hablando de que el gabinete de prensa recopile artículos publicados sobre Interior. Eso sería perfectamente normal. Tampoco de un resumen de prensa para que el ministro sepa qué asuntos ocupan las portadas.
Estamos hablando de algo cualitativamente distinto.
¿Por qué necesita un organismo del Estado saber si un periodista es de izquierdas o de derechas? ¿Por qué necesita incorporarle una fotografía? ¿Por qué resulta relevante su posición ideológica para conocer lo que dice sobre la gestión de Interior?
Para conocer lo que dice un periodista basta con leer su artículo, escuchar su programa o ver su intervención televisiva.
Para conocer lo que piensa políticamente hay que perfilarlo.
Y ahí comienza el problema.
La FAPE ha reaccionado con una condena rotunda y ha señalado que ningún organismo del Estado está legitimado para «fichar» profesionales de la información por sus ideas. El rechazo, además, no procede exclusivamente de la oposición política: Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, también ha mostrado su rechazo a clasificar personas por su ideología.
Eso debería decirnos algo.
El propio Ministerio ha terminado pidiendo disculpas a aquellos profesionales que pudieran haberse sentido ofendidos por el contenido y por algunas de las valoraciones realizadas.
Pero aquí tampoco estamos ante un problema de susceptibilidades.
No me preocupa si alguien se ha sentido ofendido.
Me preocupa que un Ministerio del Interior considere necesario elaborar semejante documento.
Un inquietante aroma estalinista
Todo esto tiene, salvando naturalmente las enormes distancias históricas, un inquietante aroma a las prácticas propias de los Estados de inspiración estalinista.
No estoy diciendo que España sea la Unión Soviética ni que vivamos bajo Stalin. Sería una comparación histórica absurda.
Estoy hablando de algo diferente: de una determinada concepción del poder.
La concepción según la cual el Estado necesita saber quién es quién.
Quién piensa qué.
Quién es favorable.
Quién es crítico.
Quién pertenece a una determinada sensibilidad ideológica.
Quién habla en cada tertulia.
Quién escribe en cada periódico.
Y qué opinión tiene sobre quienes gobiernan.
Es precisamente esa mentalidad la que debería resultar incompatible con una democracial.
El Estado democrático no tiene que preocuparse por las ideas políticas de los periodistas. Tiene que garantizar que puedan expresarlas.
Interior no está para clasificar opiniones.
Está para perseguir delincuentes, proteger nuestras fronteras, combatir el terrorismo, garantizar la seguridad ciudadana y defender, dentro de sus competencias, la seguridad del Estado.
Y aquí aparece la paradoja más formidable de todas.
Mientras tanto, Ceuta
El mismo día en que Marlaska tenía que explicar este dosier, el ministro se encontraba precisamente en Ceuta.
La coincidencia resulta casi una metáfora.
España acaba de sufrir una gravísima crisis fronteriza en Ceuta y que sigue padeciendo a día de hoy. La Audiencia Nacional está analizando lo sucedido y existen controversias sobre las alertas previas, la actuación de Marruecos y la información que llegó —o no llegó— a los máximos responsables políticos.
Un informe policial conocido estos días apunta a una acción organizada y recoge elementos relativos a la actuación de agentes marroquíes, aunque existen discrepancias sobre hasta dónde permiten llegar esas evidencias y el Gobierno rechaza atribuir a Marruecos una autoría que considera no demostrada.
Marlaska llegó incluso a pedir explicaciones para conocer desde cuándo disponía la Policía de determinadas informaciones relacionadas con aquellos acontecimientos.
Y el Gobierno acaba de desclasificar decenas de documentos para defender que no recibió una advertencia concreta sobre la magnitud de lo que iba a ocurrir, aunque reconoce que durante julio hubo avisos relacionados con el incremento de entradas desde Marruecos.
Es decir, tenemos un Ministerio del Interior cuyo titular sostiene que determinada información extraordinariamente sensible sobre Ceuta no llegó oportunamente hasta él y que, al mismo tiempo, dispone de una Oficina de Comunicación capaz de elaborar un documento de decenas de páginas clasificando periodistas y tertulianos.
¿De verdad nadie comprende lo grotesco de la situación?
Para algunas cosas parece que no sabemos nada.
Para saber qué piensa un periodista, en cambio, afinamos bastante más.
Las preguntas que Marlaska todavía debe contestar
Decir que el documento no tenía «finalidad espuria» no constituye una explicación suficiente.
Es una afirmación.
Y necesitamos explicaciones.
¿Quién ordenó elaborar el documento?
¿Fue iniciativa exclusiva de funcionarios o personal de la Oficina de Comunicación?
¿Conocía Marlaska su existencia?
¿A quién fue entregado?
¿Quién podía consultarlo?
¿Por qué se incluyeron fotografías?
¿Por qué se consideró relevante la adscripción ideológica de los profesionales?
¿Se actualizó posteriormente?
¿Existen documentos similares de otros años?
¿Existen fichas semejantes sobre otros colectivos?
¿Ha servido alguna vez esa clasificación para decidir a qué periodistas se respondía, qué medios recibían información, quién era invitado a determinados actos o cómo se relacionaba el Ministerio con cada profesional?
Y, por encima de todas ellas:
¿Para qué querían saber desde el Ministerio del Interior si un periodista era de izquierdas o de derechas?
No vale responder que para saber qué decía.
Repito: para saber qué dice alguien basta con escucharle.
Para clasificarle ideológicamente hace falta dar un paso adicional.
El problema no es Marlaska: es la concepción del poder
Creo que este episodio trasciende incluso al ministro.
Llevamos demasiado tiempo acostumbrándonos a que desde el poder político se divida a los ciudadanos entre buenos y malos, progresistas y reaccionarios, demócratas y enemigos de la democracia.
El adversario político se transforma en sospechoso.
El periodista incómodo se convierte en activista.
La crítica pasa a denominarse desinformación.
Y quien cuestiona el relato oficial corre el riesgo de ser colocado simbólicamente al otro lado de una frontera moral trazada por quienes gobiernan.
Ese camino es peligrosísimo.
Porque las libertades rara vez desaparecen de golpe. Se deterioran poco a poco, mientras nos acostumbramos a comportamientos que unos años antes nos habrían parecido intolerables.
Hoy nos dicen que es simplemente un «documento interno de trabajo».
Magnífico.
Entonces publíquense todas las explicaciones.
Dígannos quién lo encargó.
Dígannos por qué.
Dígannos quién lo recibió.
Y dígannos para qué servía conocer la ideología de quienes aparecen en él.
Porque un Gobierno democrático no debería temer a periodistas incómodos. Debería temer convertirse en un Gobierno al que le incomoden los periodistas.
Interior tiene cosas bastante más importantes que hacer
España tiene problemas suficientemente graves como para que los recursos, las estructuras y el tiempo del Ministerio del Interior estén destinados a aquello para lo que existe.
Tenemos fronteras que proteger.
Tenemos crimen organizado.
Tenemos narcotráfico.
Tenemos terrorismo y radicalización.
Tenemos mafias dedicadas al tráfico de personas.
Tenemos amenazas contra nuestra seguridad.
Y acabamos de vivir en Ceuta unos acontecimientos cuya verdadera dimensión todavía están intentando esclarecer nuestros tribunales y nuestras fuerzas de seguridad.
¿Y en medio de todo esto una dependencia del Ministerio encuentra necesario confeccionar un dosier ideológico sobre periodistas?
Resulta difícil de aceptar.
El Ministerio del Interior no puede convertirse en el Ministerio de la Verdad, ni su oficina de prensa en una dependencia encargada de determinar quién piensa qué.
No quiero que Interior clasifique periodistas de derechas.
Tampoco quiero que clasifique periodistas de izquierdas.
No quiero que clasifique periodistas.
Punto.
Porque precisamente ahí está la diferencia entre una democracia y esa mentalidad de inspiración estalinista según la cual el poder necesita tener perfectamente identificado al discrepante.
La libertad de prensa no consiste en proteger únicamente a los periodistas que piensan como nosotros. Consiste, especialmente, en proteger el derecho de quienes nos incomodan a seguir incomodándonos.
Por eso las disculpas no bastan.
Y tampoco basta con repetir que no existía una «finalidad espuria».
Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior y políticamente debe responder por aquello que sucede en su departamento.
Así que todavía falta la explicación fundamental.
Una explicación sencilla.
Sin eufemismos.
Sin comunicados.
Sin esconderse detrás de que era un mero documento de trabajo.
Señor Marlaska: mientras España afrontaba amenazas reales contra su seguridad y sus fronteras, su Ministerio elaboraba fichas con periodistas, fotografías y referencias a su orientación política.
¿Quién lo ordenó?
¿Quién lo recibió?
Y, sobre todo:
¿PARA QUÉ QUERÍAN LA LISTA?