Hay una vieja frase atribuida a Groucho Marx que estos días adquiere en España categoría de doctrina gubernamental: «¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?».
¿A quién va usted a creer, al Gobierno o a sus propios ojos?
La opinión de Javier García Isac
Pues eso.
El Gobierno ha decidido desclasificar 40 documentos relacionados con lo sucedido en Ceuta a finales de julio. Lo hace, según pretende explicar, en un ejercicio de transparencia y con la intención de demostrar que nadie podía prever la magnitud de lo que iba a suceder.
Y ocurre algo extraordinario.
Uno empieza a leer los documentos y descubre que dicen prácticamente lo contrario de lo que pretende demostrar el Gobierno.
Es maravilloso.
Si no fuera porque estamos hablando de la seguridad nacional, de nuestras fronteras, de Ceuta y de decenas de miles de personas atravesando la frontera española, hasta tendría gracia.
Pero no la tiene.
Los documentos publicados por el propio Gobierno acreditan que existían avisos. Que se estaban siguiendo las redes sociales. Que había convocatorias. Que el Centro Nacional de Inteligencia conocía movimientos y llamamientos para entrar en Ceuta. Que había grupos en Facebook y WhatsApp con una capacidad de difusión enorme. Que se hablaba expresamente de entrar por la valla y por el mar aprovechando la Fiesta del Trono de Marruecos.
Y sabemos algo todavía más sorprendente: el 29 de julio, apenas un día antes de que se produjera la entrada masiva, el CNI trasladó información a la Delegación del Gobierno en Ceuta, a la Guardia Civil e incluso a los servicios de inteligencia marroquíes.
Pero resulta que no sabían nada.
¿Lo entienden ustedes?
Yo tampoco.
El WhatsApp que no debía de contar
Ahora la explicación gubernamental consiste en decirnos que aquello no fue una alerta suficientemente formal. Que hubo un WhatsApp, sí, pero que no se elevó por la correspondiente cadena de mando.
Ah.
Entonces el problema ya no consiste en que nadie supiera nada.
El problema consiste en que alguien sabía algo y, según la propia versión gubernamental, esa información no llegó donde tenía que llegar o no fue valorada con la gravedad suficiente.
No sé si se dan cuenta de que intentando defenderse están planteando una cuestión todavía más preocupante.
Porque si nuestros servicios de inteligencia detectan grupos que suman alrededor de 180.000 seguidores, encuentran llamamientos para intentar entrar en territorio español por mar y por tierra, conocen incluso la fecha prevista, trasladan esa información a distintos organismos y, aun así, nadie adopta medidas suficientes, alguien tendrá que explicar qué demonios ocurrió.
La cuestión no es si podían saber que iban a ser exactamente 10.000, 30.000 o 70.000.
Ese es el truco.
Nadie está exigiendo al CNI que tenga una bola de cristal.
Lo que estamos preguntando es algo mucho más sencillo: ¿existieron avisos previos de un riesgo serio de entrada masiva en territorio español?
Los documentos desclasificados permiten responder que sí existieron advertencias y comunicaciones previas.
Después podremos discutir su valoración, su intensidad, qué recorrido administrativo tuvieron y si permitían prever las dimensiones finales de los acontecimientos.
Pero decir que no había indicios es ya mucho más difícil.
Porque ahora están escritos.
Y los ha publicado el propio Gobierno.
La distopía española
Este episodio resume perfectamente la España política de nuestros días.
Ya no se trata de ocultar la realidad.
Hemos avanzado una pantalla.
Ahora te enseñan la realidad y después te explican que no significa lo que estás viendo.
Te enseñan un documento donde aparecen convocatorias para entrar en Ceuta y te dicen que nadie podía saber que intentarían entrar en Ceuta.
Te enseñan comunicaciones del CNI y te explican que realmente no eran importantes porque no siguieron determinado procedimiento.
Te muestran que conocían movimientos en las redes sociales y después pretenden convencernos de que aquello no constituía una advertencia suficiente.
¿A quién va usted a creer?
¿Al Gobierno o a sus propios ojos?
Esa es la cuestión.
Nos quieren convencer de que la verdad no está en los hechos, sino en la interpretación oficial de los hechos.
Y eso sí que resulta inquietante.
Porque una democracia empieza a deteriorarse cuando el poder deja de sentirse obligado a explicar la realidad y empieza a exigir a los ciudadanos que acepten su relato aunque contradiga aquello que pueden comprobar.
¿Y Marruecos?
Luego está Marruecos.
Siempre Marruecos.
Los documentos muestran que los servicios españoles comunicaron también a los servicios marroquíes la existencia de estas convocatorias.
Por tanto, Marruecos tampoco podía alegar ignorancia absoluta sobre lo que se estaba preparando en su territorio.
Y aquí aparece nuevamente la pregunta que llevamos semanas haciendo.
¿Qué ocurrió al otro lado de la frontera?
¿Por qué no se impidió la concentración y aproximación de semejante número de personas?
¿Por qué España continúa tratando a Marruecos con una delicadeza extraordinaria mientras cada nueva información abre más interrogantes sobre su actuación?
Algunos informes desclasificados incluso describen pasividad o negligencia de las autoridades marroquíes. Eso no demuestra por sí solo que Rabat organizara deliberadamente la entrada masiva —esa responsabilidad exige pruebas y continúa siendo objeto de controversia—, pero convierte en perfectamente legítimo preguntar qué papel desempeñó Marruecos y por qué el Gobierno español parece tener tanta prisa por descartarlo.
Porque esto también forma parte de la distopía.
Antes de investigar completamente los hechos ya parecen tener preparada la conclusión.
Marruecos no fue.
El Gobierno no sabía.
Nadie podía preverlo.
Y la culpa, como siempre, terminará siendo de cualquiera menos de quienes tenían la obligación de proteger nuestras fronteras.
No sabían, pero había informes
Lo más extraordinario de estos 40 documentos es que estaban destinados a cerrar una polémica y pueden terminar abriendo otra todavía mayor.
Querían demostrar transparencia.
Perfecto.
Bienvenida sea.
Pero la transparencia tiene un inconveniente para quien pretende controlar el relato: permite leer.
Y cuando los españoles leen que había avisos, grupos multitudinarios en redes sociales, convocatorias, comunicaciones del CNI y contactos con los servicios marroquíes, resulta complicado pedirles después que concluyan simplemente que nadie sabía nada.
Podemos aceptar algo diferente.
Podemos aceptar que se infravaloró la amenaza.
Podemos aceptar que los mecanismos de comunicación fallaron.
Podemos aceptar que alguien consideró que aquellos avisos no justificaban una respuesta extraordinaria.
Todo eso podrá investigarse y discutirse.
Pero cualquiera de esas posibilidades conduce nuevamente a la misma pregunta:
¿quién asumirá la responsabilidad?
Porque gobernar consiste precisamente en tomar decisiones cuando existen indicios y amenazas.
Si solamente se puede actuar cuando ya hay decenas de miles de personas atravesando la frontera, entonces no necesitamos servicios de inteligencia. Nos basta una cámara de televisión.
La verdad acaba siendo muy incómoda
Durante demasiado tiempo este Gobierno ha confundido comunicación con realidad.
Cree que un argumentario puede sustituir a los hechos.
Que basta repetir una versión suficientes veces para convertirla en verdad.
Pero Ceuta estaba allí.
Los españoles lo vimos.
Y ahora tenemos también los documentos.
La desclasificación que debía servir para demostrar que el Gobierno no sabía termina acreditando algo mucho más incómodo: había información previa, hubo advertencias y existieron señales que no recibieron una respuesta proporcional a lo que finalmente ocurrió.
Determinar hasta dónde llegaba el conocimiento de cada responsable y qué responsabilidad concreta corresponde a cada uno requerirá investigación.
Pero políticamente existe una pregunta que nadie debería poder esquivar:
¿qué hizo el Gobierno con las advertencias que sí tenía?
Porque ya no hablamos de rumores.
Hablamos de documentos oficiales publicados por La Moncloa.
Quizá por eso estos 40 documentos sean tan importantes.
No porque demuestren exactamente todo lo que afirma la oposición ni porque permitan resolver por sí solos todas las incógnitas sobre Marruecos.
Son importantes porque hacen mucho más difícil sostener que antes del 30 de julio no existían señales relevantes.
El Gobierno quería enseñarnos los papeles.
Ya los hemos visto.
Ahora pretende explicarnos qué debemos ver en ellos.
Y ahí vuelve Groucho Marx.
«¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?».
Yo, de momento, seguiré creyendo a mis ojos.