El bulo infame del sanchismo: difamar a la Guardia Civil para encubrir su corrupción

El sanchismo ha cruzado todas las líneas rojas. En su desesperación por tapar el hedor insoportable de su corrupción, ha decidido acusar, sin pruebas y con bulos burdos, a los únicos que todavía protegen la legalidad en este país: la Guardia Civil y, en particular, a la Unidad Central Operativa (UCO). Lo que estamos viendo no es una estrategia política; es una operación de guerra psicológica desde el poder, digna de una dictadura bolivariana, donde se criminaliza a los que investigan y se blanquea a los verdaderos criminales.

Hace apenas unos días, los sicarios mediáticos del régimen —con “El Plural” como punta de lanza y la altavoz oficial del Gobierno, Silvia Intxaurrondo, desde la televisión pública— lanzaban un bulo tan infame como miserable: que un capitán de la Guardia Civil, Vicente Bonilla, ex miembro de la UCO y actualmente trabajando para la Comunidad de Madrid, había hablado de colocar una bomba lapa a Pedro Sánchez. Lo que no cuentan, y lo que de hecho ocultan de forma deliberada, es que esos audios han sido manipulados, recortados y tergiversados, y que el contexto era exactamente el opuesto: la preocupación porque el entorno de Sánchez pudiera utilizar a sicarios venezolanos para provocar un atentado, crear una falsa bandera y culpar a la oposición.

Sí, han leído bien. Porque aquí los únicos que colocaban bombas lapa eran los socios de Pedro Sánchez: Bildu, los herederos de ETA, esos con los que pacta los presupuestos y la impunidad. No lo decimos nosotros, lo dice la hemeroteca y la sangre vertida en las calles durante décadas.

Es el mundo al revés: los que apoyaban a los que ponían bombas, ahora se atreven a acusar a los que las desactivaban. La Guardia Civil, humillada y perseguida. La UCO, desprestigiada. Y Vicente Bonilla, que ha servido con honor a su país, ahora convertido en cabeza de turco por el simple hecho de trabajar en una administración del Partido Popular.

Los autores de la calumnia no son unos cualquiera. Es el mismísimo gobierno, con su vicepresidente María Jesús Montero y la vocera del mismo gobierno y ministra de educación Pilar Alegria a la cabeza, que deberían saber que en un Estado de Derecho calumniar, acusar falsamente y propagar bulos tiene consecuencias penales. ¿Dónde está la querella de Vicente Bonilla? ¿Dónde está la respuesta de la Comunidad de Madrid? Si algo de dignidad queda en nuestras instituciones, esto no debería saldarse con un simple comunicado de prensa: debe saldarse con querellas, dimisiones y sentencias.

Porque lo que el Gobierno está haciendo no es sólo calumniar. Es intentar justificar la represión futura. Es preparar el terreno para la censura total, para la “ley contra los bulos”, que no se aplicará a quienes lanzan falsedades desde la Moncloa, sino a quienes las desmontamos desde la calle, los medios libres y las redes.

Silvia Intxaurrondo, esa presentadora convertida en inquisidora, no pregunta: sentencia. Desde un plató pagado con dinero de todos los españoles, no se limita a informar: impone el relato oficial. El mismo que blanquea a Begoña Gómez, que calla sobre Koldo, que oculta la relación de Santos Cerdán con tramas opacas y que convierte a los fiscales y a la UCO en enemigos del régimen.

Este es el nivel de la televisión pública: la misma que señala a periodistas incómodos, la que censura documentales como Lo que nos ocultaron, la que actúa como altavoz del poder mientras se persigue a los medios independientes.

La sociedad española debe abrir los ojos: lo que está en juego no es solo un gobierno. Es la libertad. Es la verdad. Es la posibilidad misma de que alguien investigue al poder sin acabar linchado por las terminales mediáticas de Ferraz.

Estamos ante un Estado que se blinda no con justicia, sino con mentiras. Un Gobierno que acusa para no ser acusado. Que siembra el odio para cosechar la represión. Que convierte a los que llevan uniforme en enemigos del Estado, mientras reparte abrazos y privilegios a quienes no han pedido perdón ni por un solo asesinato de ETA.

Y mientras tanto, los medios de comunicación comprados, los que viven del BOE, siguen su función: distraer, manipular y repetir como papagayos las consignas que salen de Moncloa. En lugar de investigar la corrupción, se dedican a señalar a quienes la denuncian. En lugar de cuestionar a los poderosos, arremeten contra los servidores públicos que aún cumplen con su deber.

No basta con dimitir. Esta vez no. Aquí tiene que hablar la Justicia, y no la justicia domesticada que blinda a Sánchez, sino la que aún tiene algo de decencia. Vicente Bonilla debe querellarse, y todos los implicados en este bulo deben sentarse en el banquillo, bien escoltados por esa Guardia Civil a la que tanto desprecian, pero que sigue siendo, pese a todo, garante del orden constitucional.

Se acabó el silencio. Se acabó el miedo. España no puede permitirse más tiempo bajo el yugo de un gobierno que actúa como una mafia, que lanza bulos como estrategia de Estado, y que pone en riesgo la paz social para proteger su red de corrupción.