El actual gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha perdido definitivamente el rumbo democrático, entregándose a la deriva autoritaria más radical que hemos conocido desde la llegada de la democracia a España. En su obsesión enfermiza por imponer una única versión histórica, el Ejecutivo está preparando una reforma legislativa destinada a otorgarse la potestad para disolver cualquier asociación que, según sus criterios arbitrarios y subjetivos, considere franquista o simplemente incómoda.
No estamos ante una defensa legítima de la memoria histórica, sino ante una ofensiva totalitaria para criminalizar y silenciar a todo aquel que ose cuestionar el relato oficial impuesto desde Moncloa. El objetivo es evidente: construir una sociedad uniformizada, sometida al pensamiento único y carente de toda disidencia ideológica.
