El actual gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha perdido definitivamente el rumbo democrático, entregándose a la deriva autoritaria más radical que hemos conocido desde la llegada de la democracia a España. En su obsesión enfermiza por imponer una única versión histórica, el Ejecutivo está preparando una reforma legislativa destinada a otorgarse la potestad para disolver cualquier asociación que, según sus criterios arbitrarios y subjetivos, considere franquista o simplemente incómoda.
No estamos ante una defensa legítima de la memoria histórica, sino ante una ofensiva totalitaria para criminalizar y silenciar a todo aquel que ose cuestionar el relato oficial impuesto desde Moncloa. El objetivo es evidente: construir una sociedad uniformizada, sometida al pensamiento único y carente de toda disidencia ideológica.
Esta locura alcanza cotas intolerables cuando la Fiscalía de Cantabria se convierte en el brazo ejecutor del gobierno, dando un ultimátum para que Santander cambie inmediatamente el nombre de 18 calles consideradas "franquistas" y elimine monumentos históricos. No es memoria democrática, es revanchismo sectario y puro totalitarismo. Pretenden borrar cualquier vestigio histórico que no encaje en su visión manipulada del pasado.
Lo más escandaloso, sin embargo, llega cuando descubrimos que Bildu, los herederos políticos directos de la banda terrorista ETA, serán los encargados de dirigir una supuesta "comisión de la verdad" sobre torturas ocurridas durante el franquismo y la transición. ¿De verdad permitiremos que quienes nunca han condenado plenamente los asesinatos, secuestros y extorsiones, quienes hoy homenajean a los criminales de ETA, sean los encargados de decidir qué es verdad y qué no? Esto supone una afrenta intolerable, una humillación hacia las víctimas y una burla a la democracia española.
España atraviesa una crisis sin precedentes, no sólo política, sino moral e histórica. La libertad de asociación, la pluralidad ideológica y el respeto a la verdad histórica están siendo aplastados por un gobierno que no duda en aliarse con quienes han causado tanto dolor y sufrimiento a nuestro país.
No podemos permanecer indiferentes ante esta deriva liberticida y destructora de nuestra identidad nacional. Es hora de alzar la voz, defender nuestra libertad, nuestra verdad y nuestra historia. España merece respeto y no podemos permitir que sea entregada en bandeja a quienes tanto daño le han hecho.
La libertad de pensamiento está en peligro desde el momento en que nos obligan a pensar como ellos quieren. Actuemos antes de que sea demasiado tarde.
