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Foto de María Sevilla

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¿Quién es María Sevilla y su polémica con Pam?

Ángela Rodríguez 'Pam', ex secretaria de Estado de Igualdad, fue condenada por un delito contra el honor


María Sevilla, quien fuera presidenta de la asociación Infancia Libre. Ingresó voluntariamente en prisión el 21 de febrero 2022 para cumplir una pena de dos años y cuatro meses por sustracción de menores. Este caso saltó a la luz cuando Sevilla permaneció más de un año en paradero desconocido con su hijo mayor. Tras la decisión de un juzgado de cambiar la custodia del menor a favor del padre, denunciado por presunto abuso sexual.

En mayo del mismo año, el Gobierno concedió un indulto parcial a Sevilla. Donde redujo su pena de prisión en cuatro meses y conmutando la prohibición de ejercer la patria potestad por 180 días de trabajos comunitarios. A pesar de la oposición de la acusación particular, la jueza rechazó las peticiones adicionales, recordando el régimen de visitas con su hijo y su proceso de rehabilitación en prisión.

Ángela Rodríguez 'Pam', ex secretaria de Estado de Igualdad, fue condenada por un delito contra el honor

En otro giro del caso, Ángela Rodríguez 'Pam', ex secretaria de Estado de Igualdad, fue condenada por un delito contra el honor de Rafael Marcos, expareja de María Sevilla. Rodríguez la acusó de maltratador y de abuso sexual al hijo que ambos compartían, acusaciones que carecían de evidencia y que la justicia rechazó.

Esta sentencia se suma a la condena previa de Rodríguez 'Pam' por intromisión ilegítima en el honor de Marcos. Este último ha enfrentado una serie de acusaciones infundadas relacionadas con la custodia de su hijo y los presuntos abusos sexuales. Las cuales han sido desestimadas por la justicia en múltiples ocasiones.

El caso de María Sevilla y las acusaciones infundadas contra Marcos ponen de relieve la importancia de la integridad. La justicia en los asuntos relacionados con la custodia y el bienestar de los menores. La situación, marcada por denuncias cruzadas y conflictos personales. Resalta la necesidad de un sistema judicial justo y equitativo para proteger los derechos de todos los involucrados, especialmente los más vulnerables, como los niños.

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