La controversia tiene su origen en las denuncias de cinco usuarios de redes sociales
La situación que rodea a la Policía Local de Llançà continúa generando debate en el municipio y suma nuevos testimonios que amplían el foco de la polémica. A las denuncias realizadas por varios usuarios de redes sociales, que aseguran haber recibido mensajes privados tras publicar comentarios críticos relacionados con el jefe del cuerpo, Òscar Soler Bosch, se añaden ahora las manifestaciones de distintos agentes policiales, que expresan su preocupación por el clima interno que, según sostienen, existe dentro de la plantilla.
Las fuentes policiales, pertenecientes a diferentes cuerpos, coinciden en cuestionar el modelo de dirección que, según afirman, se habría implantado en la Policía Local de Llançà. Uno de los agentes consultados resume así su opinión: «Es una pena que en la Policía haya gente así. Este personaje no representa a la Policía Local». Estas declaraciones constituyen testimonios periodísticos y reflejan la percepción de las fuentes consultadas, sin que supongan, por sí mismas, conclusiones administrativas o judiciales.
La controversia tiene su origen en las denuncias de cinco usuarios de redes sociales —tres de Instagram y dos de Facebook— que afirman haber recibido comunicaciones privadas después de publicar opiniones críticas sobre la gestión de Òscar Soler, la Policía Local o distintos asuntos relacionados con el municipio.
Según el relato de estos usuarios, los mensajes mantenían un contenido muy similar. En ellos, explican, el remitente se identificaba como jefe de la Policía Local de Llançà, solicitaba la retirada de las publicaciones y advertía de la posibilidad de emprender acciones legales. Los afectados también aseguran que en esas comunicaciones se hacía referencia al gabinete jurídico SICPOL.
Los denunciantes consideran que el contenido de los mensajes y la referencia expresa al cargo policial les generó una sensación de presión para eliminar sus comentarios. La cuestión ha abierto un debate sobre los límites entre el derecho de cualquier ciudadano a proteger su honor y el uso de la condición de responsable de un cuerpo policial al responder a críticas relacionadas con el ejercicio de un cargo público.
A esta situación se sumó posteriormente un comunicado difundido a través de los perfiles oficiales de la Policía Local de Llançà. En ese texto se reclamaba la rectificación de determinadas informaciones, se anunciaba la posibilidad de acudir a la vía civil y penal y se advertía de que podrían solicitarse medidas judiciales para identificar determinados perfiles en redes sociales.
La utilización de canales institucionales para responder a una controversia que afecta personalmente al jefe del cuerpo también generó críticas entre vecinos y usuarios, que cuestionaron la conveniencia de utilizar medios oficiales para abordar un asunto de carácter personal.
Mientras tanto, la situación interna de la Policía Local sigue siendo objeto de debate político. La documentación municipal solicitada por ERC recoge que durante 2024 y 2025 el cuerpo registró al menos 21 bajas, ceses, renuncias o finalizaciones de nombramientos. La formación puso estos datos sobre la mesa durante el debate sobre la creación de una unidad canina destinada a la prevención y detección del tráfico de drogas.
Aunque la propuesta fue aprobada, ERC defendió que la prioridad debía centrarse en cubrir las plazas vacantes y reforzar la estabilidad de la plantilla. Su portavoz, Guillem Cusí, advirtió entonces del coste que supone formar nuevos agentes para que posteriormente abandonen el cuerpo.
Estas cifras contrastan con algunos de los objetivos que la propia Policía Local recoge en la información institucional del Ayuntamiento, donde se apuesta por consolidar una plantilla estable, reforzar la proximidad con los vecinos y mejorar la atención ciudadana.
La gestión del cuerpo depende del Gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Núria Escarpanter, de Junts, que gobierna en coalición con el PSC. La Concejalía de Seguridad Ciudadana está dirigida por Josep Ortiz de Zárate, conocido como Pep Ortiz, a quien el Ayuntamiento atribuye las competencias políticas sobre este servicio.
Al margen de esta polémica, algunos comerciantes del municipio vienen expresando su preocupación por la atención recibida al intentar presentar denuncias. Según explican varios afectados, en determinadas ocasiones han sido derivados a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Figueres al no poder formalizar la denuncia en dependencias de la Policía Local. Aseguran que esta circunstancia provoca que algunos pequeños hurtos finalmente no lleguen a denunciarse.
También se han conocido quejas vecinales relacionadas con actuaciones policiales tras avisos por una presunta venta de alcohol durante la madrugada, si bien no consta públicamente el resultado de esas intervenciones.
