Hoy hace 45 años, el 20 de julio de 1981, el Boletín Oficial del Estado amaneció con las firmas que certificaban la Ley del Divorcio. España, que aún arrastraba el cansancio de la Transición, abría una puerta que la modernidad exigía. Los legisladores de la Unión de Centro Democrático, hombres de orden, de leyes y de una elegancia hoy inexistente, no buscaban la finalización programada de la familia, sino la gestión coherente del fracaso del amor. Se asumía que dos adultos, tras agotar el afecto, debían tener el derecho a pactar la distancia con la misma dignidad con la que un día decidieron la cercanía. Aquello era una vía comarcal: estrecha, con pendientes, pensada para que el desamor no degenerase en un infierno y para que dos personas maduras coordinasen con sensatez sus bienes y las responsabilidades sobre sus hijos. Nadie en aquel hemiciclo, ni el más pesimista de los procuradores, pudo vislumbrar que estaban pavimentando el primer tramo de una industria de despropósito civil.
La distancia que separa la intención original de aquel verano del lodo actual no es un accidente natural; es el resultado de una colonización ideológica planificada posteriormente y muy vilmente ejecutada. Lo que nació como una herramienta de ayuda social, destinada a devolver la paz y la autonomía a las personas en momentos donde la salud mental exigía una separación, fue intervenido por una burocracia que vive, precisamente, de que la paz sea un escenario imposible. El progresismo posterior no buscaba perfeccionar el derecho de familia ni proteger a los menores de la hostilidad conyugal. Su objetivo real, diseñado con saña por mentes que en la Transición ni siquiera habían sido gestadas, era introducir el resentimiento y la sospecha hasta en las comas del articulado, logrando que el final de un proyecto común ya no sea un drama íntimo que resolver con equidad, sino un mercado de adjudicaciones asimétricas donde se destruye a la familia bajo el amparo de una norma morada.
El balance material de esta mutación se mide hoy en las ruinas de las clases medias. Cualquier lector honesto, despojado de carnés de partido, ve con horror la paradoja de cómo el patrimonio levantado durante años de esfuerzo conjunto pasa a ser confiscado de facto en beneficio de una sola de las partes. El sistema ampara situaciones de una crueldad intolerable, permitiendo que el antiguo hogar familiar albergue a la nueva pareja del progenitor custodio, mientras el pagador original es desterrado a la precariedad de una habitación de alquiler en el extrarradio o al regreso a la cama de 90 en la habitación de su infancia en casa de sus padres. Todo esto mientras sigue obligado a sufragar la hipoteca del inmueble expropiado. Las pensiones de alimentos, cuyo sentido es incuestionable reside en el sustento y desarrollo de los hijos, pero se transforman con demasiada frecuencia en un subsidio de emancipación encubierto que sirve para mantener al cónyuge custodio sin dar palo al agua, desincentivando su inserción laboral y perpetuando una dependencia económica que el propio sistema judicial bendice. Romper la baraja se ha convertido en un negocio extraordinariamente rentable para un bando y en una condena a perpetuidad para el otro.
Este engranaje, no salva a las mujeres; las condena a otra forma de desamparo. La norma no busca la autonomía de la madre, sino cronificar el conflicto para justificar su propia existencia. Al incentivar la denuncia y el litigio perpetuo, el sistema atrapa a miles de mujeres en una espiral de dependencia institucional que destruye cualquier posibilidad de copaternidad sana. Se las utiliza como ariete político, condenándolas a ellas y a sus hijos a vivir en un escenario de hostilidad permanente, donde la figura paterna es borrada por decreto. Al final, la maquinaria del resentimiento también las instrumentaliza a ellas, convirtiendo su tranquilidad familiar en el combustible necesario para seguir facturando.
El verdadero coste de esta cuestión no se calcula en las cuentas bancarias, sino en las morgues. Existe una contabilidad siniestra que se despacha en silencio, una cifra negra que nunca abre telediarios ni genera minutos de silencio institucionales: Según el Instituto Nacional de Estadística, alrededor de tres de cada cuatro suicidios consumados en España corresponden a hombres. Casi tres mil hombres que cada año deciden poner fin a su vida en España. No hay banderas a media asta para ellos, ni declaraciones ministeriales, ni partidas presupuestarias millonarias destinadas a comprender las causas de su desesperación. Son las víctimas invisibles de un engranaje que los despoja de su patrimonio, los aísla de sus hijos mediante la instrumentalización de la norma y los condena a una soledad y una asfixia financiera insoportables. Cuando la ley pierde su función arbitral, abdica de la equidad y se transforma en un rodillo punitivo. El hombre no solo pierde sus bienes materiales; pierde la fe en el propio pacto social y prefiere el abismo antes que la indefensión permanente ante el Estado.
Para lograr esta tormenta perfecta, el feminismo no necesitó reformar la vieja vía civil de 1981; le bastó con levantar una vía paralela de alta velocidad. La Ley Integral de Violencia de Género opera hoy como una autopista de peaje que termina por absorber todo el tráfico del conflicto familiar hacia sus propios juzgados especiales. Quien le iba a decir a los legisladores de la Transición que al lado de la carretera comarcal que ellos construyeron con cautela, se instalaría años después una vía rápida de peaje ideológico que desvía el flujo rodado hacia el mismo punto, pero sin los sobresaltos de la carga de la prueba para uno de los cónyuges y en un tiempo récord. Ya no hace falta transitar por los juzgados ordinarios de familia, donde todavía se exige la evidencia, se respeta la presunción de inocencia y se pondera con calma la realidad de cada casa. Ahora basta con accionar la palanca de la denuncia estratégica en comisaría para entrar en el carril rápido, aquel que garantiza cautelares automáticas que desalojan al padre, suspenden el régimen de visitas y vacían las cuentas antes de que un juez haya escuchado la otra versión de la historia.
El lector biempensante e inocente (que todavía quedan) dirá que las leyes excepcionales existen para proteger al vulnerable. Y es una verdad a medias que esconde una trampa monumental. Proteger al débil y perseguir el abuso es una obligación moral de cualquier sociedad civilizada; pero la asimetría penal y penalización biológica como herramientas legítimas de negociación conyugal es una perversión totalitaria. Los legisladores de 1981 creían en la buena fe de los ciudadanos y en la capacidad de los adultos para gestionar sus rupturas con dolor, pero con decencia, salvaguardando la salud mental de los implicados. Los gestores del presente, por el contrario, han descubierto que el conflicto es un negocio político inmejorable que alimenta observatorios, juzgados excepcionales y estructuras clientelares que facturan gracias al dolor de familias destrozadas.
La decadencia de nuestro sistema no está en la existencia del divorcio, que muchas veces es la única salida razonable ante el colapso de la convivencia. La tragedia radica en haber permitido que los idearios del resentimiento metan sus odios en el código civil, transformando lo que debió ser una dolorosa solución privada en una maquinaria de demolición. Al romper el equilibrio jurídico en el ámbito más íntimo del ser humano, el Estado no ha liberado a nadie; simplemente ha dejado al individuo desarmado ante la arbitrariedad de la burocracia.
La paradoja es que aquella modesta vía comarcal de 1981, diseñada para transitar el desamor con prudencia, ha quedado sepultada bajo el asfalto de esta nueva autopista de peaje ideológico. Quienes levantaron la primera nunca imaginaron que la segunda terminaría por absorber todo el tráfico, ofreciendo a una de las partes un viaje exprés y sin radares hacia la liquidación del otro. La tragedia no es que hayamos aprendido a separarnos; la tragedia es constatar que la distancia más corta entre dos personas que un día se quisieron es una carretera diseñada para que solo uno de los dos sobreviva al viaje.
