La Policía Nacional mantiene abiertas numerosas investigaciones para tratar de localizar e identificar a más de una docena de presuntos agresores sexuales relacionados con los delitos denunciados después de la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta a finales de julio. Las pesquisas están en manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y se apoyan, principalmente, en los testimonios aportados por las víctimas, según fuentes policiales citadas por ABC.
El último balance de la Fiscalía General del Estado ha elevado ya a 23 las agresiones sexuales registradas durante la crisis migratoria. Nueve de las víctimas son menores de edad, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, mientras que cinco de los casos investigados corresponden a agresiones sexuales con penetración.
Hasta ahora, los investigadores han identificado a ocho presuntos autores: cuatro marroquíes, tres españoles y un ciudadano belga. Sin embargo, buena parte de los episodios continúa sin esclarecer. Las fuentes policiales consultadas apuntan además a que todavía quedan denuncias por contabilizar y detenciones efectuadas prácticamente en el momento de los hechos que deben incorporarse al balance global.
La Policía Nacional investiga más de dos decenas de denuncias por agresión sexual de mujeres
Casos difíciles de resolver y víctimas que no denuncian
Uno de los principales obstáculos para la Policía está en las circunstancias en las que se produjeron algunas de las agresiones. Varios ataques habrían ocurrido durante la noche y en situaciones en las que las víctimas apenas pudieron observar a sus agresores o aportar datos suficientes para facilitar su identificación.
La información publicada por ABC señala incluso que los agentes han detectado casos en los que un mismo individuo estaría relacionado con agresiones a varias de las menores que llegaron a la ciudad autónoma durante aquellos días.
A ello se suma el problema de la infradenuncia. La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoció este lunes en el Congreso que en escenarios de emergencia como el vivido en Ceuta existe riesgo de que algunas víctimas no comuniquen las agresiones sufridas.
Las cifras aportadas por Redondo durante su comparecencia, sin embargo, quedaron por debajo del último balance de la Fiscalía. La ministra habló de 21 agresiones sexuales, cinco de ellas con penetración, y aseguró que cinco presuntos agresores estaban siendo investigados: dos magrebíes que habían sido expulsados, dos españoles y un ciudadano europeo. Ese mismo lunes, el Ministerio Público elevó posteriormente el recuento hasta los 23 casos y ocho presuntos autores identificados.
El incremento ha sido rápido. Apenas cuatro días antes, durante su visita a Ceuta, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, había informado de 16 agresiones sexuales y 17 víctimas. Peramato advirtió entonces de la “especial vulnerabilidad” de las menores migrantes y confirmó también un aumento de los delitos contra el patrimonio, así como de los atentados y la resistencia a agentes de la autoridad.
Un mes después de la entrada masiva, las agresiones sexuales se consolidan así como una de las derivadas más graves de la crisis que continúa condicionando la seguridad y la actividad policial en Ceuta.
