La futura ley también endurecerá las medidas cuando el índice de riesgo diario de incendio forestal alcance los niveles muy alto
Galicia prepara una nueva Ley de lucha contra los incendios forestales que permitirá duplicar las distancias de gestión de biomasa en determinadas zonas estratégicas cuando exista un especial peligro por el comportamiento del fuego.
El anteproyecto, analizado este lunes por el Consello da Xunta, introduce además restricciones automáticas cuando el riesgo de incendio sea muy alto o extremo y refuerza las herramientas disponibles para proteger a la población y las infraestructuras.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido la necesidad de renovar una legislación que «tiene casi 20 años» para adaptarla tanto a los nuevos tipos de incendios como a los avances registrados en prevención y extinción.
Uno de los principales cambios será abandonar un sistema prácticamente uniforme en toda Galicia. La nueva normativa permitirá aplicar medidas diferentes en función del nivel de riesgo, las características del terreno, la vulnerabilidad de cada zona y el comportamiento previsto del fuego.
Entre las novedades figura la posibilidad de ampliar hasta el doble las distancias de gestión de biomasa en puntos considerados estratégicos. La medida podrá afectar tanto a las franjas vinculadas a infraestructuras, como carreteras o líneas eléctricas, como a las destinadas a proteger núcleos de población y edificaciones.
La futura ley también endurecerá las medidas cuando el índice de riesgo diario de incendio forestal alcance los niveles muy alto o extremo. En esos casos quedarán suspendidas automáticamente las autorizaciones de quema y se prohibirá el fuego en las áreas recreativas.
También se reforzará la revocación de los permisos para lanzar artefactos pirotécnicos y se limitará entre las 12:00 y las 18:00 horas el uso de maquinaria que pueda generar chispas. Habrá excepciones cuando los trabajos cuenten con vigilancia específica y un vehículo equipado con al menos 400 litros de agua y medios de extinción.
El texto amplía además la capacidad de actuación sobre el terreno de los agentes forestales, ambientales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ante una situación de peligro inminente podrán ordenar verbalmente medidas de ejecución inmediata, como desalojar un área recreativa o cerrar un camino, sin tener que esperar a completar previamente los trámites administrativos.
La reforma incorpora también el concepto de interfaz urbano-forestal, referido a aquellas zonas urbanas, rurales o urbanizables con vegetación que lindan con el monte. En estos espacios, los criterios de gestión de biomasa y retirada de determinadas especies pasarán a aplicarse directamente.
La Xunta pretende además impulsar los denominados paisajes mosaico y los paisajes cortafuegos. El objetivo es generar discontinuidades en la vegetación que dificulten el avance de grandes incendios mediante actividades agroganaderas, gestión forestal y plantaciones de frondosas autóctonas.
El futuro mapa de riesgo de incendios tendrá un papel central en este nuevo modelo. Tendrá en cuenta factores como los fuegos registrados anteriormente, las condiciones meteorológicas, la topografía, la distribución del combustible vegetal y la vulnerabilidad de las zonas expuestas.
Otra de las novedades afecta a los recursos utilizados durante las labores de extinción. La red de puntos de agua será considerada infraestructura de seguridad estratégica y deberá garantizarse su acceso a los servicios de emergencia.
Los ayuntamientos tendrán que disponer de tomas compatibles en sus redes municipales y el agua almacenada en estos puntos no podrá destinarse a usos diferentes de la extinción de incendios.
Asimismo, quedarán prohibidas las construcciones y plantaciones en un radio de 50 metros alrededor de los puestos de vigilancia.
Las nuevas instalaciones industriales y gasolineras situadas en terrenos agroforestales o en zonas de interfaz urbano-forestal también deberán contar con una red perimetral de hidrantes y tomas de agua homologadas. Incumplir esta obligación podrá ser considerado una infracción muy grave.
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha asegurado que la futura norma supondrá «un antes y un después» y permitirá avanzar hacia una gestión integral del territorio.
El anteproyecto será remitido ahora al Consello Forestal de Galicia antes de continuar su tramitación. La intención del Ejecutivo autonómico es llevar la nueva normativa al Parlamento gallego «lo antes posible».
