El Gobierno de Pedro Sánchez manejaba desde hace tiempo una cifra muy superior a la trasladada públicamente sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales. Mientras el debate político situaba el foco en torno a 500.000 beneficiarios, documentos oficiales apuntan a que el Ejecutivo ya calculaba alrededor de 750.000 solicitudes.
Así aparece reflejado en un encargo de la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a Tragsatec, filial pública de Tragsa. El contrato tenía como objetivo reforzar los servicios de apoyo para la tramitación de autorizaciones de residencia dentro del nuevo proceso impulsado por Moncloa.
En ese acuerdo se menciona expresamente la previsión de unas 750.000 solicitudes, una cifra que supera ampliamente la difundida hasta ahora. El dato evidencia que el Gobierno trabajaba internamente con escenarios mucho más elevados mientras públicamente se mantenía otra estimación.
La referencia se incluye en relación con la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, conocida como UTEX, adscrita a la Dirección General de Migraciones. Este organismo desempeña un papel esencial en la regularización, aunque el propio Ejecutivo reconoce que no puede asumir por sí solo toda la carga administrativa prevista.
Según se recoge en la documentación oficial, el “volumen de trabajo sigue siendo muy elevado” y dificulta dedicar tiempo a reformas profundas en los procedimientos, así como a la implantación de mejoras internas. Ese colapso es uno de los argumentos utilizados para justificar la contratación externa de Tragsatec.
El texto señala literalmente que, “en el marco del proyecto de regularización extraordinaria, se estima la presentación de aproximadamente 750.000 solicitudes”, cuya tramitación corresponde a la UTEX conforme al Real Decreto 316/2026, aprobado el pasado 14 de abril.
