La medida de Sánchez que favorecerá a los inmigrantes para que voten en las generales

El elevado número de solicitudes y concesiones derivadas de la denominada «Ley de nietos» podría tener efectos más allá del ámbito administrativo, especialmente en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero. En las elecciones generales de 2023, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ya superaba los 2,28 millones de inscritos, y el aumento de nuevos ciudadanos podría ampliar aún más esta cifra. Aun así, la participación en este grupo se mantiene históricamente baja, en torno al 8%.

Uno de los rasgos más destacados del proceso es el origen de los solicitantes. La inmensa mayoría procede de países de Iberoamérica, que concentran más del 96% de las nacionalidades concedidas hasta ahora. Dentro de este grupo, Argentina ocupa el primer lugar con más de 233.000 concesiones, seguida por Cuba, México y Chile. Además, quienes han solicitado la nacionalidad presentan perfiles muy diversos, incluyendo tanto adultos como menores de edad.

En cuanto a la evolución de los expedientes, hasta finales de febrero se habían resuelto algo más de medio millón de casos. De los 538.329 tramitados, únicamente 7.032 fueron rechazados, frente a más de 531.000 aprobaciones. Este desequilibrio refleja una tasa de éxito cercana al 98%, notablemente alta en comparación con otros procedimientos administrativos. Si esta proporción se mantiene, el número total de nuevos ciudadanos españoles podría sobrepasar los 2,5 millones cuando se complete la revisión de todas las solicitudes.

Para poder atender este volumen sin precedentes, la administración ha tenido que apoyarse tanto en la tramitación presencial como en la digital. Aproximadamente 1,17 millones de solicitudes se gestionaron de forma física, mientras que cerca de 1,39 millones se canalizaron por vía telemática, lo que exigió reforzar los recursos en consulados y registros.

Todo este proceso se enmarca en una medida legal cuyo plazo de solicitud finalizó el 22 de octubre de 2025, tras haber sido ampliado previamente. Desde su puesta en marcha, ha permitido registrar más de 2,5 millones de peticiones de nacionalidad por parte de descendientes de exiliados y otros colectivos contemplados en la norma, convirtiéndose en uno de los mayores procesos de acceso a la ciudadanía en la España reciente, según datos publicados por ABC.